Partido Popular, Ciudadanos y Vox han mostrado este martes su alarma ante las concesiones anunciadas por el Gobierno para acallar las críticas de sus socios independentistas ante el escándalo de espionaje del caso Pegasus.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha prometido realizar una auditoría interna del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), desclasificar documentos reservados sobre el presunto espionaje e incluir a Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales, cuya constitución ha bloqueado el PP desde el inicio de la legislatura.
Estas medidas son insuficientes para los socios del Gobierno, mientras que los grupos de la oposición advierten de que dejarán al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) inerme para desarrollar su labor de protección de la seguridad e integridad nacional.
El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, considera que desnudar este modo al CNI ante los partidos independentistas "terminará con los servicios de inteligencia españoles".
Ciudadanos ha registrado la solicitud de comparecencia del ministro Félix Bolaños para que explique los compromisos que adquirió el domingo con la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà Pons, y los cambios anunciados en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.
Edmundo Bal recuerda que la misión de los servicios de inteligencia es "proteger la seguridad del Estado, no espiar a los rivales políticos". El CNI cuenta actualmente con un sistema de control "bastante riguroso", fruto de la normativa probada en 2002, que exige la autorización previa de un magistrado del Tribunal Supremo para interceptar por medios electrónicos las telecomunicaciones de cualquier particular.
De un modo muy similar al que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los procesos penales, la autorización se concede de forma motivada y por un período de tiempo limitado, recalca el portavoz de Cs.
Desclasificar los autos judiciales que autorizaron el presunto espionaje a 65 líderes independentistas va a debilitar la actividad del CNI, que ya cuenta con sus propios procedimientos de auditoriía interna, señala Edmundo Bal.
Burlar el veto del PP
El diputado de Ciudadanos lamenta que no se reconozca en estos momentos la labor que durante décadas ha desarrollado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en misiones como infiltrarse en células yihadistas para evitar atentados terroristas.
Pero la medida que ha levantado más ampollas es el acuerdo que este martes ha tejido la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para meter a Bidu y al resto de partidos independentistas en la Comisión de Secretos Oficiales, en la que comparecerà la directora del CNI para dar explicaciones sobre el caso Pegasus.
La Comisión de Secretos Oficiales (o de Gastos Reservados, según su denominación oficial) no se ha constituido desde 2019, porque para aprobar su composición es necesaria una mayoría cualificada de 210 diputados (tres quintos de la Cámara).
El PP ha bloqueado el acuerdo desde el inicio de la legislatura, porque se opone a incorporar a Bildu en la Comisión en la que se airean los secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Secretos del Estado
De acuerdo con el compromiso adquirido por Félix Bolaños, Batet ha anunciado que modificará la resolución que estaba en vigor desde 2004 (impulsada por el entonces presidente de la Cámara, el socialista Manuel Marín), para eliminar la mayoría cualificada exigida para aprobar la composición de la Comisión: ahora bastará la mayoría absoluta del Pleno de la Cámara, lo que permitirá sortear el veto del PP.
"Bildu va a investigar al CNI, qué maravilla, estamos todos mucho más tranquilos", ha ironizado Edmundo Bal.
Desde Santiago de Compostela, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al PSOE que rompa un acuerdo que llevaba casi 20 años en vigor, para que los partidos independentistas, que "no creen en la unidad de la nación", "participen de los secretos de Estado".
"Si el Gobierno va a compartir con los partidos que combaten la unidad de España los secretos y la información de Estado simplemente para que el Gobierno precario mantenga su precariedad, comprenderán que es una pésima noticia para la democracia española", ha lamentado el nuevo líder del PP.
Bildu ante el "abismo"
Por su parte, el diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha cuestionado especialmente que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se pliegue a las exigencias del Gobierno. El diputado cree que el PSOE ha recuperado su hábito de "rematar cada cierto tiempo a Montesquieu", el padre de la separación de poderes.
"El Gobierno, tras negociar con los separatistas, y en pago por no sé qué fechorías que han debido cometer, ha dicho al Congreso que busque un truco para alterar el funcionamiento del propio Congreso", ha desgranado Espinosa de los Monteros, "y hoy la señora Batet lo ha hecho, modificar la norma, hacer una trampa. Con los servicios jurídicos de la Cámara mostrando criterios cambiantes en función de los intereses del Gobierno".
Con todo, las concesiones anunciadas por el ministro Félix Bolaños no satisfacen a los socios independentistas del Gobierno. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lanzado una amenaza apenas velada: "El único idioma que entiende el PSOE es tumbar su agenda legislativa".
También la diputada de Bildu Mertxe Aizpurua ha adelantado que su grupo se plantea no apoyar el decreto del Gobierno frente a los efectos económicos de la guerra de Ucrania, que el jueves se vota en el Congreso, si antes no hay explicaciones satisfactorias sobre el caso Pegasus. "Se ha abierto una quiebra de confianza que puede abrir un abismo", ha señalado Aizpurua.
Y el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha contatado que en los últimos tres meses, la mayoría que apoya al Gobierno en la Cámara "se ha tambaleado tres veces": por la aprobación de la reforma electoral de Yolanda Díaz, por el cambio de posición del Gobierno respecto al Sáhara Occidental y por el escándalo de espionaje del caso Pegasus.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, ha dejado la puerta abierta a que el Ejecutivo anuncie este miércoles nuevas medidas, durante la sesión de control del Gobierno, para contentar a sus socios ante el escándalo de espionaje.
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