Sánchez apoya la ley que acaba con la neutralidad política en la universidad entre críticas en el PSOE

Desde el Ministerio de Universidades, perteneciente a la rama morada del Ejecutivo, aseguran que la norma ya fue aprobada por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso el pasado 23 de diciembre y que no hay previsión de cambiar ahora el sentido del voto en el Senado. En el ala socialista del Gobierno, directamente, ni se está discutiendo la posibilidad de modificarla.

La polémica nace a raíz de las enmiendas presentadas por ERC y EH Bildu a la ley y aprobadas en el Congreso, que podría fomentar posicionamientos políticos de los claustros universitarios al permitir que se analicen y debatan "temáticas de especial trascendencia social, cultural, jurídica, económica o política".

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Ese cambio se convirtió en el artículo 45.2.g de la ley y, aseguran los críticos, legalizaría situaciones como las ocurridas durante el procés de Cataluña: el pasado mes de noviembre fueron condenadas dos universidades catalanas por haberse posicionado del lado del independentismo, rompiendo así su neutralidad. Por ello, piden al Gobierno que en el Senado se elimine ese artículo.

El más crítico con la norma ha sido el socialista García-Page, que ha ahondado su enfrentamiento –más aún, si cabe– con Pedro Sánchez. El presidente autonómico dijo este martes que se trata de una situación "grave", que servirá para defender lo que sucedió y que "no se puede amparar en una ley". Además, aseguró que se salía del marco constitucional.

"Esperamos que no salga adelante así", trasladan desde el entorno del presidente autonómico a este diario. "El borrador original era aceptable. Pero esto ya no, y hay que poner un poco de cordura", añaden, pidiendo que caiga esa enmienda. Aseguran que nadie de la dirección del PSOE se ha puesto en contacto con ellos: "No tenemos noticias. Estamos a la espera".

Sin embargo, la postura mantenida por el Ministerio de Universidades apunta a que hay poco que debatir. Desde el departamento dirigido por Joan Subirats aseguran que la premisa de la crítica "es falsa". "El texto habla de debatir y analizar, que es a lo que se dedican las universidades, no hablan de posicionarse", aseguran.

"Esto es algo que no estaba en el texto que partió del Ministerio. Lo debatieron y aprobaron los grupos parlamentarios, no está que se puedan posicionar y se aprobó en el Congreso. Además, no entra en conflicto con la Constitución. Está finiquitado, no tiene por qué cambiar en el Senado", apuntalan.

Que Subirats se pronuncie

Con sus declaraciones, García-Page se sumó a un manifiesto promovido el mismo martes por la plataforma Universitaris per la Convivència denunciando eso mismo y que fue firmado por más de 1.000 profesores universitarios, entre ellos 350 catedráticos. "La función de un claustro es la de analizar y debatir cuestiones académicas, no políticas", explica Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada y uno de los fundadores de la asociación.

Calero recuerda que la función de las universidades está establecida por leyes superiores a la Ley de Universidades y que, de seguir adelante, lo llevarán ante los tribunales. "Atenta contra la pluralidad ideológica de las universidades, porque se impondrán como hegemónicas ideologías que no lo son", asegura.

Ante la respuesta dada a este diario por el Ministerio de Universidades, que defiende que se debatirían y se analizarían los asuntos, pero que no habría pronunciamientos, Calero pide que Subirats se pronuncie en público al respecto.

"Si es la opinión del ministro, que la haga explícita y se pronuncie censurando la ilegalidad de los manifiestos que hubo en las universidades catalanas", pide.