La Comisión Europea tiene serias dudas respecto de la propuesta española y portuguesa para topar los precios del gas. No sabe quién pagaría, y tiene miedo de que haya contagios directos e indirectos. Es decir, que de inicio Francia se vea influida por los bajos precios energéticos al sur de los Pirineos y que, después, otros países de la Unión "reclamen su propia excepción".
Sobre todo, en el caso de que "se decrete el embargo total sobre el gas ruso", ya que hay naciones -más allá de Alemania, Austria o Países Bajos- que dependen prácticamente al 100% de Moscú como proveedor, como Eslovaquia, Bulgaria o Rumanía.
El pasado 31 de marzo, los Gobiernos de Madrid y Lisboa llevaron a Bruselas un plan para fijar en 30 euros el MWh de esta fuente de energía para la producción de electricidad. Un precio de referencia unas 10 veces menor del que se ha llegado a pagar de media en los últimos tres meses en los mercados.
Pedro Sánchez y António Costa, primeros ministros de ambos países, no tardaron ni cinco días en hacer llegar los pliegos a Bruselas confiando, tal como anunció Sánchez en su comparecencia ante el Congreso del miércoles 30 de marzo, en "bajar rápida y significativamente los precios de la energía y el coste de la vida en general". El presidente confiaba en una respuesta de la Comisión "a lo sumo, en una semana". Pero ya va para dos y Bruselas no deja de poner trabas.
Tres obstáculos al 'sí'
Sánchez confiaba en determinadas líneas incluidas en las conclusiones del último Consejo Europeo que, negro sobre blanco, le aseguraban que "la Comisión está dispuesta a evaluar de manera urgente" las medidas "mediante un procedimiento acelerado". Pero la comisaria a la que se le ha encomendado la misión es la liberal danesa Margrethe Vestager, cuya cartera es la de Competencia, porque "Bruselas considera el plan de España y Portugal como ayudas de Estado".
Bruselas teme que la solución sea peor que el problema por tres motivos, tal como explican dos fuentes europeas de distinto signo político, en conversación con este periódico.
Primero, porque no termina de ver claro "quién va a pagar" la diferencia entre el precio tope y al real. Madrid y Lisboa hablan de recargos a las eléctricas "a cuenta de sus beneficios caídos del cielo".
Segundo, porque por muy "puntual y temporal" que sea la medida, "habría riesgo de contagio" al mercado francés. Sánchez y Costa alegan que si hay "excepción ibérica" es por las interconexiones "de apenas el 2%", lo que desecha ese argumento.
Y tercero, porque aceptar que esa "excepción ibérica" permita a España y a Portugal una intervención tan extrema del mercado, sentaría "un mal precedente" en el caso de que, definitivamente, se decrete un "embargo total" sobre Rusia.
Las presiones son brutales sobre los gobernantes para que se atrevan a prohibir la importación de las fuentes de energías fósiles rusas. Pasados ya 48 días desde el inicio de la invasión, los Veintisiete han pagado alrededor de 30.000 millones de euros a Vladímir Putin para financiar la guerra con estas compras, según el Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).
Ahora que los jefes de Estado y de Gobierno ya han accedido a dejar de comprar carbón ruso, y se plantean "prescindir del petróleo cuanto antes", la Comisión teme que "otros países reclamen su propia excepción, como han hecho España y Portugal, y el mercado único de la energía se desmorone" como consecuencia.
Lo que dijo el Consejo
Las conclusiones del Consejo Europeo de los pasados 24 y 25 de marzo fueron vendidas por el Gobierno de España como un "éxito histórico". Los jefes de Estado y de Gobierno aceptaron reconocer la "excepción ibérica" y darle a nuestro país y a Portugal la opción de presentar "medidas temporales de emergencia destinadas a mitigar el impacto de los precios de los combustibles fósiles en la producción de electricidad".
Pero lo cierto es que lo de "excepción ibérica" y lo de "isla energética" no aparece por ningún lado en el documento de conclusiones del Consejo [consúltelo aquí en PDF]. Lo que si deja claro el texto acordado por los Veintisiete líderes es que se tendrán "en cuenta las circunstancias nacionales". Y como insiste una de estas fuentes, "ésa es la única línea nueva, a la que se agarra Sánchez".
Pero, insiste este alto funcionario de la UE, el Consejo dejó claro el mandato a la Comisión para que vigile "y preserve al mismo tiempo la integridad del mercado único", como elemento primordial.
Es decir, evaluar "la compatibilidad de las medidas temporales de emergencia en el mercado de la electricidad notificadas por los Estados miembros, incluidas las destinadas a mitigar el impacto de los precios de los combustibles fósiles en la producción de electricidad, con las disposiciones de los Tratados y el Reglamento 2019/943", relativo al mercado interior de la electricidad.
Tensión en Moncloa
Y eso es lo que está haciendo ahora mismo Bruselas: vigilar, preservar y evaluar la compatibilidad con la normativa europea del plan presentado de manera conjunta por los Gobiernos de Sánchez y de Costa. Pero la contestación se demora, ya va para dos semanas, y Moncloa empieza a temerse mayores obstáculos de los inicialmente previstos.
De hecho, la posición silente de España respecto del embargo a los combustibles fósiles rusos podría explicarse, precisamente, por esto. Este periódico ya ha informado de que nuestro país está alineado con los Estados miembros de la UE favorables al embargo total al gas y el petróleo de Rusia. Pero si esto lo admitió un ministro en off a este diario, lo cierto es que ningún miembro del Gobierno lo ha dicho jamás en público.
"Si algo está trabajando el Gobierno de España, con el presidente a la cabeza, son los acuerdos". Moncloa presume de la imagen que se está labrando es la de un Ejecutivo que siempre trata de ejercer de puente entre los demás. Pero, según este ministro, "si dentro de un minuto dicen que vamos a cortar el gas ruso, estaríamos entre los primeros que digan que sí"... dado que, es cierto, tampoco nos jugamos más que el 8% de nuestras importaciones.
De momento, no conviene a Madrid mover mucho ese árbol, a la espera de la respuesta de la Comisión. Pero mientras Bruselas no da respuesta, la inflación sigue al alza, camino del 10%. Y la tensión crece en Moncloa.
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