El PP intenta avivar las diferencias entre Podemos y PSOE con sus ofertas de pacto en Defensa y Justicia

El PP intentará reavivar las discrepancias entre el PSOE y Podemos en el seno del Gobierno con las dos propuestas que ha anunciado este lunes, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y consensuar la política exterior de defensa y seguridad.

El PP de Alberto Núñez Feijóo busca profundizar así en la estrategia que ha seguido durante las últimas semanas, con la que pretende poner en evidencia que los dos socios de Gobierno mantienen posturas irreconciliables en cuestiones clave como el envío de armas a Ucrania, el reconocimiento de las pretensiones de Marruecos sobre el Sáhara o la política fiscal.

Feijóo tiene previsto enviar esta misma semana al presidente Pedro Sánchez y a todos los grupos parlamentarios su propuesta para consensuar la política de defensa y seguridad, de cara a la Cumbre de la OTAN que Madrid a acogerá a finales del mes de junio.

Boicot de Podemos

La propuesta tendrá tres ejes fundamentales: pedir a la OTAN que proteja todo el territorio nacional (incluidas las islas Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla), que refuerce en su estrategia el flanco sur de Europa frente a los países del norte de África y estreche la colaboración con los gobiernos de América Latina para defender valores como la libertad y la democracia.

El vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, ha recalcado en rueda de prensa que su partido pretende que este acuerdo sume a todos los grupos parlamentarios, como una suerte de Pacto de Toledo en materia de seguridad y defensa.

[Pedro Sánchez plantea un "despliegue de la OTAN" frente a África por temor a un conflicto como en Kiev]

Aunque los populares son plenamente conscientes de que la propuesta no tendrá el apoyo de Unidas Podemos, cuyos ministros piden públicamente la disolución de la OTAN y boicotearon, la semana pasada, el acto de conmemoración del 40 aniversario de la adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte.

Podemos ha llegado a denunciar que el Consejo de Ministros (en el que se sientan Ione Belarra, Yolanda Díaz y Alberto Garzón) ha adjudicado irregularmente, a dedo, la organización de la Cumbre de la OTAN de Madrid).

Crisis con Argelia

Fuentes oficiales del PP reconocen que tampoco es probable que respalden este pacto de Estado buena parte de los socios parlamentarios del Gobierno, desde Bildu a los independentistas de ERC, poco interesados en la defensa nacional.

La propuesta planteada por Alberto Núñez Feijóo servirá de nuevo para poner en evidencia la soledad del PSOE respecto a la mayoría de sus socios, ante las grandes políticas de Estado.

[Argelia rompe el tratado de amistad con España por su giro "injustificable" sobre el Sáhara]

Como ya ha ocurrido durante las últimas semanas, cuando todo el arco parlamentario ha condenado la decisión "unilateral" del presidente Pedro Sánchez de reconocer las pretensiones del Reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, que ha abierto una grave crisis diplomática con Argelia.

En su propuesta de Estado de defensa y seguridad, Feijóo ha recogido el espíritu de la idea lanzada por el expresidente del PP Pablo Casado, quien meses antes de su defenestración defendió la necesidad de incorporar a países de América Latina a la OTAN, con el fin de defender los valores democráticos en aquel continente.

[Casado propone sumar a la OTAN a Chile, Uruguay y Argentina como escudo frente a Cuba y Venezuela]

Esteban González Pons también anunció ayer lunes que, antes de un mes, Feijóo presentará en el Gobierno su propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal como le exigió el presidente Pedro Sánchez el pasado 7 de abril durante su encuentro en la Moncloa.

El PP accederá a renovar el CGPJ de acuerdo con lo previsto en la actual Ley Orgánica del Poder Judicial (es decir, por designación de los partidos políticos en el Congreso y el Senado), siempre que Sánchez acepte modificar luego el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

Tras escuchar a todas las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales, el PP quiere que el nuevo sistema garantice la "independencia" del poder judicial: es decir, que al menos una parte de los miembros del CGPJ sean elegidos por los propios jueces, y no por los partidos políticos.

Esta propuesta también augura un choque con los dos socios del gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que quieren mantener el actual sistema de designación política del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y supone una rectificación respecto a lo defendido de Pablo Casado, que condicionaba el acuerdo a que se modifique ya el sistema de elección.

Denuncia ante Bruselas

En rueda de prensa, González Pons advirtió ayer que la posibilidad de acuerdo en esta materia se romperá si el Gobierno decide designar unilateralmente a sus dos representantes en el Tribunal Constitucional cuyo mandato concluyó el domingo, 12 de junio.

El vicesecretario de Relaciones Institucionales sugirió que si el Gobierno recurre esta fórmula, no prevista por la Constitución Española (que prevé la renovación del TC por tercios) el PP lo denunciará ante la Unión Europea.

Algo que podría implicar la imposición de sanciones económicas a España -en un momento en el que está pendiente de llegar el grueso de los fondos europeos- porque Bruselas está vigilando estrechamente el cumplimiento del Estado de Derecho de los países miembros.

"El CGPG ya se encuentra en crisis, el Gobierno no debe extenderla al Tribunal Constitucional", advirtió ayer González Pons, quien reiteró que el PP mantiene la mano tendida para llegar a un acuerdo sobre la renovación del CGPJ.