Igualdad reprocha al PSOE que busque abolir la prostitución sólo con penas de cárcel al cliente

Irene Montero lleva desde hace una semana en tono tranquilo, mientras que todas sus colaboradoras se sienten en la cresta de la ola. Desde el Ministerio de Igualdad se recibió este jueves con algo parecido a la condescendencia la proposición de ley del PSOE para abolir la prostitución en España. "Ir sólo por la vía penal no va a ser eficaz", argumentan fuentes del departamento de Montero.

A pesar de las invectivas y los desafíos lanzados en rueda de prensa por Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, Montero se mantenía positiva: "La iniciativa socialista viene a sumar a nuestra lucha por los derechos de todas las mujeres", argumentó. "La ley sólo sí es sí ya califica la explotación sexual, el proxenetismo y la trata como una violencia sexual, lo que protege los derechos de todas", añadía.

"Lo que nos dicen las organizaciones internacionales es que la lucha contra la explotación y el proxenetismo no está tanto en la vía de las sanciones penales con cárcel como en la identificación de las mujeres víctimas y la garantía de todos sus derechos", afirmaba Montero en público.

Es decir, que el enfoque del PSOE no le vale a la ministra de Igualdad... aunque no lo rechaza, y juega a desafiar -ella también- a que las socialistas saquen del cajón la Ley de Trata. Una fuente morada apostillaba a este periódico que "trajeron la norma al Congreso sólo para decir que lo habían hecho. La ley lleva dormida desde enero, no la quieren tramitar".

"Nos quedamos solas"

Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE, y Laura Berja, portavoz en la comisión parlamentaria, trataron de defenderse: "Las socialistas somos abolicionistas, y cumpliremos el mandato de nuestro último congreso, aunque nos vayamos a quedar solas".

¿Solas por qué? Porque esa enmienda incluía la recuperación de las penas para los puteros, los proxenetas y la tercería locativa -los hoteles, burdeles y demás locales que sirven de cobijo a la prostitución, la trata y la explotación sexual- era rechazada por los socios parlamentarios: "Amenazaron con votar en contra de una ley importantísima", advierten fuentes socialistas, "cuando nosotras íbamos a votar a favor saliera nuestra enmienda o no".

Carmen Calvo, exvicepresidenta y exsecretaria de Igualdad socialista, es hoy la presidenta de la comisión parlamentaria. En conversación con este periódico, apenas media hora antes de retirar la enmienda, insistía en que "no vamos a cambiar de posición".

Por un lado, porque "no hay otra ley más idónea para abolir la prostitución y defender los derechos de todas las mujeres". Y por otro, "porque hemos logrado que el PP defienda esto... ¿preferimos que se vayan con la ultraderecha?".

Pero sí cambiaron de postura. "Nos quedamos solas", admitía Lastra esa misma noche. Y ahora el PP no se compromete a nada. Fuentes populares afirman que esperarán "a ver si se aclaran los grupos del Gobierno". Y que ya luego, con calma y estudiando el texto, apoyarán o no la reforma del Código Penal propuesta por el PSOE.

En Unidas Podemos la sensación es que "le estamos dando una paliza al PSOE en feminismo", tal como comenta una fuente de Igualdad a este periódico. Montero no deja de agradecer "el liderazgo feminista de Pedro Sánchez" y, en cuanto tiene un micrófono cerca, agasaja a José Luis Rodríguez Zapatero y a la exministra Bibiana Aído, "la primera que ocupó la cartera de Igualdad en la democracia". 

Lo hizo el martes, cuando su nueva ley del aborto en Consejo de Ministros. Y lo repetía el miércoles en Twitter, cuando salía adelante el dictamen de su ley sólo sí es sí en el Congreso... a pesar de la maniobra de las socialistas para "colar una enmienda pactada con el PP, que hubiera hecho decaer la norma".

El PSOE acusa a Podemos y el resto de aliados (ERC, Bildu, CUP...) de "no tener resuelto el debate en sus propios partidos". Es decir, que "no quieren abolir la prostitución, sino regularla", porque no hay acuerdo interno "y el PSOE lo tiene muy claro".

Pero las colaboradoras más cercanas de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad celebraban en la carrera de San Jerónimo el triunfo, sin disimular, su satisfacción el miércoles por la tarde. Y seguían en la misma actitud tras la presentación de la propuesta de reforma del Código Penal, por parte del PSOE.

Comité CEDAW

Fuentes del Ministerio insisten en que "la lucha contra la impunidad" es uno de sus objetivos fundamentales. Pero que, especialmente en los delitos de trata de mujeres con fines de explotación sexual o proxenetismo, "su consecución hace necesario vincular las normas penales y los procesos de investigación del delito, con la identificación de las víctimas: un elemento esencial, que está en la base de la impunidad".

De hecho, se apoyan en informes de Naciones Unidas. Concretamente de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). "La Recomendación General 38 sobre trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración global, es clara al remarcar la necesidad de un abordaje integral frente a medidas parciales", apuntan estas fuentes.

En este sentido, recuerdan, "reconoce específicamente que 'el derecho penal no basta por sí solo para hacer frente al delito de la trata', en ningún caso". Y tampoco "para ofrecer reparación por este tipo de violencia sexual".

De modo que los estándares internacionales "apuntan a que la obligación de identificar es fundamental para asegurar las obligaciones de un Estado". El documento [consúltelo aquí en PDF] cita específicamente "la investigación y el procesamiento de los traficantes y la protección de las personas víctimas de trata".

Desde este prisma, concluyen, "no va a resulta eficaz reformar el Código Penal, como medida aislada y sin incidir normativamente sobre otros elementos que operan a modo de cuellos de botella". Y citan las citadas fuentes, como elementos que deben incluirse en la Ley de Trata: la identificación de las víctimas, las reformas para la mejora de la investigación de estos delitos, el refuerzo de la protección de las víctimas de trata y explotación sexual, o su acceso a la autonomía económica.