El Gobierno olvida la reforma legal del CNI con la que quiso parar el escándalo de Pegasus

Se trataba de salir al paso del escándalo que esos días caía sobre el Gobierno como consecuencia de las denuncias de espionaje a lideres independentistas catalanes con el programa Pegasus.

Justo seis meses después y una vez disipado el humo del escándalo, fuentes de Moncloa aseguran que tal reforma ha sido frenada. Según estas fuentes, esta reforma legal se encuentra entre las que se han frenado ante la posibilidad de que puedan provocar tensiones en el final de la legislatura.

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Oficialmente, el Ministerio de Defensa, del que depende el CNI, asegura que "no hay ningún texto ni propuesta en este momento". Aún en el caso de que los trabajos avanzaran, esa reforma legal necesitaría de un procedimiento de aprobación largo, difícil de cumplir en los procesos electorales que se avecinan.

Además, sería una reforma legal delicada respecto a las posiciones de los socios parlamentarios del Gobierno y, por eso, Moncloa entiende que no es momento de abrir ese "melón legislativo", puesto que ni siquiera tendría garantizada una mayoría para aprobarla.

Entre esos socios están ERC y Bildu, que encabezaron la crítica al Gobierno por el espionaje de Pegasus, pero que finalmente han abandonado el asunto. Otra opción, según el Gobierno, sería intentar aprobarla con el PP, pero es evidente que la ruptura de las relaciones hace imposible pactar esta ley y cualquier otra. De hecho, no ha sido posible siquiera pactar la simple reforma constitucional para evitar que las personas con discapacidad sean llamadas "disminuidos" tal y como consta en el texto aprobado en 1978.

La intención del Gobierno es que el Parlamento apruebe antes de final de año leyes atascadas como la de vivienda, la ley trans, la de seguridad ciudadana y la de reforma del delito de sedición, para intentar que en el 2023 no queden leyes conflictivas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (d), este jueves en el Congreso de los Diputados. Kiko Huesca EFE

Además, los proyectos de ley que pueda aprobar el Consejo de Ministros a partir de enero tendrán ya dificultad para ser tramitados, no sólo por la polémica que puedan generar, sino por tiempo. En mayo habrá elecciones municipales y autonómicas que limitan la acción del Parlamento y en octubre deben disolverse las Cortes para las generales.

En esa situación de incertidumbre está el proyecto de ley de Secretos Oficiales. De hecho, fuentes del Gobierno creen difícil que pueda completar totalmente el procedimiento.

Esta nueva ley fue prometida por Sánchez durante los días de polémica sobre Pegasus, pasó por primera vez por el Consejo de Ministros en agosto y ahora está en fase de informe por los órganos consultivos. Luego tendrá que volver al Consejo de Ministros y, posteriormente, empezar el trámite parlamentario.

No es probable que pueda empezar el trámite en Congreso y Senado antes de principios de 2023 y empieza a ser incierto su camino. También porque todos los socios del Gobierno han rechazado su contenido que, por ejemplo, lleva a 50 años el plazo para la descalcificación automática de secretos. El Gobierno explica que para entonces no será conveniente abrir ese debate.