Sánchez descarta un pacto sobre la reforma del ‘sí es sí’ basado en las nueve enmiendas de Podemos

El primero en descartarlo es el propio Pedro Sánchez, quien en apenas medio año ha pasado de hacer frente común con Irene Montero a rebatir todas las propuestas salidas de su departamento, siete en total. El argumento del presidente del Gobierno –compartido por la ministra de Justicia, Pilar Llop– es que el marco penal que propone Podemos es "a veces excesivo y otras veces se queda corto".

Así lo señalan a este periódico fuentes cercanas a Sánchez, quienes remarcan que el equipo de la Moncloa tardó apenas unas horas en concluir que "las propuestas de Podemos son un error". La misma sensación se recoge entre los pasillos del Ministerio de Justicia, donde el equipo cercano a la ministra asegura que "de ninguna manera" se va a llegar a un acuerdo basado en el texto de los morados.

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La propia portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría, adelantó la mañana del lunes que la contrarreforma de Podemos era "muy similar, por no decir idéntica" a la que hace unos días presentaron ERC y EH Bildu, quienes redefinieron el polémico consentimiento para acercar posturas entre morados y socialistas. Sin éxito, de momento.

Llegados a este punto cabe hacerse dos preguntas. La primera, por qué PSOE y Unidas Podemos aprobaron juntos en el Consejo de Ministros la Ley de Libertad Sexual en agosto de 2022. La segunda, por qué Irene Montero sigue en su puesto si su ley va a acabar siendo otra.

Puntos de choque

A grandes rasgos, la norma equiparó los delitos de abuso y agresión sexual –todo pasó a llamarse "agresión"– para, en palabras del Gobierno, que el consentimiento y no la violencia pasase a ser el eje de la ley. Dos meses después, en octubre, empezaron las revisiones de condena a agresores sexuales juzgados con la ley anterior, que se cuentan oficiosamente por cerca de 800.

A partir de entonces, las versiones empezaron a divergir. Estos "efectos indeseados" –este es el argot que utiliza el Gobierno– emplazaron al PSOE a dar un paso atrás y presentar su propia reforma de la ley sin esperar al Ministerio de Igualdad. El motivo: detener cuanto antes las rebajas de condenas.

En su versión, el Partido Socialista introdujo un nuevo apartado al artículo 178, que define el consentimiento, y añadió más penas "si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad".

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Esta novedad encaminaría a los tribunales a reconocer la violencia o intimidación como un subtipo penal sancionado con hasta cinco años de prisión pero, a ojos de Igualdad, es inaceptable. Primero, porque volvería a diferenciar de facto el abuso sexual (sin violencia) de la agresión (con violencia), aunque todo se llame igual. Y segundo, porque cambiaría el paradigma del consentimiento.

Desde los despachos morados defienden que "el corazón" de la ley del sólo sí es sí se basa en esto mismo: que todo acto sexual no consentido es una agresión o, dicho de otro modo, que la falta de consentimiento significa la existencia de violencia.

A efectos prácticos, poco importa lo que opine Igualdad. La reforma del PSOE cuenta con el apoyo del PP y, entre ambos, acumulan más de la mitad de los diputados en el Congreso. Hoy por hoy, sólo es cuestión de tiempo que la reforma –que sigue su trámite parlamentario– sea aprobada en la Comisión de Igualdad el 18 de abril. 

El plan del PSOE es que llegue al Pleno del Congreso el 20 de abril, pero si no da tiempo a preparar un dictamen podría dilatarse hasta la semana siguiente. A partir de entonces, se trataría de ratificar cinco días después en el Senado para tener listo el cambio legal a las puertas de la campaña electoral, eso sí, con el voto del PP. Ese órdago también sigue su curso.