La 'comisión Pegasus' de la UE amenaza a Sánchez con poner a Europol a analizar el "espionaje a catalanes"

Europol es la agencia de la Unión Europea para la cooperación policial. Fundada en 1998, está definida como "el órgano encargado de facilitar las operaciones de lucha contra la delincuencia en el seno de la UE". Como reflejan las conclusiones de la misión de europarlamentarios, ésta desconfía de la "transparencia" e "independencia" de las investigaciones del caso en España. 

Pero lo cierto es que los trabajos se pueden calificar de polémicos porque la delegación se han centrado sólo en el presunto "espionaje masivo a catalanes", tal como dejó escrito la ponente de la Comisión PEGA, la eurodiputada neerlandesa Sophie In 't Veld, en su borrador del pasado mes de noviembre.

Y esto ha sido así por dos razones. Primero, por "la agenda propia" de la citada política liberal holandesa, "que da por demostradas afirmaciones que sólo son meras hipótesis" recogidas en el documento CatalanGate, que publicó Citizen Lab -un instituto dependiente de la Universidad de Toronto- hace ahora un año.

Ese informe quedó desacreditado por otra publicación de la Eurocámara, un trabajo de 237 páginas elaborado por Javier Olivas, experto de la London School of Economics y de la UNED. En este documento se detallan al menos 22 deficiencias de la presunta investigación de Citizen Lab, entre ellas que fue dirigida por una de las supuestas víctimas, Elíes Campo, investigado por su implicación con los CDR y el llamado Tsunami Democràtic.

La segunda razón que ha motivado que sólo se aborde el presunto espionaje a independentistas es "porque el Gobierno no ha estado a la altura para defender al Estado", según Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior y miembro de la misión, en representación del Partido Popular Europeo.

"El lunes, todo el foco fue para la comisión Pegasus del Parlament", lamenta Zoido, en conversación con EL ESPAÑOL. "Y el martes para Pere Aragonès, que se presentó como víctima". Así, remarca, la imagen de España sufre "pese a que nuestras leyes de control de los servicios secretos son de las más avanzadas de Europa" y, además, In 't Veld se ha visto corroborada, permitiéndose poner en duda, incluso, "la independencia de las investigaciones en nuestro país".

Pere Aragonès y la consejera Meritxell Serret, durante la reunión con la 'misión Pegasus' de la Eurocámara, en Madrid. Govern

Esto último queda reflejado, de hecho, en otra de las conclusiones de la misión: "Hubiera sido útil escuchar más sobre esto y aclarar estas cuestiones con el ministro [de la Presidencia], Félix Bolaños".

De hecho, la Eurocámara solicitó entrevistarse con el mismo presidente, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, todos ellos en su doble condición de responsables de la seguridad y víctimas del espionaje con Pegasus.

"Solicitamos reunirnos con Bolaños porque él mismo fue quien presentó la denuncia ante los tribunales", explica otro miembro de la delegación. Efectivamente, el titular de Presidencia compareció el pasado mes de mayo en Moncloa, junto a la portavoz, Isabel Rodríguez, para desvelar que el teléfono móvil de Sánchez había sido violado. Que el Gobierno haría una revisión de los terminales de todo el Consejo de Ministros, y que denunciaría el caso ante la Justicia.

Después se conocieron las infecciones con Pegasus de los teléfonos de Robles, Marlaska y del titular de Agricultura, Luis Planas. Las fechas de la intrusión, del 19 al 31 de mayo de 2021 -coincidiendo con lo más duro de la crisis política con Marruecos- y el hecho de que los móviles asaltados eran los de los ministros de la seguridad y el de Planas, exembajador en Rabat, dirigieron las sospechas a Marruecos.

Aun así -y a pesar de los claros indicios-, la misión de la Eurocámara rechazó investigar la vertiente marroquí del caso de espionaje. Como informó EL ESPAÑOL este martes, a los pocos días de la denuncia del Ejecutivo, la reunión de coordinadores de PEGA exoneró al régimen de Mohamed VI desechando el envío de una misión a la capital marroquí, como había solicitado Jordi Cañas, europarlamentario de Ciudadanos.   

Las conclusiones de esta visita a España, finalmente, sí incluyen une breve mención a Marruecos, pero también en el contexto de la poca información que ha podido recabar la misión del Ejecutivo: "Parece que el uso de spyware en España no se puede atribuir a ninguna instancia de grupo o personas. No está claro quién espió exactamente a los miembros del Gobierno español, aunque los terceros países parecen sospechosos plausibles, y muchos factores apuntan a Marruecos".

Dudas sobre el Gobierno

"Tomamos nota de las investigaciones ya realizadas por el Defensor del Pueblo y la Audiencia Nacional", apunta la delegación de europarlamentarios, "al tiempo que conocemos que existe un escrutinio sobre el uso del Poder Ejecutivo en España", una expresión muy dura para una misión de la Eurocámara. Según fuentes europeas consultadas, "rayana en lo fuera de lugar".

Las conclusiones de la misión arrojan una sospecha clara sobre la actuación del Gobierno español al elevar sus dudas sobre la legalidad y la cantidad de escuchas impulsadas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). "Queda sin responder por qué se produjo el reemplazo de la directora del CNI, si las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado fueron legítimas", se pregunta la delegación del Parlamento Europeo.

Además, se cuestiona "por qué sólo 18 de los 65 casos denunciados han sido sustanciados por una orden judicial, como afirma el CNI". Se le da presunción de veracidad al victimismo de los independentistas catalanes al reflejar que el comité no entiende "cómo 47 personas han recibido alertas creíbles de infección sin más evidencia de procesos judiciales en su contra".

Se exige, para satisfacer a las posibles víctimas, mayor "transparencia" y unas "investigaciones exhaustivas". Y se recuerda que "hay quienes sienten que las investigaciones avanzan con lentitud", por lo que se reclama que "concluyan en el tiempo adecuado para disipar las dudas que queden". 

Dudas sobre la Justicia

Los eurodiputados explican que el secretario de Estado para la UE -el funcionario de mayor rango del Gobierno Sánchez que los recibió- les dio cuenta de que se puso en marcha una "revisión de la Ley de Secretos Oficiales, de décadas de antigüedad" y varias investigaciones en el CNI.

Pero se pone en duda la voluntad del Ejecutivo de Sánchez, ya que se le urge a tomar estas acciones "con celeridad, antes de que se acabe la legislatura"... y tampoco se entiende "por qué se impulsaron esos cambios en la ley" si las pesquisas internas en el CNI y del Defensor del Pueblo no han arrojado mayor luz al caso.

Las conclusiones preliminares de la delegación de nueve europarlamentarios, al acabar su visita de dos días a Madrid, incluso pone en duda a los tribunales españoles: "Si bien creemos que España tiene un sistema de Justicia independiente con garantías suficientes, también vemos la necesidad de implementar nuevas reglas que podrían ayudar a prevenir" el uso de software espía.

Porque, "aunque la vigilancia puede ser legal en circunstancias bien definidas, los investigados tienen derecho a acceder a recursos legales", apuntan las conclusiones. "Ésa fue una de las afirmaciones de Aragonès", apunta uno de los eurodiputados presentes.

"También clamó que es el cuarto president objeto de investigación", recuerda Zoido. "Tuve que recordarle, ante el resto de eurodiputados, que su predecesor, Quim Torra, pidió 'apretar' a los CDR, que fueron calificados como organización terrorista por el juez; y que el anterior, Carles Puigdemont, es el que negoció 10.000 soldados rusos para 'asegurar' la independencia".

A pesar de este intercambio durante la cita con Aragonès, que fue entrevistado en su calidad de "víctima", las conclusiones de la polémica misión de la Eurocámara terminan por arrojar más sombras sobre las instituciones españolas, que justificarían el envío de Europol para esclarecer el uso de spyware en España.

"Según lo declarado por las presuntas víctimas, tuvimos la impresión de que no siempre [se les ha dado tutela judicial efectiva], pues afirman que los procesos se arrastran durante mucho tiempo sin acción y que sienten que no han sido investigados de manera imparcial y neutral".