Aragonès canceló la tercera cita de la mesa de diálogo días antes de que estallara el 'caso Pegasus'

Esa situación, que se visualizó claramente el pasado 2 de febrero cuando ERC ya se distanció del Gobierno en la votación sobre la reforma laboral, no supone en sí misma poner fin a la legislatura o al Ejecutivo de coalición. Sin embargo, según admite Moncloa, sí supone que leyes que necesitan votos de la izquierda no se puedan aprobar, porque es imposible formar mayorías alternativas.

Si se mantiene esta quiebra, además, puede hacer imposible que Pedro Sánchez apruebe a finales de este año los Presupuestos Generales del Estado el año que viene. Podría prorrogarlos, puesto que el presidente del Gobierno mantiene su voluntad de llegar hasta finales de 2023. Por eso, Moncloa prevé volcarse para acercarse a ERC y recomponer el bloque que permitió la investidura.

Sánchez, además, entiende que sólo es posible aprobar iniciativas con esos partidos y ve innecesario plegarse a pactar con el PP. Entiende que no hay una mayoría alternativa posible. Incluso, parece haber abandonado la idea de utilizar a los nueve diputados de Ciudadanos.

La tensión entre Gobierno y Esquerra ha hecho que en los últimos meses se haya suspendido la convocatoria de reuniones de la mesa de diálogo sobre Cataluña cuando ya había sido incluso pactada la fecha y hasta cómo anunciarlo, según fuentes de la Generalitat.

Fechas cerradas

No se han cortado las relaciones reservadas, porque los gabinetes de Sánchez y Pere Aragonès han seguido trabajando discretamente, pero cuando han pactado reuniones de la citada mesa han sido abortadas siempre los anuncios.

Por ejemplo, según la Generalitat, se pactó una reunión (la tercera oficial) a finales de marzo y estaba acordado cómo hacerlo público. Incluso estaba pactado que el orden del día incluiría cuestiones relacionadas con la lengua y con la metodología de la propia mesa, siempre según las citadas fuentes.

Pero la Generalitat paró el anuncio... justo poco después de que el Parlamento Europeo anunciara, el 10 de marzo, la constitución de la Comisión de Investigación "encargada de examinar el uso del programa espía de vigilancia Pegasus y otros programas equivalentes". Entre los 38 eurodiputados que la componen se empeñaron en estar -y lo lograron- Carles Puigdemont (Junts), Diana Riba (ERC) y Jordi Solé (ERC), uno de los supuestamente espiados.

El Gobierno explica que ERC ha rehuido nuevas convocatorias. Sospecha que la Generalitat ya conocía en marzo, cuando suspendió la reunión, que se iba a publicar la investigación del llamado caso Pegasus. Tras el estallido del escándalo, el presidente de la Generalitat anunció en público que frenaba las relaciones con el Gobierno central.

El informe de Citizen Lab tiene fecha del 18 de abril, pero en el entorno independentista sí se conocía que se publicaría. Así, se ha publicado que había un vídeo preparado previamente o que el dominio "Catalangate" fue registrado hace meses.

Además, hace casi un año que los presuntamente espiados ya sabían que sus móviles habían sido intervenidos. Según han explicado estos días, fueron contactados hace casi un año por Citizen Lab y, poco más de una semana después, tuvieron ya respuesta sobre la intervención de sus terminales.

Por el momento, el Gobierno ha conseguido derivar el escándalo hacia la comisión de secretos oficiales del Congreso y la investigación del Defensor del Pueblo. La primera se constituirá la próxima semana.

El esfuerzo del Ejecutivo se encaminará ahora a intentar rehacer las relaciones con ERC. Están en peligro las leyes que se tramitan en el Congreso y que no tienen mayoría alternativa posible para salir adelante.

Por ejemplo, la de Memoria democrática llegó al Congreso en julio de 2021 y aún se encuentra atascada en la Comisión Constitucional, tras nueve ampliaciones del plazo de enmiendas. Ha sido objeto de intensas negociaciones entre el ministro Félix Bolaños y los representantes de ERC. Recientemente, las retomaron, pero ERC sigue sin aceptar que no se revisen los procesos judiciales del franquismo, por lo que el texto vuelve a estar bloqueado.

La ley de seguridad ciudadana o 'ley mordaza' tuvo más de 30 ampliaciones de plazos de enmiendas y está también atascada en una comisión del Congreso. Esta semana, han vuelto a fracasar las negociaciones con ERC y la reforma de la polémica norma vuelve a bloquearse.

Ley de Vivienda

Otros proyectos de ley para las que no hay mayorías alternativas corren el mismo peligro. Por ejemplo, la de Vivienda y algunas de igualdad, como la del "sólo sí es sí". La de Vivienda pasó el primer trámite de totalidad con un acuerdo de última hora con ERC que, aunque objeta el texto por invasión de competencias, acepta que se tramite para modificarla con enmiendas.

Todas ellas tendrían que acabar el trámite en el Congreso y luego ir al Senado, por lo que empieza a estar en peligro que puedan aprobarse en esta legislatura.

Para explicar la posición de ERC, el Gobierno se refiere a la situación de los independentistas en Cataluña, presionados por Junts, criticados por pactar con el Gobierno central y necesitados de un buen resultado en las municipales de primavera de 2023.

Para el Gobierno, el estallido del escándalo amenaza sus planes de llegar al final de la legislatura con el asunto catalán pacificado, tras el coste de aprobar los indultos.