El órgano asesor de la Comisión Europea en materia de estadísticas arremete contra la intervención del Gobierno de Pedro Sánchez en los acontecimientos que han llevado a la dimisión del presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo.
Una renuncia que se produjo tras las "reiteradas críticas públicas" de altos responsables gubernamentales sobre los métodos de elaboración por parte del INE de "estadísticas europeas", como la tasa de crecimiento del PIB o la tasa de inflación. Los ministros de Sánchez sostienen en que la primera es más alta y la segunda más baja de lo que calcula el INE.
"El Comité Consultivo Europeo para la Gobernanza Estadística expresa su seria preocupación por el contexto y las actuaciones en torno a la dimisión del presidente del INE. Este acontecimiento indica además una debilidad en el marco legal sobre estadísticas en España", afirma este órgano asesor en un inusual comunicado con apenas precedentes. En el pasado sólo se han enviado avisos similares a Grecia.
"La interferencia política sobre los métodos de compilación de estadísticas europeas es extremadamente perjudicial para la confianza de los ciudadanos en los datos. Más aún cuando las estadísticas son criticadas por políticos con el argumento de que dibujan una imagen 'equivocada' -es decir, demasiado negativa, de la evolución socioeconómica del país y por tanto del trabajo del Gobierno", señala el comunicado.
Creado en 2008, el Comité tiene como objetivo ejercer un control independiente del sistema estadístico europeo y verificar la buena aplicación del Código de Buenas Prácticas en esta materia. Está formado por seis expertos independientes (entre los cuales no hay ningún español), bajo la dirección del austríaco Aurel Schubert.
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"Cualquier actuación que socave la independencia profesional de un Instituto Nacional de Estadística debe ser denunciada", señala el propio Schubert en el comunicado.
Los expertos consideran que los comentarios y las críticas públicas al trabajo del INE pueden resultar útiles para la producción de estadísticas y contribuyen a la rendición de cuentas por su trabajo. Sin embargo, cuando dichas críticas provienen de políticos con poderes sobre el INE "pueden efectivamente considerarse como instrucciones del Gobierno al INE sobre cómo elaborar las estadísticas".
En este sentido, el Comité asesor resalta la obligación legal que tienen los Gobiernos de respetar la independencia profesional de los institutos de estadística, ya que así lo establece la normativa europea. "Los políticos que ejercen presión sobre los INE y otros productores europeos de estadísticas por lo que se refiere a los métodos de cálculo de ciertas estadísticas, como el PIB o la tasa de inflación, incumplen esta obligación", subraya el comunicado.
El Código de Buenas Prácticas deja claro que la "independencia profesional" de las autoridades estadísticas es lo que garantiza la credibilidad de los datos. También establece que los directores de los INE "son los únicos responsables para decidir los métodos, las normas y los procedimientos estadísticos, así como el contenido y el calendario de la publicación de las estadísticas".
Además, la legislación europea prohíbe expresamente a los directores de los INE seguir las instrucciones de cualquier Gobierno u otra institución. "Esto no sólo es una obligación legal para los directores de los INE sino también para los miembros del Gobierno que interactúan con ellos", destaca el comunicado.
El Comité asesor sostiene que España debería reformar su marco legal en materia de estadísticas, en particular para "establecer disposiciones claras sobre el nombramiento y la destitución del presidente del INE". Una destitución que nunca puede deberse a razones que comprometan la independencia profesional o científica.
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