El Gobierno deja en manos del PP, Batet y el Defensor del Pueblo el conflicto por el supuesto espionaje

Ha servido para conocer los cauces en los que ha pensado el Gobierno para librar de responsabilidad a los servicios secretos, sin vulnerar las restricciones de las materias clasificadas. Pero, por el momento, la Generalitat y el resto de partidos afectados rechazan ese camino y siguen exigiendo una investigación y la depuración de responsabilidades, señalando directa y expresamente al CNI como autor del presunto espionaje a 63 personas, incluyendo cargos institucionales, abogados y diputados.

El doble camino que propone el Gobierno deja en la práctica su viabilidad en manos del PP, de Meritxell Batet y del Defensor del Pueblo. Las vías son la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso y la institución que dirige Ángel Gabilondo, exministro de Educación y excandidato socialista a las elecciones autonómicas de Madrid.

Comisión de secretos

La Comisión de Secretos, cuyo nombre oficial es Comisión de Gastos Reservados, no se reúne desde marzo de 2019, porque en las dos últimas legislaturas no se ha podido constituir. La razón es que se requieren 210 votos para elegir a sus miembros, que suelen ser los portavoces de los grupos, y el PP se niega a que estén presentes ERC y, sobre todo, Bildu.

En tres años casi no ha habido movimientos para constituirla por ese veto y porque de esa forma el CNI carecía de control parlamentario. Ahora Moncloa tiene prisa y pretende forzar al PP que, a su vez, no se mueve de su veto.

ERC ya estuvo en otras legislaturas, cuando Joan Tardà era su portavoz y el PSOE acepta ahora que esté Bildu.

Los socialistas, según expuso ayer Bolaños a Vilagrà, va a intentar forzar al PP a que acepte esa renovación. Ya ha contactado con el PP y presionará para que acepte o, al menos, que quede impresión de que si no se informa es por el PP.

Si no acepta el PP, hay una segunda opción que depende de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Puede dictar una resolución de la Presidencia, con apoyo de la Mesa, para rebajar la mayoría de 210 diputados.

Si fuera así, acudiría la presidenta del CNI o cualquier miembro del Gobierno para exponer detalles secretos que salven la posición del Ejecutivo. Porque expliquen que no se produjo ese espionaje o que lo autorizó el juez correspondiente del Tribunal Supremo.

Investigación de Gabilondo

La otra vía es la del Defensor del Pueblo. Fuentes de esta institución aseguran que actúa de forma autónoma y por iniciativa propia.

Lo cierto es que el Gobierno presentó esta opción a la Generalitat, pese a que el Defensor del Pueblo depende de las Cortes y no obedece a ningún mandato.

Si Gabilondo investiga puede pedir documentación, incluso secreta. Así lo explica el artículo 22 de la Ley del Defensor del Pueblo que prevé que pueda “solicitar a los poderes públicos todos los documentos que considere necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquellos clasificados con el carácter de secretos”.

Añade que "las investigaciones que realice el Defensor del Pueblo y el personal dependiente del mismo, así como los trámites procedimentales, se verificarán dentro de la más absoluta reserva".

Esos documentos sólo los vería Gabilondo y tendría que elaborar unas conclusiones que presentaría en las Cortes, pero sin incluir datos secretos y sin que sus conclusiones se puedan contrastar con la documentación.

Hace meses, la parte socialista del Gobierno ya utilizó al Defensor del Pueblo para eludir la petición de Comisión de Investigación sobre abusos en la Iglesia Católica.

Fuentes de la institución aseguran que fue una encomienda de las Cortes, pero fue el PSOE quien lo promovió y negoció con el resto de grupos. El Defensor del Pueblo lo aceptó, aunque podía haberlo rechazado.

En este caso, todos los grupos que apoyan al Gobierno han pedido una comisión de investigación que el PSOE rechazará con apoyo del PP.

Hay una opción no incluida en esas vías expuesta por Bolaños que es que el Gobierno use su capacidad legal para desclasificar documentos, haciendo transparente la actividad del CNI frente al independentismo catalán.

Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, ha dado una semana de plazo al Gobierno para que investigue y depure responsabilidades. Y todos los partidos que ayudaron a la investidura de Sánchez han preparado una ofensiva parlamentaria para esta semana, que incluye la opción de votaciones contra iniciativas del Ejecutivo. Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno de coalición, se ha sumado a la exigencia de responsabilidad.