El Gobierno informó en julio a las CCAA de su plan de ahorro energético y ninguna puso objeciones

El Gobierno asegura que informó a cada una de las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, a través de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), sobre los planes de ahorro energético. Incluso, les pidió expresamente ideas para incluir en el decreto aprobado el 1 de agosto, sin que ninguna administración enviara propuestas u objeciones.

La última ocasión en que se produjo ese contacto fue el pasado 28 de julio, cuando la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, reunió primero a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y luego la de Energía. En ambas están presentes los consejeros del ramo de todas las comunidades, aunque se da la circunstancia de que ninguno acudió de forma presencial, sino que lo hicieron todos vía telemática.

Una de las objeciones al plan es que no ha sido consultado con las comunidades y los ayuntamientos. El Gobierno alega que sí ha habido información y petición de propuestas y, además, ha convocado para el martes a las comunidades para aclarar sus dudas, tal y como tenía previsto.

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En esas reuniones, Ribera contó los planes en los que trabajaba el Gobierno para el decreto que iba a aprobarse el 1 de agosto. Explicó el acuerdo de la Unión Europea y la exigencia de reducir el consumo un 7% de manera urgente, siempre según el Gobierno.

El plan del Ejecutivo parte de que el 50% del consumo de energía es de la industria; el 25% es para generar más energía y el otro 25% para consumo ciudadano y pequeñas empresas. Según el Gobierno, reducir en la industria llevaría a una situación económica muy perjudicial y por eso sólo es posible incidir en el 25% de ciudadanos y pequeñas empresas.

Expresamente, la vicepresidenta pidió a los consejeros autonómicos propuestas e ideas. Antes de la aprobación del decreto el 1 de agosto no llegó ninguna, y a día de hoy tampoco.

Sólo Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, ha remitido este viernes una carta a Ribera pidiéndole una reunión para tratar los planes de reducción de consumo de energía.

Además, el 20 de julio, la vicepresidenta envió cartas a lo consejeros de todas las comunidades en la que se les informa de que se va a poner en marcha un plan de ahorro energético y se les convoca para tratarlo el 28.

Desde el 26 de mayo

Se da la circunstancia de que ya el 26 de mayo el Consejo de Ministros aprobó un “Acuerdo por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal” en el que se fijan criterios de ahorro energético en edificios públicos. Esos mismos criterios, incluyendo lo de los 19 y 25 grados en edificios, se han ampliado ahora a los establecimientos comerciales.

Después del 26 de mayo, ninguna comunidad se dirigió tampoco al Gobierno para poner objeciones a esa orden. 

La carta que Ribera les remitió el 20 de julio informa de ese plan aprobado para la Administración General del Estado y pide que lo apliquen en sus dependencias. Nadie pidió información adicional, ni aportó propuesta u objeciones.

“Aunque España cuenta con una mayor diversificación de fuentes de aprovisionamiento de gas que otros Estados miembros y actualmente contamos con un nivel de cobertura adecuado en los distintos vectores energéticos, se hace necesario acelerar las medidas de transición energética y adoptar un uso prudente de la energía para reducir nuestra vulnerabilidad ante posibles escenarios de escalada de la situación actual", decía Ribera.

Y su misiva, añadía: "Por ello, el pasado 26 de mayo, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal, con la finalidad de contribuir al ahorro y a la eficiencia energética y dos objetivos fundamentales: la racionalización del uso de los edificios administrativos y de sus instalaciones y la facilitación de la prestación de los servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante diferentes fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía”.

Les hablaba de “medidas para la racionalización del uso de edificios administrativos y de sus instalaciones, que permitan una reducción del consumo energético, principalmente mediante medidas de gestión, de rápida implantación y bajo coste”.

"Referencia" para todos

Por eso, les convocaba a la Conferencia Sectorial y les decía: "Te invito a que hagáis extensivo al ámbito de la administración autonómica las medidas de ahorro y eficiencia energética y movilidad sostenible. Las medidas contempladas en el Plan para la Administración General del Estado pueden ser una referencia aplicable a la mayoría de edificios e infraestructuras de vuestra Administración, aunque sin duda habrá nuevas propuestas, planteamientos o medidas que puedan ser también aplicables”.

Pero el Gobierno escribió también una carta a la FEMP en el que se le piden medidas de ahorro energético, sin que haya respuesta de los ayuntamientos, ni objeciones a la citada orden de mayo, según las mismas fuentes.

Ese acuerdo de mayo es el que habla de la iluminación de monumentos, sin que ningún ayuntamiento haya objetado su contenido. El decreto del 1 de agosto solo habla de apagar la iluminación de edificios públicos vacíos, es decir, fuera de horas de oficina.

Además, Ribera mantuvo dos reuniones con los portavoces parlamentarios (Vox no quiso asistir) en la que se les informó de los planes del Gobierno y se les pidieron propuestas. La segunda reunión se produjo el día después del acuerdo con Bruselas para reducir el 7% de energía.

A las dos reuniones, no habituales en la práctica del Gobierno, estaban convocados los portavoces del Congreso y entre ellos están los partidos que gobiernan todas las comunidades autónomas.