Autos judiciales avalan el uso de Pegasus por nexos del separatismo con Rusia y Tsunami Democràtic

Fuentes de Moncloa aseguran que la responsable de los servicios secretos comparecerá con datos y con documentación, para intentar zanjar el conflicto que ha dejado contra las cuerdas al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La documentación, siempre según esas fuentes, incluirá autos judiciales autorizando algunas intervenciones de móviles de personas ligadas al independentismo. Esas resoluciones están motivadas y así serán expuestas ante la Comisión que se celebra a puerta cerrada y con obligación de que los portavoces guarden secreto.

El interés, según el Gobierno, es demostrar que no se espió a nadie por sus ideas, es decir, por ser independentista, sino por actuaciones que puedan poner en peligro la seguridad del Estado.

Por eso la documentación hará referencia a las relaciones de personas del independentismo con el llamado Tsunami Democràtic, que provocó graves incidentes en Cataluña en 2019.

Esas protestas paralizaron el aeropuerto del Prat de Barcelona, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. Desentrañar ese movimiento y la posibilidad de injerencia externa justificaría la actuación del CNI y así lo expondrá la responsable del CNI en la comisión de secretos.

Sospechas sobre Rusia

También habrá documentación sobre la investigación de relaciones de independentistas con Rusia. De hecho, esas relaciones han sido admitidas e investigadas en la Audiencia Nacional.

Se considera que esas relaciones afectan a la seguridad del Estado y así se razona en autos del juez del Tribunal Supremo. El presunto espionaje revelado por la Universidad de Toronto se produjo entre 2017 y 2020.

La relación del independentismo catalán con Rusia ha sido admitida por algunos de los líderes del procés y, por eso, este Estado aparece relacionado con el espionaje. Incluso, hay relación como para que haya espionaje a algunos de esos líderes desde ese Estado, siempre según las citadas fuentes.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insinuado este miércoles en el Congreso que las intervenciones tenían autorización judicial y que estaban relacionadas con Tsunami Democràtic y con las vinculaciones de líderes independentistas con Rusia.

“¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?”, ha asegurado.

Desde 2015, el CNI investiga al independentismo en la denominada Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales. El artículo 4.B de la ley que regula el centro, que depende del Ministerio de Defensa, establece entre sus funciones la de “prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población”. Según el Gobierno, en ese artículo encajaría esa investigación.

No obstante, el informe de Citizen Lab, departamento de la Universidad de Toronto, incluye una lista de 63 personas vinculadas al independentismo en la que aparecen todos los presidentes autonómicos, presidentes del Parlament, abogados y cuatro diputados actuales.

El Gobierno no confirma si todos ellos fueron espiados por autorización judicial, pero sí lo hará la directora del CNI en la Comisión de Secretos. La inmensa mayoría de ellos no serían “encajables” en una investigación sobre Rusia o el Tsunami Democràtic.

Moncloa prevé que, además, la directora del CNI exponga las cifras de intervenciones solicitadas al juez del Tribunal Supremo y el uso genérico del programa Pegasus. Se incluirá la referencia a algunas Policías que han podido utilizar ese software, porque fuentes del Gobierno ponen en duda que sólo las puedan utilizar los Estados.

Informe cuestionado

El Gobierno cuestiona el informe de la Universidad de Toronto, que sirvió de referencia al reportaje publicado en The New Yorker con la denuncia del espionaje.

Moncloa tiene constancia, además, de una acción concertada en el independentismo para dar a conocer esa información y para amplificarla luego en las redes. Da por hecho que ERC conocía la información antes de que se publicara.

El informe sólo ha empezado a ser cuestionado ahora por el Gobierno. Lo hizo este martes la ministra de Defensa en el Senado, en respuesta a una pregunta de un senador de JxCat.

Admite Moncloa que se tardó demasiado en cuestionar el informe, de tal modo que se estableció ya la idea de que el estudio era cierto y, por tanto, que hubo espionaje ilegal.

No obstante, las formas de explicarlo Robles el martes y su reflexión el miércoles en el Congreso han sido recibidas con desagrado en la Moncloa, porque supone crear dudas sobre la existencia de espionaje ilegal y porque lo dijo justo cuando el ministro Félix Bolaños negociaba en el Congreso con ERC el apoyo a la convalidación del decreto con medidas económicas que se vota este jueves.