Sánchez, Bolaños y Belarra rematan la ley de vivienda: sólo falta concretar el tope del alquiler

En 2021, PSOE y Unidas Podemos ya firmaron un acuerdo de Presupuestos en el que se decía específicamente que la ley contemplaría los topes y fijaba a los ministerios de Transporte y Derechos Sociales –entonces encabezados por José Luis Ábalos y Pablo Iglesias– como proponentes de la norma, pero nunca llegaron a nada. No fue hasta la llegada de Raquel Sánchez e Ione Belarra, sus respectivas sucesoras, y la intervención personal de Félix Bolaños que la norma empezó a desbloquearse.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el ministro de Presidencia se reunió con Belarra a finales de diciembre para ponerle punto final a la ley, estancada desde febrero de 2022 por la negativa del PSOE a intervenir el mercado del alquiler. Salieron de allí con la idea de reactivar las conversaciones, las primeras desde octubre, y zanjar el asunto antes de que las elecciones apretasen demasiado. Funcionó.

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Desde entonces se han zanjado algunos de los puntos que más quebraderos de cabeza habían traído a la coalición. Algunos se firmaron hasta tres veces a lo largo de la legislatura, pero siempre se encontraron excusas para cancelarlos. Ahora, los dos partidos apelan a la discreción para no dinamitar los pactos, pero algunas fuentes señalan que ya hay avances en el más complicado: que la regulación del precio sea "efectiva".

Lo que esto quiere decir, a fin de cuentas, es desplegar una regulación de precios que permita a las autonomías acogerse a los mecanismos del Gobierno –reducir las condiciones– y dificultar las previstas piruetas legales de las que no quieran, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Todo esto en el mercado tensionado, es decir, en todos los territorios donde haya aumentado el precio por la falta de oferta.

Los socios han coincidido no sólo en el fondo de la medida estrella de la norma, sino en su trámite. La idea es modificar el texto para reducir a seis meses su plazo de aplicación, que inicialmente era de año y medio. Esta vacatio legis –el periodo de gracia desde que se aprueba hasta que se aplica una ley– entraría en vigor, por tanto, a las puertas de las elecciones generales.

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Según aclaran fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Belarra también intentó incluir la regulación dentro del plan anticrisis del Gobierno, pero Sánchez decidió reservarlo para la ley. Otro punto de encuentro a punto de resolverse es rebajar los requisitos para ser considerado un gran tenedor, que actualmente está en 10 viviendas, y sujetar todos los nuevos contratos de alquiler al índice de precios. 

En el caso de los pequeños, la nueva ley recogerá fórmulas para congelar los precios actuales e incentivos fiscales para tratar de bajarlos. Para Podemos, además, hay un especial optimismo en el acuerdo contra los desahucios, otro asunto espinoso, para dificultar los lanzamientos forzosos a familias vulnerables. La idea original de Belarra, no obstante, era prohibirlos del todo.

La ley más difícil

La vivienda ha sido históricamente el principal punto de choque dentro de la coalición, continuamente condicionada a los pactos presupuestarios y continuamente dilatada por las discrepancias posteriores. Todo pintaba a que las fórmulas estaban agotadas y el año electoral la enterraría para siempre, nada que ver con aprobarla en enero.

Las intenciones de ambas partes están claras –y coinciden– en ese sentido. Hace apenas una semana el Gobierno le pidió a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, que habilitara la ponencia de Vivienda este mes, que según la Constitución es inhábil a efectos parlamentarios. No obstante, en los últimos años siempre se ha mantenido la actividad legislativa.

Si todo sale como prometen los ministros implicados, el Gobierno dará carpetazo a su ley más difícil, al menos en lo que se refiere a las conversaciones intestinas. El proceso se puede resumir en una negociación fallida en diciembre de 2019, un primer acuerdo en octubre de 2020, un plazo de tramitación en febrero de 2021, luego otro plazo hasta febrero de 2022 y, finalmente, bloqueo en el Consejo de Ministros. Y ahora, si todo va según lo planeado, punto final en enero de 2023.