El Parlamento Europeo incluye a Marruecos en su investigación sobre el espionaje con Pegasus

La Comisión de Investigación sobre Pegasus en el Parlamento Europeo incluirá a Marruecos en sus trabajos. Según ha podido saber este diario, los eurodiputados indagarán sobre la responsabilidad que pueda recaer sobre Rabat en el espionaje a más de 200 números de teléfono españoles durante el año 2021, entre ellos los del presidente del Gobierno español y a sus ministros de Defensa e Interior.

De hecho, la iniciativa a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL plantea desde el grupo de los liberales Renew la posibilidad de "establecer una misión de investigación en Marruecos lo antes posible". El escrito se basa en los hallazgos de Forbidden Stories y Amnistía Internacional sobre "el uso ilegal de tecnologías de vigilancia por parte de las autoridades marroquíes contra la sociedad civil en Marruecos y el Sáhara Occidental".

El impulso a estos trabajos viene después de que estallara el llamado caso Pegasus en España, hace tres semanas y, sobre todo, de que éste derivara en la violación y robo de más de 10,4 gigabytes de datos de los teléfonos oficiales de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, además del intento de intrusión en el del titular de Agricultura, Luis Planas, exembajador en Marruecos.

El hecho de que las fechas de las incursiones en los dispositivos de las tres personas con mayor responsabilidad política en la seguridad exterior e interior de España coincida con lo más duro de la crisis con Marruecos -mayo y junio de 2021- abona las sospechas.

Hasta ahora, sólo han trascendido los días exactos de las brechas de seguridad en el teléfono del presidente: el 19 de mayo, al día siguiente de visitar Ceuta, tras el asalto de 10.000 personas auspiciado por las autoridades de Mohamed VI, y el 31 del mismo mes. El resto de intrusiones fueron -a Robles, a Marlaska y la fallida a Planas- fueron pocas semanas después, en junio.

Sospechas sobre Rabat

La iniciativa, firmada por el eurodiputado Jordi Cañas (Cs), argumenta que "como vecino cercano, Marruecos es un socio privilegiado de la UE en el campo de la cooperación política y económica", por lo que su posible falta de lealtad debe ser tenida en cuenta por las instituciones europeas.

Más aún teniendo en cuenta el reciente viraje en la posición política del Gobierno de España respecto al Sáhara Occidental. Y a que el Gobierno no ha desmentido la posibilidad de revisar ese paso, dado para solucionar las tensiones con Rabat, en el caso de "demostrarse que Rabat estuvo detrás del espionaje" y posible uso de la información descargada.

Lo cierto es que Moncloa no desmiente esta posibilidad, pero descarta utilizarla: "Las relaciones internacionales se basan en hechos, no en conjeturas", defendía este mismo miércoles José Manuel Albares, tras entrevistarse con Naser Burita, su homólogo marroquí, en Marrakech.

El documento concluye advirtiendo de que "el uso ilícito de software espía contra los Estados miembros de la UE es simplemente inaceptable y debe investigarse". El pleno de la comisión recibirá la propuesta en su próxima reunión y deberá decidir por mayoría.

Las fuentes consultadas cuentan con que "saldrá delante, sin duda". Se basan en la concienciación que sí logró el Gobierno de España sobre los manejos "desleales e ilícitos" de Rabat "utilizando la inmigración como arma de agresión".

La solidaridad de los Veintisiete y de los representantes de la soberanía europea se tradujo en declaraciones taxativas de la Comisión y el Consejo, además de en una resolución unánime del Parlamento Europeo contra el "chantaje" de Marruecos.

José Manuel Albares y Naser Burita, ministros de Exteriores de España y Marruecos, este miércoles en Marrakech. MAEUEC

"Solicitamos esta misión a Marruecos por los indicios y sospechas de que ese país ha podido ser inductor del espionaje a los teléfonos de los miembros del Ejecutivo español", argumenta Jordi Cañas, al habla con EL ESPAÑOL. "Las fechas de los ataques coinciden con la entrada masiva de miles de personas en Ceuta ante la pasividad marroquí".

El 'montaje' del caso

La constitución de este comité de 38 eurodiputados, aprobada el pasado 10 de marzo, fue aprovechada por el separatismo para remover todos los cimientos de la "pacificación de Cataluña" que impulsaba Pedro Sánchez, de la mano de su alianza parlamentaria con Esquerra Republicana.

La comisión se constituyó precisamente en la semana en la que The New Yorker publicaba su reportaje sobre el supuesto espionaje a 63 políticos, líderes y activistas del independentismo catalán y vasco en España. Así, el 19 de abril el Gobierno trataba de pasar por encima del llamado caso Pegasus alegando que estas revelaciones "no son nada nuevo" y que Moncloa no tenía "nada que ocultar".

Pero a la semana siguiente, ya se celebraba la primera reunión de la comisión de europarlamentarios en Bruselas. Entre los representantes hay tres independentistas catalanes, Carles Puigdemont (expresidente catalán y prófugo de la Justicia española tras el 1-O), de Junts, y los republicanos Diana Riba, como vicepresidenta segunda del foro, y Jordi Solé (otro de los presuntamente espiados).  

Calificar esta coincidencia en el tiempo de jugada maestra para "ganar el relato una vez más", como admitían fuentes del Gobierno a este periódico, se fundamenta en dos hechos.

El primero, la cadencia temporal. Tal como admitió Jon Iñarritu (diputado de EH-Bildu en el Congreso y otra de las presuntas víctimas de Pegasus), la información permaneció embargada un año hasta que se publicó. Desde que le contactaron de Citizen Lab -el instituto de la Universidad de Toronto autor del estudio- hasta que se reveló el informe en la revista neoyorquina transcurrieron más de 12 meses, en los que se le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad.

El segundo indicio es que la citada fecha del 10 de marzo coincide con la suspensión sin explicaciones de la tercera reunión de la mesa de diálogo, negociación y acuerdo por parte de Pere Aragonès.

La Generalitat y el Gobierno de la nación habían previsto para dos semanas después este nuevo encuentro, con una agenda basada en acuerdos sobre la lengua y el método de trabajo de los equipos negociadores. Así lo revelaron a este diario fuentes del Ejecutivo español, una vez que el escándalo se había ido de sus manos.

Precisamente, el pasado martes se supo que otra iniciativa en el seno de la comisión busca el envío de una misión de investigación a España. Según fuentes del comité, los independentistas presentes "buscan igualar a España con Polonia y Hungría", dos países de la UE, pero con gobiernos autocráticos, en los que se han conculcado derechos fundamentales.

"Con respecto a una misión a España por parte de esta misma Comisión, Ciudadanos no se va a oponer a que se realice si así se decide", ha declarado Cañas a este periódico. "Se trata de investigar el ataque al teléfono del presidente del Gobierno y de varios ministros y no el seguimiento a los dispositivos de políticos secesionistas, que se realizó bajo mandato judicial".

Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos en el grupo liberal Renew Europe. Cs

El independentismo basó todo el escándalo en su supuesto espionaje, el Gobierno de España reveló su vulnerabilidad y no está sabiendo abordar el asunto. Eso sí, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ya advirtió en una reciente entrevista con EL ESPAÑOL que se "investigará todo lo necesario" sobre el uso ilícito de Pegasus y otros programas similares de espionaje.

En esa vorágine política, con la ministra de Defensa arremetiendo en el Congreso contra el independentismo -"¿qué se supone que debe hacer un Estado cuando es atacado?"-, cruces de acusaciones dentro del propio Gobierno, exigencias de que "rueden cabezas" personificadas en la propia Robles y acusaciones al CNI, que no podía defenderse, el lunes 2 de mayo nació el caso Pegasus 2.0.

Félix Bolaños e Isabel Rodríguez comparecían en Moncloa para revelar que al presidente y ala ministra de Defensa alguien los había espiado con Pegasus 11 meses antes. Las fechas en el caso de Sánchez, coincidían con lo más duro de la crisis con Marruecos.

Y aunque el desarrollo de los acontecimientos acabó en la destitución/sustitución de Paz Esteban, directora del CNI, permanecen todas las incógnitas:

¿Se la cesa por el espionaje a los indepes? No, "porque todo fue legal", aduce Moncloa. ¿Por el ataque a los móviles de Sánchez, Robles y (ahora sabemos) Marlaska? Tampoco, "su trabajo es ejemplar". ¿Quién espió a los otros 45 separatistas? Nadie lo puede/sabe responder. ¿Y al presidente y sus ministros? Tampoco se sabe "y probablemente, nunca lo sepamos", concluyen las fuentes del Ejecutivo. 

En semejante ambiente -con Bolaños, Rodríguez y el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, alimentando las sospechas sobre Rabat-, el ministro de Exteriores viajaba a Marrakech a celebrar (por fin) su primera bilateral con Naser Burita, su homólogo marroquí, evitando la mención al caso Pegasus o darle la más mínima importancia.