El CNI no informó del 'caso Pegasus' a Yolanda Díaz en la comisión delegada y Podemos señala a Robles

La operación recibe ese nombre por el tipo programa informático utilizado, Pegasus, y que se ha convertido en escándalo político porque esta herramienta sólo puede ser adquirida (teóricamente) por gobiernos estatales y sus agencias de seguridad. Pero en todo este tiempo, según ha podido saber este periódico, nada supo de esta operación la sucesora de Pablo Iglesias.

Y es que Yolanda Díaz no sólo tomó las riendas del ala morada de la coalición cuando el fundador de Podemos dejó el Gobierno, también se hizo cargo de su sillón en las comisiones delegadas del Ejecutivo de las que él formaba parte.

Aun así, del mismo modo que el exvicepresidente segundo nunca recibió información relevante en las citas a las que acudió como miembro de la comisión -o al menos hasta ahí ha contado él desde entonces-, Díaz tampoco supo nada de las escuchas a líderes de los partidos que, en definitiva, son socios parlamentarios del Gobierno.

División en Podemos

De cualquier modo, en este caso no sólo hay división entre los socialistas y los morados dentro del Ejecutivo, también la hay en el interior del socio minoritario del Gobierno. Tal como ha podido comprobar este diario, en el entorno de Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, hay discrepancias con la postura adoptada por Díaz.

La vicepresidenta segunda, este mismo lunes, se confesaba "preocupada" por un caso de "extrema gravedad". Pero pedía valorar la "seriedad" y el "rigor" con el que está actuando Moncloa. Su socia Belarra, como expresaban por la mañana los portavoces del partido, Isa Serra y Pablo Fernández, exigen "responsabilidades políticas" y dimisiones "de las personas implicadas"... dando por hecho que cualquier espionaje a los líderes independentistas sería ilegítimo, por haber sido llevado a cabo por el CNI.

Ésa es la clave del asunto para Podemos. El Centro Nacional de Inteligencia depende directamente de Margarita Robles, ministra de Defensa. Su mandato es el de investigar amenazas a la seguridad del Estado, el crimen organizado y el terrorismo. Y aunque toda injerencia en las comunicaciones debe ser autorizada por un magistrado del Tribunal Supremo, con motivaciones estrictas y siempre serán permitidas con un plazo determinado de tiempo, son investigaciones no judiciales...

Y ahí está el meollo, porque para Podemos en este caso, serían investigaciones por motivaciones políticas. Aún más escandalosas y "graves" por dirigirse contra aliados parlamentarios con los que Iglesias forjó la llamada "mayoría de legislatura" que, a veces, llegó a calificar de "mayoría de dirección de Estado". Como dijo ya la semana pasada Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, "deben rodar cabezas". Y los morados quieren la de Robles, su bestia negra principal en el Gobierno. 

La injerencia en las comunicaciones habría sido llevada a cabo con el uso de este software troyano con el que se habría infectado los teléfonos móviles, entre otros, del president de la Generalitat Pere Aragonès, de sus antecesores Quim Torra y Artur Mas; de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y de su antecesor, Roger Torrent; de líderes políticos independentistas como las fugadas Marta Rovira (ERC) y Anna Gabriel (CUP), el indultado Jordi Sànchez (Junts) e incluso Arnaldo Otegi (Bildu). También a los abogados Andreu van den Eynde (representante legal de Oriol Junqueras) y Gonzalo Boye (letrado de Carles Puigdemont), entre otras personas.

Presidida por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo y vicepresidenta segunda acude a las reuniones junto a los titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Defensa, Margarita Robles; del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de la Presidencia, Félix Bolaños. 

Díaz defiende a Moncloa

Fuentes cercanas a Díaz insisten en su "trabajo por cuidar la coalición", y destacaban "la reacción del PSOE" y sus miembros del Gobierno. Eso sí, siempre tras remarcar que ésta ha venido después de la petición de explicaciones por parte de la vicepresidenta a Pedro Sánchez.

En el entorno de Díaz se valora el viaje de Félix Bolaños a Barcelona este domingo, para reunirse con Marta Vilalta -consejera de Presidencia-. Así como el anuncio de una investigación interna en el CNI. Para Yolanda Díaz, éstos son dos hitos sin precedentes que demostrarían el compromiso del Ejecutivo con la transparencia.

Fuentes del PSOE, por su parte, lamentaban el hecho de que hoy en día siga sin haberse constituido la Comisión de gastos reservados del Congreso -la conocida como "de secretos oficiales"- para que Robles pueda dar explicaciones.

Nadie en Moncloa ni en el entorno del Gobierno confirma que, de hecho, el CNI haya investigado (o espiado) a los líderes separatistas catalanes. Pero fuentes socialistas admiten que "si Marlaska ha podido negar que la Policía o la Guardia Civil lo hayan hecho, es porque sólo el CNI tiene Pegasus"... así que más claro, el agua. Y por eso es clave que se pueda constituir esa comisión en el Congreso.

Bildu es el problema

Pero el problema es que para hacerlo se precisa de un acuerdo de tres quintas partes de la Cámara, es decir, 210 diputados. Y desde el PSOE se destaca que "es el PP el que veta la entrada de determinadas formaciones, mientras que nosotros ni siquiera decimos que no a que haya representantes de Vox".

Fuentes del PP destacan que su única línea roja es la presencia de diputados de EH-Bildu. A pesar de que la presencia de independentistas catalanes sería "tanto como poner al zorro a cuidar a las gallinas", en Génova se admite que no hay argumentos políticos más allá que esgrimir "porque ya hubo representantes del separatismo catalán en otras ocasiones en esa comisión".

Eso sí, se remarca que el problema, en realidad, "es de Sánchez y su Gobierno, que sobrevive apoyado en unos socios a los que tiene luego que investigar porque no se fía de ellos"... y porque "atentaron contra la unidad de España".