El Gobierno ya trabaja en varios planes para que las pensiones no suban con el IPC, disparado por la crisis

El caso es que el año pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez articuló en dos tandas -entre julio y diciembre- la reforma de las pensiones. Y las voces que, entonces, le advirtieron de que era "una locura" indexar las pensiones al IPC "sin ningún factor corrector", hoy lamentan tener razón.

Quizás el propio José Luis Escrivá también esté sufriendo por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, que él mismo impulsó. Porque ya ha recibido el encargo de Moncloa para "trabajar diferentes opciones" que eviten un escenario que asusta en Presidencia y en el equipo económico.

Así lo confirman fuentes cercanas al presidente Sánchez, consultadas por este periódico, a la vista de que la inflación cerró febrero en el 7,6% interanual. Y de que el gobernador del BdE, Pablo Hernández de Cos, advirtió este martes de que espera para marzo un dato "particularmente negativo, un repunte de la inflación muy significativo".

Fuentes del ministerio de Escrivá han reaccionado este miércoles tras leer esta información y desmienten que "haya recibido ese encargo concreto". El martes, al habla con este periódico negaban el problema y se limitaban a repetir que "la ley es la ley y se cumplirá".

Lo cierto es que éste es un asunto del que no se quiere hablar públicamente en el entorno del Gobierno. Y que, al habla con una portavoz del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la versión oficial es de que "la ley es la ley, y se cumplirá haya la inflación que haya".

Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo. Efe

Porque la ley dice, en su artículo 58.2 que estas prestaciones "se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior".

Pero las fuentes del entorno de Moncloa admiten que, si las previsiones se mantienen tan catastróficas, por los efectos de la guerra en Ucrania y el "margen fiscal" sigue siendo escaso, "las pensiones no pueden subir un 7%", explican, "eso es imposible". De ahí el encargo a Escrivá para que elabore "distintos escenarios" para buscar una solución.

175.000 millones

Esa cifra del 7% de inflación media es el escenario con el que trabaja en este momento el equipo económico del Gobierno. Es consistente con la última estimación del Departamento de Análisis de Bankinter, que el pasado viernes auguró un 6,9% de IPC medio para este año 2022. Con ese cálculo, el gasto en pensiones subiría en unos 19.500 millones de euros... otros 1,5 puntos del PIB... un 50% más que lo que Sánchez prevé subir el gasto en Defensa.

Según los datos oficiales, ofrecidos por el propio Ejecutivo el año pasado, el gasto anual en pensiones alcanzó en 2021 el 12% del Producto Interior Bruto (PIB). Es decir, alrededor de 156.000 millones de euros. Si el IPC medio del año acaba siendo a finales de noviembre -que es cuando se calcula- del 7%, la revalorización de las pensiones aumentaría su monto en 12.480 millones para el año que viene.

Pero a esta cifra habría que añadirle una "paguilla" de actualización que, en este caso, sería enorme. La subida de este curso se ha hecho con la estimación de un IPC "demasiado optimista" del 2,5%. La valoración es de Elvira Rodríguez, secretaria de Política Sectorial y portavoz económica del PP. Los 4,5 puntos de desviación significarían un gasto extra, en enero del año que viene, de otros 7.020 millones.

Y así -con unos cálculos que no incluyen ninguna subida del PIB ni de la población beneficiaria de cero, es decir, conservadores-, la suma total de la broma saldría a las cuentas de la Seguridad Social por 175.000 millones de euros.

PP: "Orden de Bruselas"

"Y eso es insostenible", añade Rodríguez. "Va a ser un desastre al que el propio Gobierno se condenó al derogar el factor de sostenibilidad" de la reforma de 2013.

Elvira Rodríguez, vicesecretaria de Política Sectorial del PP. EP

La exministra popular cree que Sánchez se está viendo obligado a buscar soluciones "porque desde Bruselas le han tenido que llamar la atención" ante el desajuste de las cuentas.

"Nosotros sabemos que le costó que le aceptaran la reforma del año pasado, para indexar las pensiones al IPC", añade. Y que, dadas las circunstancias, es imposible que la Comisión Europea, al revisar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Recuperación, le dé el visto bueno a gastar 1,5 puntos más de PIB en pensiones.

"Cuando el país se empobrece por inflación importada, que es el caso", explica la exministra popular, "el Gobierno sólo puede decidir quién lo paga, quién se empobrece".

En este análisis, Sánchez debe optar por que sea el Estado el que se haga cargo -"pero es recortes, que no quiere, o más déficit, que no le dejan"-, por que sean las empresas -"y ya ha amenazado con subir aún más el impuesto de Sociedades"-, o por que sean los particulares, "y eso es el pacto de rentas que propone".

Cs: "Sistema insolidario"

Es decir, que las empresas renuncien a parte de su margen de beneficios, y los sueldos no suban más del 2% -que es lo que desea Calviño de la negociación colectiva entre patronales y sindicatos... aunque con poca esperanza-. Pero eso comporta una consiguiente pérdida de poder adquisitivo que, María Muñoz, portavoz económica de Ciudadanos, reclama "que sea para todos".

María Muñoz, diputada de Ciudadanos , junto a Inés Arrimadas, presidenta del partido. Efe Efe

En conversación con este periódico, la diputada liberal explica que una medida necesaria sería "la deflactación de las tarifas del IRPF", que liberaría dinero para los ciudadanos "y amortiguaría los efectos de la inflación". Pero también buscar un modo de que "los jóvenes no queden atrapados en un sistema insolidario" en el que "sus trabajos mal pagados financien unas pensiones disparadas".

El partido de Inés Arrimadas plantea dos propuestas principales: que la revalorización sea en base a un IPC específico de pensionistas y no el general, porque los pensionistas no tienen patrones de consumo iguales que el resto y su coste de la vida no aumenta necesariamente igual. Por ejemplo, el peso de las gasolinas en su cesta de la compra es más bajo y les afecta relativamente menos el aumento del coste del combustible.

La segunda, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que ideó Ciudadanos, consistente en que la revalorización de las pensiones no podía ser mayor al incremento de los salarios de los jóvenes. En este contexto, concluye Muñoz, "si se pacta una contención salarial con alzas del 2%, este sería también el límite máximo que podrían aumentar las pensiones".