Sánchez no desbloquea Ceuta y Melilla pero empresas españolas optarán a 45.000 millones

Y si es cierto que a nivel económico y cultural se puede convenir en que los pasos adelante son sustanciosos, hay dos aspectos clave en los que el Gobierno no ha alcanzado sus objetivos: la inmigración irregular y el desbloqueo de las fronteras de Ceuta y de Melilla.

Después de casi 10 meses de trabajos en los 15 equipos mixtos que se constituyeron tras la cena del Iftar, a la que Mohamed VI invitó al presidente español el 7 de abril de 2022, Marruecos abre la puerta a que España participe de su Nueva Carta de Inversiones, un plan en el que Moncloa ha detectado hasta 45.000 millones de euros en oportunidades para las empresas españolas. Ese es el volumen de negocio en licitaciones públicas que prevé sacar a concurso Rabat hasta 2050.

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Sin embargo, dos de los asuntos imprescindibles para España siguen sin sustanciarse. La seguridad vinculada a la inmigración irregular -y que el país de origen acepte las devoluciones de marroquíes en situación ilegal- y el desbloqueo al paso de personas y mercancías hacia y desde las ciudades autónomas españolas.

Ambos puntos están incluidos en la llamada "hoja de ruta", que se selló entonces para la "nueva etapa de relaciones entre los dos reinos". Pero al cierre de la RAN, ni se ha logrado el compromiso expreso de Rabat para volver a aceptar la devolución o expulsión de sus nacionales en situación ilegal en España, ni Ceuta y Melilla tienen un calendario para dejar de vivir de espaldas al continente del que físicamente forman parte.

Los gobiernos autónomos de Juan Jesús Vivas y de Eduardo de Castro deberán seguir esperando a que Marruecos claudique y acepte la aduana comercial que nunca existió en Ceuta, por un lado, y la que Rabat clausuró de la noche a la mañana en Melilla, en 2018, por el otro.

Eduardo de Castro, presidente de la ciudad autónoma de Melilla. E.E.

Precisamente, De Castro lamentaba, en declaraciones a EL ESPAÑOL, que la leve mención que hace la Declaración Conjunta signada por los dos gobiernos "no se quede en palabras y se formalice lo antes posible por la vía de los hechos". El presidente melillense, de hecho, se siente decepcionado por el resultado de la RAN y exige "normalizar plenamente el paso de personas y mercancías a través de los puestos aduaneros terrestres y marítimos".

Fuentes del Gobierno explicaban a este diario, al final de la cumbre, que el asunto de las aduanas "se sigue trabajando". Y que "antes o después, lograremos que se sustancia, porque los dos países queremos la máxima fluidez en el paso de personas y mercancías".

Pero el hecho de que esos pasos fronterizos incluyan puestos comerciales para la importación y exportación de productos manufacturados o desembarcados en Ceuta o Melilla, supone el reconocimiento implícito de la soberanía española. Y Rabat todavía no ha dado su brazo a torcer en ese punto.

Decir lo que irrita

Por eso tenía valor real una de las afirmaciones clave del discurso de Sánchez ante el plenario de la RAN. El presidente español remarcaba "el compromiso mutuo" adquirido por ambas partes para "evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente, en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía".

La realidad es que, en ese aspecto, España -o el Gobierno de Sánchez- sí ha hecho su parte. Como recordaba Aziz Janouch, primer ministro marroquí, "la nueva etapa de relaciones entre los dos países es gracias al apoyo de España al plan de autonomía para el Sáhara". Lo repitió tres veces, en cada una de sus intervenciones, rematando con una valoración del conflicto de soberanía respecto a la antigua provincia española calificándolo de "artificial".

Sin reconocer explícitamente el Sáhara Occidental como territorio marroquí, Madrid ya le ha dado a Rabat lo que llevaba más de cuatro décadas reclamando, desde la Marcha Verde de 1975. Es más, fuentes del Gobierno advierten de que "la posición sobre el Sáhara se consolida, y además no cambiará en próximas RAN", más allá de que la siguiente -sea cuando sea- no la gestionará el actual Ejecutivo.

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Y sin embargo, Marruecos no hace lo propio con Ceuta y Melilla. Para ello, bastaría abrir las aduanas, como "reconocimiento implícito", también, según opina Moncloa. Y solución a otro sin más salida que la realidad soberana de ambas ciudades. Pero lo cierto es que Sánchez no ha logrado ni siquiera una sola mención a las dos ciudades autónomas en los documentos oficiales de la cumbre.

"Necesitamos a Marruecos, pero ellos también nos necesitan a nosotros", remata el presidente de Melilla. "Con un vecino debe existir reciprocidad".

Y aquí vuelve a operar la diferencia entre las palabras y los hechos. En esta "nueva etapa", el verbo evitar, elegido por Sánchez, quiere decir "no tomar acciones unilaterales", según los textos firmados. Es decir, como explicaba otra fuente del Gobierno, que "en cuanto salte la chispa de un conflicto, saber cuál es el canal determinado para llamarnos de inmediato y hablarlo con franqueza".

O lo que es lo mismo: "Hemos entendido que la única manera de avanzar es poder decirnos, incluso públicamente, cosas que al otro le pueden irritar", en palabras de un alto mando de Exteriores. Es decir, para lograr pasar de las palabras a los hechos en las aduanas, como exige De Castro, Marruecos y España se comprometen a olvidar la política de hechos y trabajar en la diplomacia de las palabras.

Aunque lo cierto es que el presidente melillense también tiene quejas en este punto, el de la diplomacia. "Mohamed VI no puede ausentarse cuando el presidente de España visita Marruecos", expresaba respecto al plantón del rey, que no ofreció audiencia a Sánchez. "Es una mala praxis diplomática de Marruecos. Si yo estuviese en el lugar del presidente Sánchez, presentaría mi disconformidad. Marruecos no puede tratar a España así. Se equivocan".

Por su parte, fuentes cercanas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitían que "queda trabajo por hacer" para poder alcanzar la normalización total. Tanto en las devoluciones de inmigrantes irregulares como en el asunto de las aduanas.

Porque además, hay otro aspecto, éste ya económico, que entra en juego: "Marruecos tampoco quiere perder volumen de negocio en su gran puerto de Tánger", remarca otra fuente presente en la cumbre.

Puente económico a África

Ése será un aspecto que deberá tratarse en conjunto con los avances económicos que sí aporta la Declaración conjunta de la cumbre. España ha firmado un Protocolo de Financiación con Marruecos por valor de 800 millones de euros para facilitar esas inversiones de empresas españolas en el país vecino.

"Hay una enorme cantidad de oportunidades en sectores muy concretos, con el nuevo plan de transformación económica", apuntan fuentes de Moncloa, "y no nos podemos quedar fuera".

Nadia calviño, vicepresidenta económica, charla con Raquel Sánchez, ministra de Transportes, antes del plenario de la RAN, en Rabat. ADP

Esta y sus acuerdos abren la puerta a que empresas españolas, además, "puedan participar en la inmensa cantidad de contratos públicos de sectores en los que hasta ahora no podíamos entrar", explican fuentes de Moncloa.

A pesar del prestigio de muchas de las multinacionales españolas, hasta ahora era muy poco habitual que compañías especializadas de nuestro país en transportes, construcción, infraestructuras, energías renovables o transformación digital se hicieran con licitaciones en el país vecino. Y al menos cinco de los acuerdos firmados trabajan en esa dirección.

Finalmente, ambos países quieren aprovechar su "cercanía geográfica" para actuar de puente recíproco en las dos orillas del Mediterráneo. Rabat quiere que Madrid le abra las puertas de Europa, y apuesta por "preservar y consolidar las privilegiadas relaciones" con la Unión Europea, para el fortalecimiento de su posición económica y política en el arco mediterráneo.

Y España quiere aprovechar el Tratado de Libre Comercio firmado por Marruecos y otros países del continente en 2018 para tener entrada en el mercado africano. De ahí que los memorandos de entendimiento firmados contemplen "asociaciones conjuntas" de empresas hispanomarroquíes, y la "identificación de oportunidades" de negocio entre el fondo soberano Ithmar Capital y la sociedad española Cofides, dependiente del Ministerio de Industria.