Sánchez sólo controlará el TC por la vía rápida si entrega a Podemos la Ley de Vivienda

Los socialistas quieren tomar el control del Tribunal Constitucional lo antes posible, pero su propia reforma del CGPJ del año pasado se lo impide, ya que éste vio capadas sus funciones mientras permanezca en funciones.

Pero la iniciativa de Moncloa ha sido unilateral. Y la formación de Yolanda Díaz y Ione Belarra -ambas conocieron la iniciativa por la prensa- quiere sacar ventaja de la situación de necesidad del PSOE.

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La contrarreforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada a través del Grupo parlamentario Socialista para tramitarla por la vía de urgencia, y sin los informes del propio CGPJ o del Consejo de Estado -que habrían sido preceptivos en el caso de ser una medida del Gobierno- se registró en el Congreso pasadas las 13.34 horas del viernes. 

Es decir, a escasos minutos de que cerraran las puertas de la oficina -por falta de apoyos- y que no llegara a tiempo de ser calificada en la Mesa de la Cámara en tiempo de que la Junta de Portavoces la ponga en cola. El trámite, por la vía de urgencia y en lectura única, debe llevarla al hemiciclo la tercera semana de julio, que ya se había previsto habilitar ad hoc para el Debate sobre el estado de la Nación.

El camino de la ley

Pero como Pedro Sánchez ha entrado en ebullición después de la debacle electoral del 19-J en Andalucía, en ese pleno extraordinario se verán más asuntos. El ya referido, por ejemplo, y la citada Ley de Vivienda, cuya ponencia ha sido acelerada por el PSOE, necesitado de "medidas progresistas" con las que salvar su imagen ante los socios y aliados parlamentarios.

O, más concretamente, a la vista de los electores desencantados, con iniciativas que convenzan al llamado bloque de investidura.

Ocurre que Unidas Podemos, y más concretamente la impulsora de esa norma, Ione Belarra, vive en la insatisfacción absoluta con el texto que acabó saliendo del Consejo de Ministros. La norma se le encalló a Pablo Iglesias desde el primer día, forzó a Sánchez que Derechos Sociales fuese coproponente, junto a Transportes, en la negociación de los Presupuestos de 2021.

La negociación con José Luis Ábalos se dilató tanto que dio tiempo a que los dos salieran escopetados del Consejo de Ministros y el texto siguiera en un cajón. Belarra la reimpulsó y acabó por claudicar con un texto -después de volver a colarlo como condición sine qua non para las cuentas públicas de 2022- que no cumplía con sus deseos.

Pero Sánchez impuso el acuerdo, y Félix Bolaños halló una redacción del articulado muy interpretable, con plazos muy largos de cumplimiento y, sobre todo, con una regulación de los alquileres que sólo de palabra era tal.

Bandera de UP

En estos meses de tramitación parlamentaria, mientras el PSOE estaba a otras cosas, Belarra ha fraguado acuerdos para varias enmiendas fundamentales con los dos partidos que le han servido de muleta principal al Ejecutivo en lo que va de legislatura: Bildu y ERC.

No hay que olvidar que esta norma es una de las banderas con las que Unidas Podemos necesita salir del Gobierno, para poderla presentar a sus bases como compromiso cumplido. La propia Belarra viene de los movimientos sociales, y si en alguien se apoyó Iglesias al inicio de la andadura de Podemos fue en el activismo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinos y la lucha contra los desahucios.

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La ministra de Derechos Sociales, cuya formación ya presentó proposiciones de ley y enmiendas de la mano de estos aliados para presionar a los socialistas a pasar por su aro, tenía la intención de presentar batalla parlamentaria con estas enmiendas. Pero, según ha sabido este periódico, ahora quiere aprovechar un elemento de ventaja.

Posición de ventaja

El PSOE filtró la contrarreforma del CGPJ la noche del viernes sin haberla negociado, consultado o siquiera comunicado ni a Díaz ni a Belarra. De ahí el enfado de ambas líderes y de ahí el retraso de casi cuatro horas en el registro de la iniciativa en el Congreso, anunciado para las 10.00 de la mañana.

El PSOE quería la firma de Pablo Echenique, portavoz parlamentario de los morados en la Proposición de Ley, pero los líderes de Unidas Podemos se negaron.

Ahora aprovecharán la necesidad socialista de sacar adelante una iniciativa unilateral, pero en la que Sánchez ha apostado tanto. Unidas Podemos está de acuerdo en el fondo del asunto: "El PP es culpable de incumplir la Constitución" por no facilitar la renovación del CGPJ.

El bloqueo del órgano de gobierno de los jueces motivó la reforma de 2021 que, "con una intención motivadora", según fuentes socialistas, retiró competencias al Consejo en funciones.

Pero ahora, el bloqueo se ha trasladado al Tribunal Constitucional, en el que cuatro magistrados entraron ya hace dos semanas en el cumplimiento de su mandato de nueve años. La renovación debe hacerse, dos a dos, entre el Gobierno y el CGPJ, pero como éste sigue en funciones, la ley socialista se lo impide. Y eso es lo que quiere corregir ahora el PSOE.

En realidad, lo que buscan los de Pedro Sánchez es cambiar las mayorías del TC, ahora de 7-5 a favor de los vocales de extracción conservadora, a una proporción similar a favor de los progresistas. Y que sea esta nueva mayoría la que sentencie sobre la Ley del Aborto, la de Eutanasia, la ley Celaá de Educación...

Así, la coincidencia del debate y votación final en pleno de la norma con la lectura única del texto con el que el PSOE quiere rectificar su propia reforma del CGPJ de marzo de 2021, da a ventaja a Unidas Podemos. EL ESPAÑOL ha podido confirmar en fuentes del socio minoritario del Gobierno que le harán pagar a Sánchez ese precio.

Y que ésa fue la razón de que en la mañana del viernes -mientras eran presionados por el PSOE-, desde su cúpula, se explicara a este periódico que "la propuesta para cambiar la elección de los magistrados del TC no está acordada con Unidas Podemos. Es una decisión unilateral del PSOE".