Toda la izquierda respalda que Irene Montero no dimita pese a unir a PP y PSOE contra su 'sí es sí'

En el momento de mayor tensión entre las izquierdas parlamentarias, con la sombra de la división a la vuelta de la esquina, nadie mueve un músculo contra Irene Montero.

La decisión de la ministra de Igualdad de no dimitir a pesar de ver desmontada la ley del sólo sí es sí se ha encontrado con un cierre de filas unánime a la izquierda del PSOE: todos la respaldan contra el pacto de los dos grandes partidos.

Apenas 24 horas después de que Pedro Sánchez admitiera estar discutiendo "cuestiones técnicas" de la ley con el PP, socialistas y populares anunciaron los primeros acuerdos –dos enmiendas y dos transaccionales– que verán la luz este jueves.

Fue el último síntoma de lo que todo el mundo esperaba: un pacto de Estado para reformar la Ley de Libertad Sexual, cuyos "efectos indeseados" han rebajado la condena de 943 agresores sexuales y excarcelado a 103, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A pesar de ello, el denominado espacio del cambio y el independentismo se ha puesto del lado de la ministra. Todos los partidos de izquierda consultados por EL ESPAÑOL coinciden en que Montero no debe dimitir –ni Podemos dejar el Gobierno– a pesar de ver frustrada su ley estrella y ver desautorizado su ministerio. Las culpas, en cambio, se lanzan hacia el PSOE.

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"Se les dio margen para negociar, tiempo para llegar a un acuerdo, y aunque la ley sea mejorable este no es el camino", señala a este periódico un dirigente de la izquierda no independentista. La sensación entre los partidos a la izquierda del PSOE, que ya han asegurado que votarán en contra de la reforma, es que "votar con el PP es votar en contra de los avances feministas".

El PP ya se jactó en su día de que la proposición de ley, presentada por los socialistas contra el criterio de Unidas Podemos, era un "corta y pega" de la que habían presentado ellos mismos a final de año. Estos días, el Ministerio de Justicia volvió a pronunciarse contra las enmiendas de su socio de Gobierno y volvió a tomar la mano de la oposición para reformar la ley cuanto antes.

Es una decisión que no se entiende a su izquierda. Si en ese espacio hay dudas sobre la ley, pero defiende la inocencia de la ministra, el independentismo se posiciona totalmente del lado de la norma. Distintos dirigentes separatistas llevan semanas defendiendo en público y en privado que la ley del sólo sí es sí "no puede reformarse sin el visto bueno de la madre", en referencia a Irene Montero, que fue su promotora.

La propia portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría, ya advirtió la semana pasada que la contrarreforma de Podemos era "muy similar, por no decir idéntica" a la que unos días antes presentaron ERC y EH Bildu, quienes redefinieron el polémico consentimiento para acercar posturas entre morados y socialistas, aunque con una clara tendencia hacia las tesis del Ministerio de Igualdad. Sin éxito.

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El respaldo de esa izquierda coincide incluso con otro insólito: el de miembros de las propias filas socialistas. Una histórica dirigente que ha ocupado cargos del Ministerio de Igualdad en gobiernos del PSOE explica que "cuando lanzas una proposición de ley, tiene una parte de aplicación que verifica cómo se interpreta esa ley. Sí, interpreta. No creo que tenga que dimitir Irene Montero", aclara.

Dos modelos distintos

El Ministerio de Justicia rechazó la semana pasada las nueve enmiendas de Podemos a la ley, el último intento de llegar a un acuerdo antes del jueves. Los socialistas no comparten las tesis de la titular de Igualdad, Irene Montero, de incluir la violencia y la intimidación como una agravante de las agresiones sexuales.

El PSOE sigue manteniendo la postura que ha defendido en los últimos meses: incorporar un subtipo agravado, castigado más duramente, cuando los delitos sexuales se cometan con violencia o intimidación. Fuentes del departamento que encabeza Pilar Llop sostienen que el modelo defendido por Podemos introduce penas desproporcionadas, por excesivas o por insuficientes.

Esta novedad encaminaría a los tribunales a reconocer la violencia o intimidación como un subtipo penal sancionado con hasta cinco años de prisión pero, a ojos de Igualdad, es inaceptable. Según su criterio, porque volvería a diferenciar de facto el abuso sexual (sin violencia) de la agresión (con violencia), aunque todo se llame igual, y porque cambiaría el paradigma del consentimiento.

Desde los despachos morados defienden que "el corazón" de la ley del sólo sí es sí se basa en esto mismo: que todo acto sexual no consentido es una agresión o, dicho de otro modo, que la falta de consentimiento significa la existencia de violencia. Toda la izquierda parlamentaria salvo el PSOE compra el argumento.