Vox tiene el convencimiento de que logrará entrar en el Gobierno de la Junta de Andalucía tras las elecciones autonómicas que se celebran mañana. Esto, pese a que Juanma Moreno ha expresado su voluntad de gobernar en solitario, y a pesar de que las encuestas que auguran una victoria contundente del PP, que sumaría más escaños que toda la izquierda junta, podrían acabar forzando a Macarena Olona a apoyar su investidura sin fuerza para exigir consejerías.
Tal es el optimismo de la formación que viven los de Santiago Abascal a nivel nacional que sus asesores ya ultiman una Ley de Concordia que sustituya a la Ley de Memoria Histórica que aún rige en la autonomía. Esta sería la primera medida que pondrían encima de la mesa del candidato del Partido Popular para negociar tras el paso por las urnas.
Esto no debería sorprender. En primer lugar, porque Olona ha hecho campaña amenazando a Moreno con no apoyar su investidura ni abstenerse si Vox no entra en la Junta. Una postura maximalista que no ha achantado al todavía presidente andaluz, quien ha jugado con la idea volver a convocar elecciones si fuera preciso.
En segundo lugar, porque ésta —la derogación de la Memoria Histórica— es una de las primeras reivindicaciones que Juan García-Gallardo llevó a la mesa de negociación de Alfonso Fernández Mañueco para pactar la coalición que ahora gobierna en Castilla y León. También es una de las exigencias monolíticas de Vox en Andalucía.
No en vano, la derecha dura ya registró la Ley de Concordia —aún en fase embrionaria— el pasado mes de diciembre para derogar la de Memoria Histórica y Democrática que rige en Andalucía desde 2017. La norma fue impulsada por el Gobierno de la socialista Susana Díaz, pero continuada por Juanma Moreno en su coalición con Juan Marín.
Aquella norma registrada abogaba por reconocer a "todas las víctimas de la República, la Guerra Civil y el franquismo". Con este pretexto, exigía el cierre del Instituto y el Consejo Andaluz de Memoria Democrática, la suspensión de todos los expedientes abiertos en base a la ley actual y la cancelación de todas las actuaciones que derivaron de la misma, como el cambio de nombres en el callejero.
Pero Vox se quedó solo en la defensa de esta iniciativa: Adelante Andalucía y PSOE votaron en contra, mientras que PP y Ciudadanos se abstuvieron. El diputado popular Adolfo Molina justificó entonces su no adhesión a la norma argumentando que la formación a su derecha obraba por "intereses electorales" y "repitiendo el error de la izquierda", que consiste en no buscar "un acuerdo previo" entre los distintos actores políticos. Enrique Moreno, de Cs, acusó a Vox de "manosear" la palabra concordia.
Aún no se conoce el contenido final de esta nueva versión de la Ley de Concordia, que los asesores de la formación de Abascal (entre ellos el filósofo Iván Vélez) ya están ultimando. Esta, según ha podido saber EL ESPAÑOL, nace con la vocación de incorporarse tanto en las Cortes de Castilla y León como en el Parlamento de Andalucía.
Pero cabe recordar que Vox no logró la derogación de la Ley de Memoria Histórica, y que su norma sólo se incorporará en el decreto en esta materia, que seguirá rigiendo en la administración castellanoleonesa. Su adhesión de producirá antes del 30 de julio.
Así lo adelantó el presidente Alfonso Fernández Mañueco, que defendió la normativa como "elemento de reconciliación que evitará la utilización de la historia para dividir a los españoles". Estas palabras corresponden a su discurso de investidura, el pasado abril.
Por eso, y porque las expectativas electorales de PP y Vox no distan demasiado de los resultados obtenidos en Castilla y León, es posible que la exigencia de Macarena Olona de derogar la Memoria Histórica se quede a medio camino y se tenga que conformar con que su Ley de Concordia se integre dentro del decreto andaluz.
En la última encuesta electoral, confeccionada por SocioMétrica y publicada este pasado lunes por EL ESPAÑOL, el panorama parecía bastante decantado para la derecha. PP sumaría 47 escaños (la izquierda en su conjunto, 41) y Vox 21. Con esos resultados, los de Abascal se sienten con fuerzas para forzar una coalición de Gobierno y colocar su primera medida en la Junta de Andalucía.
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