Todo lo que Griñán hará para ganar tiempo y dilatar la cárcel tras la sentencia del 'caso ERE'

El Alto Tribunal confirmó este miércoles que no hay duda de que conoció y permitió que se pagaran las ayudas sociolaborales a sabiendas del "descontrol" y de "las gravísimas ilegalidades".

También que no hizo nada para impedir el mayor fraude en la concesión de ayudas sociolaborales que se ha producido en España, un total de 679,4 millones de euros, por el que han sido condenados 15 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la época del PSOE. Entre ellos, otro expresidente, Manuel Chaves, pero únicamente a la inhabilitación para cargo público.

No obstante, Griñán intentará ganar todo el tiempo posible para dilatar el ingreso en prisión a sus 76 años. Ese ingreso depende de la Audiencia de Sevilla, al ser el órgano judicial encargado de ejecutar su condena cuando el Supremo se la remita. En su caso, de seis años de prisión y 15 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Desde que la sentencia íntegra vio la luz, su abogado, el exfiscal José María Calero, está analizando los 1.205 folios que la completan. No obstante, ya tiene claro que presentará un incidente de nulidad, que llevará aparejada una petición de suspensión de la misma y por ende de la entrada en prisión. El plazo es de 20 días.

Un recurso al TC

Además, también se plantea presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, para lo que dispone de un mes. Abogados de la causa creen que la mera publicación del fallo no debería ser suficiente para que los políticos condenados ingresen en prisión. 

[El TS dice que los fondos de los ERE se usaron "como si fueran propios" y "según intereses políticos"]

De hecho, según han remarcado a la Agencia Efe, el eventual incidente de nulidad debería paralizar la ejecución de la sentencia hasta que el Alto Tribunal lo resuelva y remita el procedimiento a la Audiencia sevillana.

En concreto, el abogado Juan Carlos Alférez, que representa al ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete, condenado por prevaricación pero absuelto de malversación, cree que el recurso de amparo ante el Constitucional "podría tener altas probabilidades de ser estimado".

Sin embargo, no paralizaría el ingreso en prisión por parte de la Audiencia, que juzgó en primera instancia esta causa. El rango de la pena impuesta está fuera de su doctrina sobre la paralización cautelar de condenas a prisión al estar situada en cinco años. La de Griñán es de seis.

Los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, junto a exconsejeros, durante el juicio de los ERE. EFE

No obstante, fuentes judiciales aseguran a EL ESPAÑOL que no es una regla absoluta y tendrán que analizarse varias circunstancias como la argumentación del recurso, los años que han transcurrido desde los hechos y la existencia, como en este caso, de votos particulares en el Tribunal en contra de la resolución. En esta cuestión se basa el citado letrado y a esta cuestión se agarrará la defensa del propio Griñán, que ve claves estos votos para evitar el ingreso en prisión.

Para las dos magistradas discrepantes, Ana Ferrer y Susana Polo, los acusados debieron ser absueltos de malversación -lo que les hubiera evitado las penas de cárcel-, aunque sí condenados por prevaricación. De hecho, creen que la condena a seis años de cárcel a Griñán se basa en "una mera especulación" sin "prueba seria y sólida" y consideran que supone un "sorprendente y significativo salto al vacío".

La petición de indulto

Tampoco paraliza de forma automática el ingreso en prisión la petición de indulto ante el Gobierno que ha solicitado la familia de Griñán, fundamentada "expresamente en razones de humanidad y equidad".

[Felipe González y Zapatero apoyarán la petición de la familia de Griñán para su indulto parcial]

En cualquier caso, el indulto es solo el último capítulo para evitar el ingreso en prisión del expresidente, que pretende ganar tiempo y retrasarlo hasta que el Ejecutivo se pronuncie. Ello conllevaría un plazo de unos seis meses, es decir, en precampaña de las elecciones municipales y autonómicas, con el coste electoral que puede suponer una decisión de este tipo.

Sólo el PSOE no ha valorado aún la sentencia del Supremo. El PP y Vox coincidieron en pedir que se cumpla la sentencia y que el Gobierno no se plantee el indulto para los condenados.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, tampoco quiere que el Ejecutivo del que forma parte indulte al expresidente andaluz. Eludió pronunciarse directamente sobre el trámite, pero repitió en dos ocasiones que uno de los objetivos fundacionales de su partido es terminar "con las peores prácticas del bipartidismo".

[Las claves del caso de los ERE: así queda la decisión de la Justicia tras el fallo del Tribunal Supremo]

Desde la Junta de Andalucía, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, instó al PSOE andaluz a que pida ya "perdón" a los andaluces porque, como dice la sentencia, "se podía haber evitado el mayor caso de corrupción de la historia".

Diputados socialistas andaluces han evitado pronunciarse durante el primer pleno del nuevo curso político excusándose en la revisión de la sentencia.

Su secretario general, Juan Espadas, que se negó hace unas semanas a firmar el indulto, debe intervenir hoy en para preguntar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la sesión de control. No obstante, durante las horas posteriores a emitirse el fallo el silencio ha sido absoluto.