Escándalo en la Justicia: Mozo cobra 151.000€ como presidente del TS y del CGPJ, sin pisar el tribunal

Las funciones de presidente del Tribunal Supremo las ejerce de forma interina Francisco Marín, que las asumió por ser el presidente de Sala más antiguo. Sin embargo, Marín -que, además, ejerce como vicepresidente del TS- sólo percibe su retribución como presidente de la Sala Civil.

De esta forma, Mozo cobra 151.000 euros anuales (más la antigüedad que le corresponde como magistrado) por un doble cargo del que sólo desempeña las funciones de uno de ellos, mientras que Marín atiende simultáneamente tres cargos y únicamente cobra por el que menos retribución tiene asignada (127.000 euros, más los trienios de antigüedad).

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Vocales del CGPJ califican de "anómala" y "escandalosa" esta situación porque Mozo "no puede cobrar por un cargo que ni le corresponde ni ejerce". "Lo de Dívar fue mucho menos", afirman.

Se refieren al expresidente del Tribunal Supremo y del CGPJ Carlos Dívar, que dimitió en junio de 2012 en medio de la polémica que siguió a la denuncia de un vocal de que había cargado al presupuesto del Consejo 12.996 euros por gastos de desplazamientos realizados los fines de semana.

El acuerdo del Pleno

Fuentes oficiales del órgano de gobierno de los jueces explican que la nómina de Rafael Mozo como presidente suplente, que ha sido fiscalizada por la Intervención del Consejo, se debe al acuerdo del Pleno del pasado 13 de octubre por el que fue designado para ejercer esa función al ser el vocal de mayor edad (71 años). La dimisión de Carlos Lesmes en protesta por la no renovación del CGPJ, que lleva en prórroga de mandato desde diciembre de 2018, hizo necesario elegir un sustituto.

En ese acuerdo se indicó que "el suplente del presidente ejercerá las funciones de éste en el ámbito estricto del Consejo General del Poder Judicial (...). Dispondrá de los medios atribuidos a ese cargo (....). Durante el tiempo que desempeñe la suplencia recibirá los honores y tratamiento y consideración y demás atribuciones propias del cargo".

Las fuentes oficiales sostienen que los "medios" y "atribuciones" del cargo de presidente suplente incluyen la retribución y subrayan que en los presupuestos del Consejo existe una "única partida por dos funciones hasta ahora indisociables", que es la que siempre ha correspondido al presidente del TS y del Consejo.

A su juicio, la "disfunción" es que, tras la renuncia de Lesmes, ahora dos personas distintas ocupan un "cargo presupuestariamente único". 

Preguntadas cómo es posible pagar a un cargo público por una función que no desempeña (presidente suplente del Tribunal Supremo), las fuentes oficiales dijeron que "no está prevista la forma de dividir esa retribución". Admitieron que tampoco se lo habían planteado porque la única partida existente para abonar la nómina de Mozo tras el acuerdo del 13 de octubre es la que corresponde al presidente del TS y del CGPJ.

"Sigue siendo vocal"

Pero ésa no es la única interpretación de ese acuerdo que existe en el seno del CGPJ. Consejeros que intervinieron en su redacción explican que el texto remarca insistentemente la condición de vocal del presidente suplente ("el vocal que ejerza la suplencia de la presidencia del CGPJ...", "en sus comunicaciones empleará la fórmula 'el presidente del CGPJ, p.s., el vocal D. Rafael Mozo'") porque "se daba por supuesto que debía seguir cobrando como vocal". Por ello, no era necesario plantearse cómo dividir la retribución correspondiente al cargo de presidente del TS y del CGPJ.

Consideran, además, que, de haberse querido modificar al alza la retribución, "se hubiera hecho constar en el acuerdo porque se trata de fondos públicos" y descartan por completo que el sueldo entre dentro del concepto "medios" o "atribuciones".

También recuerdan que el acuerdo del 13 de octubre obliga al presidente suplente a consensuar "con los demás vocales" (sic) las decisiones que Mozo tome "en materia económica", entre otros ámbitos. Por ello, consideran que si se ha aumentado el sueldo debería haberlo sometido o, al menos comunicado, al Pleno.

Agravio comparativo con el TS

En el Tribunal Supremo nadie se ha visto beneficiado por un aumento de sueldo: ni el presidente en funciones, vicepresidente en funciones y presidente de la Sala Civil, Francisco Marín; ni la magistrada Rosa Virolés, a cargo de la presidencia de la Sala de lo Social de forma interina, ni el magistrado Pablo Lucas, presidente en funciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

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Preguntado hace varios días por la razón por la que no ajusta las retribuciones de estos magistrados a los cargos que realmente desempeñan, el Ministerio de Justicia no ha dado ninguna respuesta a este periódico.

Fuentes del alto tribunal indicaron que el secretario de Gobierno ha enviado las certificaciones de los nombramientos en funciones al departamento de Pilar Llop, pese a lo cual no se ha hecho nada.

Las mismas fuentes indicaron que hace tres años, cuando Marín asumió las funciones de vicepresidente del Tribunal Supremo, desde el CGPJ se gestionó con el Ministerio el pago de la diferencia por el complemento de destino, sin obtener ningún resultado.

Ahora, cuando Marín se ha tenido que hacer cargo también de la presidencia en funciones del TS, Justicia ha sugerido que podría recibir una "gratificación" por presidir las Salas jurisdiccionales de los artículos 42 y 61, pero el propio Francisco Marín se ha negado a ello. Tampoco Lucas o Virolés han pedido la adaptación de sus nóminas a las funciones de presidentes de Sala que desempeñan, acumuladas a su trabajo como magistrados.