La nueva ley de secretos de Sánchez se ha anunciado cuatro veces en un año y lleva bloqueada desde 2017

Sin embargo, uno de ellos no sólo no es ninguna novedad, sino que ha sido anunciado al menos otras cuatro veces en el último año por el Gobierno y, además, ha sido bloqueado desde 2017 en el Parlamento, primero por el PP y luego por el PSOE. La ley de secretos oficiales es uno de los más proyectos de ley más anunciados y más frenados de la democracia.

Fue, incluso, negociado en sus líneas generales por el Gobierno de Sánchez con el PNV al inicio de esta legislatura, pero fue luego frenado por la Moncloa, hasta ahora que le ha servido al presidente para salir del apuro.

La norma, según la propuesta que sigue viva en el Congreso, supondría la desclasificación automática de documentos secretos sobre el 23F, los GAL y el rey emérito, entre otros. Al llegar a esos temas, el PSOE siempre ha aplicado su fuerza para parar la tramitación.

La Ley de Secretos oficiales en vigor es de 1968, siete años antes de aprobarse la Constitución, y pese a ser una ley franquista no fue cambiada por ningún Ejecutivo democrático. Sí ha sido utilizado por ellos para negar información pública. Por ejemplo, recientemente, por parte del actual Gobierno para no dar datos sobre el uso de los Falcon, aviones a disposición de los miembros del Ejecutivo.

La aprobación de este proyecto de ley antes de verano fue reiterada el pasado 11 de mayo por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ante la Comisión Constitucional. Este jueves ha vuelto a salir de la chistera de Sánchez como gran anuncio en el Pleno del Congreso.

El 9 de marzo, el propio presidente del Gobierno dijo en el Pleno del Congreso que la futura ley "establecerá el nivel de protección y clasificación, los órganos, las autoridades que puedan clasificar en los plazos para la desclasificación". Este jueves lo ha vuelto a anunciar.

Fuentes de Moncloa explican que se trabaja en el anteproyecto, aunque aún no se ha decidido nada sobre el texto y se espera poder aprobarlo en Consejo de Ministros antes de verano. Luego se enviará a informe a Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial y no llegará al Parlamento antes de 2023 para un largo trámite parlamentario.

Antes de este nuevo anuncio, el proyecto fue incluido a finales del año pasado en el llamado Plan Normativo para 2022. Ese plan habla de la Ley de Información Clasificada y se dice que "tendrá por finalidad adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las necesidades actuales y adaptarlo, asimismo, a los estándares internacionales". 

Su elaboración corresponde a los ministerios de Presidencia, Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa e Interior.

Y hace poco más de un año, en abril de 2021, ya se anunció la creación de una comisión dirigida por la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, e integrada por Defensa, Interior y Exteriores. Esa comisión no se reunió ni se avanzó y quedó en anuncio en medios de comunicación.

Reuniones con PNV

Sí hubo varias reuniones del PNV con Defensa para ver las líneas generales, como los años para descalificación automática o el control de la catalogación de materias secretas, pero cuando Moncloa se llevó el tema todo se paró.

Entonces, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, dijo en una entrevista que ese anuncio "quedaría en agua de borrajas". Sabía lo que decía, porque el PNV presentó por primera vez en 2017 una proposición de Ley de Secretos Oficiales y siempre se ha dado contra un muro. Así durante dos legislaturas.

PP y PSOE se unieron para prorrogar los plazos de enmiendas y no tramitarla en la legislatura que empezó gobernando Mariano Rajoy y que concluyó con Sánchez en la Moncloa tras la moción de censura.

La proposición del PNV se basa en la desclasificación a plazo fijo. Un plazo corto de 25 años, prorrogables una sola vez para los documentos secretos y diez años improrrogables para los reservados. Es decir, supondría la desclasificación automática de documentos secretos sobre el 23-F, los GAL y el rey emérito, entre otros.

El PP presentó enmiendas para elevar ese plazo a 50 años y el PSOE hizo las suyas para endurecer aún más el acceso público de secretos de Estado.

Los nacionalistas vascos la volvieron a presentar en 2019, en el inicio de esta legislatura, y desde entonces el PSOE ha forzado en la Mesa del Congreso 80 ampliaciones del plazo de enmiendas para que se quede frenada en un cajón. Ahí quedará a la espera del proyecto del Gobierno.