La nueva Ley de Secretos de Sánchez abre la puerta para que Cataluña monte su propio CNI

La nueva Ley de Información Clasificada que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con los partidos independentistas abre la puerta para que la Generalitat y el Gobierno vasco puedan dotarse de sus propios servicios secretos, a imitación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

Se trata de un objetivo que ERC y Junts han venido acariciando desde hace dos décadas, al considerar que se trata de una "estructura de Estado" básica para poder alcanzar la independencia.

El proyecto de Ley permite que los gobiernos regionales que tienen su propia Policía autonómica (como Cataluña, País Vasco o Navarra) puedan clasificar y desclasificar información, en las categorías de "confidencial" y "restringido", como ha informado EL ESPAÑOL.

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La redacción del proyecto de Ley es tan ambigua que permite extender el manto de secreto sobre casi cualquier materia. Los citados Ejecutivos autonómicos podrán clasificar como "confidencial" todo tipo de información que afecte a "los intereses económicos o industriales, el funcionamiento de los servicios públicos y la prevención, detección e investigación de delitos".

Los Mossos d'Esquadra ya tienen su propia Comisaría General de Información, con agentes no uniformados dedicados a recopilar datos sobre las posibles amenazas a la seguridad (como por ejemplo, la delincuencia organizada, el terrorismo yihadista o los grupos radicales violentos).

El proyecto de Ley da un paso más y permitiría a los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza actuar como unos auténticos "servicios secretos", con capacidad para proteger como "confidencial" o "restringida" la información que manejan.

Desvelar esta información será considerado como una infracción "grave", que puede acarrear multas de entre 50.000 euros y un millón. La información "confidencial" quedará protegida por la Ley durante un período de entre siete y diez años. El plazo de prescripción será de cuatro a seis años, en el caso de la información "restringida". Las citadas Administraciones autonómicas deberán crear para ello una "unidad de clasificación, reclasificación y desclasificación de la información".

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El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, alega que esta norma habría permitido a la Generalitat de Carles Puigdemont proteger como "confidencial" cualquier información sobre la compra de urnas para el referéndum ilegal de independencia del 1-O o sobre el personal y las actividades de sus "embajadas" en el exterior (que también fueron utilizadas para realizar tareas ilegales, como la contratación de los "observadores internacionales" que debían legitimar el referéndum).

De este modo, añade Bal, el proyecto de Ley de Información Clasificada que el Gobierno de Sánchez ha pactado con sus socios parlamentarios "da alas a los independentistas para que lo vuelvan a hacer".

El "CNI catalán"

Ya en 2010, el Tripartito presidido por José Montilla presentó su primer proyecto para que la Generalitat contara con sus propios servicios de inteligencia, lo que pronto fue bautizado como el "CNI catalán".

El proyecto inicial quedó reducido finalmente a una iniciativa más modesta, la agencia de ciberseguridad Cesicat, que también fue utilizada para encubrir gastos del referéndum ilegal del 1-O y que ha sido acusada de realizar tareas de espionaje informático contra rivales políticos.

Desde Ciudadanos, Edmundo Bal recuerda que los cuerpos de Policía (también las policías autonómicas) "no se dedican a fabricar secretos, sino a investigar delitos. En todo caso corresponde al juez, y nunca a la Administración, declarar secreta la investigación mientras se instruye la causa, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

De acuerdo con la Constitución, el principio de transparencia debe regir en todas las actividades de la Administración: la consideración de secretos oficiales constituye una excepción para proteger la información vital para la seguridad del Estado, alega el portavoz de Ciudadanos (Cs).

"Trocear" la seguridad nacional

Hasta ahora sólo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tenía la potestad de clasificar como secreta o reservada la información de las labores que desarrollar para neutralizar las amenazas a la seguridad nacional: por ejemplo, informes elaborados por agentes que se infiltran en grupos terroristas para evitar atentados, o el análisis de ciberataques a empresas españolas promovidos por potencias extranjeras.

Pero la nueva Ley de Información Clasificada, señala el portavoz de Ciudadanos, "permitirá ahora a los Mossos d'Esquadra y a la Ertzaintza actuar como unos servicios secretos".

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, durante la rueda de prensa de la presentación del Plan Zamora, este miércoles.

"Es un disparate poner esta potestad en manos de las comunidades autónomas", señala Edmundo Bal en declaraciones a EL ESPAÑOL. A su juicio, "trocear la seguridad nacional" no hará sino debilitar a las instituciones del Estado para luchar contra las amenazas exteriores.

Se trata, en opinión de Edmundo Bal, de una concesión más de Pedro Sánchez a los socios independentistas de los que depende el Gobierno, tras meterles en la Comisión de Secretos Oficiales del Estado, destituir a Paz Esteban como directora del CNI por el escándalo Pegasus y pactar la nueva Ley de Memoria Democrática con Bildu.

Secretos del 23-F

Los independentistas aprovechan todos estos pasos para debilitar al Estado, argumenta Bal desde Cs. Al respecto, recuerda que al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le faltó tiempo para contar ante los periodistas la información que Paz Esteban había facilitado a los portavoces parlamentarios sobre el caso Pegasus en la Comisión de Secretos Oficiales.

Ciudadanos cuestiona otros aspectos del proyecto de Ley de Secretos Oficiales, como los plazos previstos para desclasificar la información reservada. El partido naranja cree que a Bildu, ERC y el PNV les interesa acortar estos plazos, para "hacer daño al Estado" accediendo a información sobre los crímenes del GAL, el golpe de Estado del 23-F o sobre la Monarquía.

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En este sentido, Edmundo Bal pone el ejemplo de Francia, donde el plazo para desclasificar los secretos oficiales es de 100 años, sin prórroga posible. "Es necesario garantizar un relevo generacional", señala, "porque ningún agente del CNI va a poner información sensible en un informe, si puede ser desclasificado al cabo de 10 años", poniendo al descubierto sus fuentes. 

Acortar estos plazos, por tanto, debilita al Estado para luchar contra las amenazas a la seguridad nacional.

También el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, se ha mostrado este martes muy crítico con el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que a su juicio constituye un "ejercicio de pleitesía" del Gobierno para "agradar" a sus socios independentistas.

Todo ello, recuerda Rollán, después de que el Gobierno de Sánchez utilizara al CNI para espiar -con autorización judicial- a dirigentes de ERC como el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés con el software Pegasus.

Multas millonarias a la prensa

Pedro Rollán considera que lo deseable es que los dos grandes partidos, PSOE y PP, pudieran pactar las grandes cuestiones de Estados como la Ley de Secretos Oficiales.

Sin embargo, señala, "desde el minuto cero Pedro Sánchez decidió echarse en brazos de Podemos. Ha decidido pactar las cuestiones de Estado con ERC y Junts, las materias económicas con Podemos y revisar la Transición con Bildu", a través de la Ley de Memoria Democrática. "Pedro Sánchez ha decidido que estos sean sus socios y compañeros de camino", señala el vicesecretario del PP.

La Ley de Secretos impulsada por el Gobierno de Sánchez permitirá imponer sanciones de hasta tres millones de euros a quien difunda cualquier información clasificada como "secreto" o "alto secreto". Algo que pondrá más difícil el trabajo a los medios de comunicación, asume Pedro Rollán.