El PP teme que el Gobierno de Pedro Sánchez esté utilizando la entrega de presos reclamados por motivos políticos como "moneda de cambio", para congraciarse con determinados regímenes autoritarios a los que considera aliados.
Tanto el PP como Ciudadanos (Cs) han mostrado su preocupación por la situación del activista y militar Mohamed Benhalima, que acaba de ser condenado a pena de muerte en Argelia.
Benhalima se encontraba residiendo en España, pero el Ministerio de Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, le denegó el asilo político y lo deportó a aquel país el pasado mes de marzo. La precipitada deportación de Benhalima se produjo precisamente en un momento en el que peligraban las relaciones diplomáticas entre España y Argelia, por la decisión de Pedro Sánchez de reconocer las pretensiones de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
Una negligencia "muy grave"
Al respecto, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Valentina Martínez, pide que el Gobierno suspenda los tratados bilaterales de extradición con países que no tienen independencia judicial ni garantías humanitarias para sus presos, y que utilizan los tribunales para reprimir a la oposición.
En declaraciones a EL ESPAÑOL, la diputada del PP recuerda que en los últimos meses se han producido casos similares en los que el Ministerio de Interior ha denegado el asilo a venezolanos residentes en España, que están reclamados por el Gobierno de Nicolás Maduro por ser próximos a los partidos de la oposición.
Valentina Martínez recuerda que la protección de los derechos humanos y la protección de las garantías democráticas debe primar en las relaciones de España con terceros países. "No queremos pensar que el Gobierno esté condicionando la concesión del asilo por intereses políticos", señala la portavoz popular, "sería tremendo pensar que el Gobierno esté usando a estos presos como moneda de cambio", para mejorar sus relaciones con regímenes totalitarios.
Por su parte, fuentes oficiales de Ciudadanos (Cs) consideran "muy grave" lo sucedido con el activista Mohamed Benhalima y califican de "negligencia" del Ministerio de Interior su entrega a Argelia (sin esperar a que se resolviera su recurso contra la denegación del asilo político), donde ahora sido condenado a la pena capital.
Revisar los acuerdos bilaterales
Algo que, señala el partido que lidera Inés Arrimadas, es "contrario al orden público internacional de España, que impide extraditar a nadie que vaya a ser condenado a pena de muerte".
En declaraciones a EL ESPAÑOL, Ciudadanos anuncia que va a exigir al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aclare por qué su Ministerio no se informó ni se aseguró de esta circunstancia personal, que ha llevado a la condena a muerte de una persona tras un procedimiento irregular por parte del Gobierno de España.
El Partido Popular ha registrado esta misma semana en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) -que será debatida en la Comisión de Exteriores el próximo día 24-, en la que pide que el Gobierno revise los acuerdos bilaterales de la extradición con países que no respetan las garantías democráticas.
El debate de esta propuesta, señala la diputada Valentina Martínez, será también una buena ocasión para pedir al Gobierno que aclare las circunstancias en las que se produjo la entrega del activista Mohamed Benhalima a Argelia.
Encabezamiento de la Proposición No de Ley (PNL) registrada esta semana por el PP en el Congreso de los Diputados.
Otro caso similar ha llevado al PP a plantear esta propuesta: el de los ciudadanos venezolanos Rolando Figueroa y Ernesto Quintero, a los que Interior ha denegado ya en dos ocasiones la condición de asilados durante los dos últimos años, mientras el Gobierno de Nicolás Maduro reclama su entrega en una "evidente persecución política".
También en su caso, advierte Valentina Martínez, puede peligrar su vida si son entregados a Venezuela, un país en el que con frecuencia los presos políticos sufren torturas o desaparecen en circunstancias nunca esclarecidas.
Ernesto Quintero lleva quince meses presos en la cárcel de Soto del Real (Madrid), sin que haya sido juzgado ni en España ni en Venezuela. Llevaba cinco años trabajando y viviendo en España cuando fue identificado por la Policía en un incidente de tráfico. Los agentes descubrieron entonces que tenía una alerta internacional, al estar reclamado por Venezuela, por lo que fue detenido e ingresó en prisión.
El Gobierno de Maduro reclama su entrega porque trabajaba en Venezuela en una empresa que, antes de ser expropiada, financiaba a medios de comunicación próximos a la oposición. Por su parte, Rolando Figueroa ha permanecido preso durante dos meses en la cárcel de Teixeiro, en La Coruña. Aunque ahora permanece en libertad, Interior ya le ha denegado dos veces el asilo político.
Corte Penal Internacional
El régimen de Maduro lo reclama por sus vínculos con Voluntad Popular (VP), un partido que formaba parte de la Mesa Democrática que agrupaba a distintas fuerzas de la oposición de Venezuela.
La diputada del PP no entiende que el Gobierno español esté dispuesto a entregar a ambos opositores políticos a Venezuela, un régimen que tiene una causa abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, detenciones arbitrarias, torturas y procesos judiciales contra líderes de la oposición.
La historia del activista argelino Mohamed Benhalima puede repetirse ahora en la figura de los venezolanos Rolando Figueroa y Ernesto Quintero. Por ello el PP reclama que el Gobierno suspenda los tratados de extradición con regímenes que no respetan las garantías democráticas ni los derechos humanos, como Argelia y Venezuela.