El mito de que Sánchez nunca pierde votaciones: la trampa para evitar las derrotas parlamentarias

Como son cifras, son todas ciertas, pese a los apuros en algunas votaciones, contando con sólo 153 diputados, a falta de 23 de la mayoría absoluta. Y aunque es cierto el dato, una votación decisiva sobre la reforma laboral salió adelante por el error de un diputado del PP (Alberto Casero) y otra sobre los fondos europeos fue aprobada gracias a los votos de Vox, tras una carambola afortunada.

En las dos intervino la fortuna más que el acierto, pero las dos salieron adelante y pueden aparecer en el marcador de iniciativas aprobadas con las que presume el Gobierno.

Sin embargo, ese rotundo dato de negociación exitosa tiene una pequeña trampa parlamentaria: aplazar sine die las iniciativas que pueden ser conflictivas o con dificultades para salir adelante. Son tramitadas, pero quedan bloqueadas y apartadas sin opciones de perder esas votaciones.

En su mayoría, son iniciativas que sólo pueden ser aprobadas por el llamado bloque de investidura y que no tienen mayoría alternativa posible. El Gobierno las negocia con sus socios, pero a falta de acuerdo, quedan frenadas en algún momento del trámite. 

Algunas son aprobadas en Consejo de Ministros y remitidas al Parlamento con alguna polémica o ruido (Ley de Vivienda) y otras proceden de iniciativas de grupos del bloque de investidura (ley mordaza o Ley de Secretos Oficiales).

Y empezamos a entrar en el momento de la legislatura en el que ya no hay tiempo para tramitar iniciativas que requieren un largo proceso, incluso aunque las elecciones sean en el límite legal de invierno de 2023. Por ejemplo, el anteproyecto de Ley del Aborto que irá el próximo martes al Congreso, no tiene asegurada la tramitación, puesto que, además, necesita un largo plazo para informes consultivos de Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado y Consejo Fiscal.

70 ampliaciones de plazo

El recurso parlamentario para forzar el bloqueo más repetido es la ampliación del plazo de enmiendas que permite dar la patada hacia adelante y retrasar su votación. Estas iniciativas tendrían que ir luego al Senado.

El récord lo tiene la Ley de Secretos Oficiales, que ya ha tenido 70 ampliaciones del plazo de enmiendas. Es una iniciativa del PNV, presentada en diciembre de 2019 en el inicio de la legislatura y procedente de la anterior.

Ha sido negociada por los nacionalistas con el Gobierno, en algunas sesiones de control los miembros del Ejecutivo se han comprometido a seguir adelante con la tramitación, pero no ha habido acuerdo sobre la ley que permite desclasificar automáticamente secretos al cabo de un plazo determinado de tiempo. Este bloqueo provoca notable malestar en el PNV.

Lo grave es que vendría a sustituir una norma de 1968, es decir, franquista y preconstitucional, que regula este asunto tan de actualidad.

El último paso del Gobierno ha sido anunciar que antes del verano aprobará en Consejo de Ministros su propio proyecto de ley, lo que en sí mismo supone también un rodeo para ganar tiempo. No tiene, además, garantizada su aprobación si no incluye las exigencias del PNV para que, por ejemplo, puedan desclasificarse los documentos sobre el 23-F o sobre los GAL, entre otros acontecimientos.

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza", es otro claro ejemplo, porque ya ha tenido 43 ampliaciones de plazos de enmiendas y en este momento está atascada por falta de acuerdo. Procede también de una iniciativa del PNV, que ya fue presentada en la anterior legislatura, y sobre la que llegó a haber un principio de acuerdo, incluyendo al PP, pero que luego se rompió y no hay contactos abiertos.

Su derogación parcial estaba en el acuerdo de Gobierno de coalición y es una de las normas más emblemáticas prometidas por el PSOE y Unidas Podemos. El anuncio de un posible acuerdo vino acompañado de protestas de policías.

La Ley de Memoria Democrática viene de un proyecto de ley del Gobierno y llegó al Congreso en el verano de 2021. Luego encalló, porque tuvo 10 ampliaciones de plazos de enmiendas y una intensa negociación entre Gobierno y ERC que luego decayó y ahora no existe. 

ERC pide que se revisen procesos del franquismo y el Gobierno lo considera inviable y el voto de los independentistas catalanes es indispensable para sacar la norma que, a día de hoy, tiene difícil futuro. El Gobierno es pesimista, pese a ser también una norma muy emblemática, tanto que el Ministerio de Presidencia tiene como apellido memoria democrática.

Un puñado de leyes

El proyecto de Ley de Vivienda fue remitido por el Gobierno después de una intensa negociación entre PSOE y Unidas Podemos, y algunas dudas sobre su viabilidad en el Congreso. Su llegada al Parlamento es mucho más reciente y ya sufrieron el Gobierno y el Grupo Socialista para superar el debate de totalidad, porque los partidos nacionalistas e independentistas entienden que entra en competencias exclusivas de las comunidades. Está en trámite de enmiendas, pero igualmente bloqueada.

La negociación de la Ley Audiovisual estuvo ligado a la tramitación de los Presupuestos para 2022, hasta el punto de que el voto de algunos de los socios parlamentarios del Gobierno estaba condicionado a puntos concretos de esta ley para su trámite de enmiendas. En este caso sí hay negociaciones, porque se trata de trasponer una directiva europea, pero aún no han terminado y su trámite podría prolongarse.

También se negocia la Ley de Libertad Sexual, conocida como del "sí es sí", una de las normas con vida más azarosa desde que se aprobó por primera vez en Consejo de Ministros en marzo de 2020, en el inicio de la legislatura. Provocó enfrentamiento entre ministerios e informes contrarios de los órganos consultivos. Su trámite está pendiente de esa negociación con los socios parlamentarios del Gobierno.

El anteproyecto de Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI está aún en manos del Gobierno y su trámite se demora por discrepancias internas en el Ejecutivo. Es una de las que corre peligro.

Otro caso de votaciones retrasadas por tramitaciones indefinidas en el Gobierno es el de proyectos de ley que son consecuencia de decretos del Ejecutivo. Para poder convalidar esos decretos, el Gobierno pacta que se tramiten como proyectos de ley, con posibilidad de incluir modificaciones de los grupos pero, en algunos casos, quedan atascados en el limbo de las ampliaciones de plazos de enmiendas.

Por ejemplo, el proyecto de Ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, que procede del Real Decreto ley 37/2020, de 22 de diciembre ha tenido ya 53 ampliaciones de plazos de enmiendas.

El último que el Gobierno acordó tramitar como proyecto de ley es el de las medidas para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania. El problema es que se aprobó el 29 de marzo en Consejo de Ministros y la mayoría de las medidas que contiene tienen una vigencia o eficacia de tres meses. Cuando se cumpla ese tiempo será imposible que se haya culminado toda la tramitación y el proyecto de ley quedará en alguna vía muerta de la burocracia parlamentaria.

Una prueba de fuego de esa eficacia negociadora será el Debate del estado de la Nación, tras el cual se votan mociones de todos los grupos que deben negociarse. No tienen efectos ejecutivos, pero sí políticos.