El Congreso aprueba la Ley de Vivienda que topa los alquileres y dificulta el desalojo de los okupas

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley del Derecho a la Vivienda impulsada por el Gobierno. El debate no ha estado exento de polémica, ya que abre las puertas a topar la subida de los precios del alquiler y distintos partidos consideran que dificulta el desalojo de okupas.

La norma ha sido aprobada por 176 votos a favor, 167 en contra y 1 abstención. Ahora sólo falta que sea ratificada en el Senado, algo que sucederá previsiblemente dentro de dos semanas, y su posterior publicación en el BOE.

El asunto de la okupación ha sido uno de los más mentados durante el debate de este jueves. La oposición ha acusado al Gobierno de favorecerla, entre otras cosas, porque la norma incluye una serie de requisitos que dificultan el desalojo de okupas, siempre que sean "personas vulnerables" y estén ocupando una vivienda de un gran tenedor.

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A través de esta norma, el Ejecutivo busca reglar que haya soluciones habitacionales para esas personas vulnerables antes de proceder al desalojo. La coalición de Gobierno insiste en que estas medidas no pretenden amparar ilegalidades como el allanamiento de morada. Pero los argumentos no convencen a la derecha del hemiciclo.

"Con las expectativas que han creado, los españoles esperaban otra cosa", ha dicho la diputada del PP Ana María Zurita, quien ha añadido que "esta ley sólo favorece a los okupas" y que será recurrida por las comunidades autónomas. Ahí, ha augurado, "caerá como la casa de los tres cerditos".

En una línea similar se ha pronunciado la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas. "Para lo que sirve esta ley es para que haya un colectivo cada vez más numeroso, el de los okupas. Ellos son los principales beneficiados", ha dicho.

Sin embargo, los partidos de izquierda han sacado pecho ante la norma. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado que en el mercado inmobiliario ha imperado, durante demasiado tiempo, "la ley de la selva, poniéndose del lado de los grandes propietarios, los fondos buitre y los bancos".

"Era hora de que haya una ley que ponga coto a la especulación", ha dicho, "Era fundamental incluir la regulación de los precios del alquiler", ha añadido.

Según la nueva ley, el tope del alquiler quedaría en el 2% este 2023 y el 3% en 2025 tomando como referencia un índice nuevo basado en el IPC. Cobrarán relevancia también las llamadas zonas tensionadas, que afectará no sólo a los precios del alquiler, sino también a la definición de grandes propietarios y que tendrán que ser declaradas por las comunidades autónomas.

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Las comunidades autónomas gobernadas por el PP ya han avisado de que no tienen intención de aplicar la definición de zona tensionada, algo que ha provocado tiranteces con el Gobierno. Especialmente con el PSOE, que acusa al principal partido de la oposición de ser un partido "antisistema".

Según Belarra, con la aprobación "no termina nada", ya que se va a trabajar "para que se cumpla hasta la última coma en todo el territorio de nuestro país". "Hoy pierde la banca, pierden los buitres, pierden los fondos de inversión y gana la gente", ha asegurado.

Sin embargo, la ley se aprueba con la sensación de descontentar a muchos. La norma ha generado una ruptura dentro del sector nacionalista del Congreso. Partidos como ERC y EH Bildu la apoyan, mientras que otros como el PNV o Junts la rechazan porque consideran que invade las competencias autonómicas.

Autoría disputada

El asunto de la vivienda va a ser clave en la campaña electoral del próximo 28-M; de hecho, lo está siendo ya en la precampaña. No en vano, el presidente Pedro Sánchez anuncia nuevas viviendas de protección oficial en cada comparecencia que ha estado haciendo en las dos últimas semanas. En ese frente, los dos socios del Gobierno se están enfrentando por enarbolar la bandera.

La Ley de Vivienda partió del ministerio de Transportes que ahora dirige Raquel Sánchez y la ministra ha estado presente durante todo el debate en el Congreso. Sin embargo, a última hora ha aparecido Belarra y ha tomado la palabra en nombre del Gobierno. Desde la tribuna, su discurso insinuaba que la autora era ella.

Después de Belarra, ha subido al estrado Raquel Sánchez. La ministra socialista ha asegurado que la ley "no va en contra de nadie" y que "protege a arrendadores y arrendatarios".

No ha habido reproches cruzados explícitos entre los dos socios del Gobierno, algo que sí ha pasado antes y por el mismo tema. De hecho, este jueves el tono ha sido conciliador y se han agradecido mutuamente el trabajo realizado en los últimos tres años para sacar adelante esta norma.

Sin embargo, el capitalizar los logros en materia de vivienda es un asunto fundamental para ambas formaciones y se ha notado en el Congreso y se notará en las próximas semanas.