Sánchez prepara un 'plan Cataluña' que junto a la amnistía entregará más inversión y competencias

Según fuentes del Gobierno, se trabaja hace semanas en ese plan global de rencuentro o reconciliación que se formalizará cuando sea rechazada la investidura de Alberto Núñez Feijóo el próximo 29 de septiembre.

La intención es darle trascendencia y solemnidad de acuerdo histórico, con voluntad de aportar soluciones que permitan cerrar el conflicto durante décadas, con estabilidad y durabilidad, según esas fuentes.

[Sánchez busca la renuncia 'expresa' de Puigdemont a la unilateralidad para dar su apoyo a la amnistía]

De esa forma, Sánchez y el equipo reducido que gestiona esta negociación pretenden cambiar el marco de la amnistía para convertirlo en ese acuerdo histórico para Cataluña. Irá seguido de una ofensiva de pedagogía política para hacer frente a las críticas y mitigar un posible desgaste, sobre todo, fuera de Cataluña.

La ley de amnistía se incluirá en un epígrafe de “desjudicialización” o de “tratamiento de conflictos políticos al margen de los tribunales”, según las expresiones utilizadas siempre en las conversaciones entre el Gobierno de Sánchez y el independentismo.

Sólo se aprobará la proposición de ley si hay acuerdo de investidura, y Moncloa pretende que la condición que acepte Carles Puigdemont sea la renuncia a la unilateralidad. Es decir, que nunca más utilicen vías no pactadas para forzar una declaración de independencia.

Esa condición en sí misma presenta dificultades de interpretación. Así, tras la última reunión de la llamada mesa de diálogo entre España y Cataluña, el Gobierno ya interpretó que ERC renunciaba a tal unilateralidad al aceptar la vía del diálogo, mientras que los independentistas lo negaron y aún a día de hoy aseguran que nunca renunciarán.

Una declaración expresa

“El acuerdo parte de la necesidad de poner fin a la judicialización de la vida política, partiendo del compromiso de conducir la actividad política e institucional de acuerdo al ordenamiento y los procedimientos democráticos, así como la eventual mejora de ambos mediante el diálogo y el consenso”, aseguraba aquel acuerdo.

Sumar, a través de su portavoz Ernest Urtasun, moduló ayer también esta exigencia y explicó que la sola aceptación del diálogo ya supone renuncia a la unilateralidad. Moncloa, en cambio, afronta la negociación con la idea de que haya una declaración expresa que le permita limitar el coste político de la amnistía. Algo así como que “el que acepta el procedimiento acepta el resultado”.

Además, ERC tiene especial interés en capitalizar la parte de ese plan o del acuerdo que se refiera a medidas económicas o competenciales. Por ejemplo, la cesión de la gestión de los trenes de cercanías a la Generalitat. También sobre un plan de inversiones para la comunidad autónoma y un compromiso para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.

Moncloa ha barajado también la posibilidad de discutir la recuperación como leyes orgánicas de algunos de los puntos anulados del Estatut y que fueron rechazados por el Tribunal Constitucional.

Otro de los puntos fundamentales que se baraja es la creación de mecanismos de resolución de conflictos, de diálogo o de estudio de las diferentes medidas. Algo parecido a la mesa de diálogo entre Cataluña y España en la que sólo participó ERC, pero también con Junts y con intención de que sea más operativa y con reuniones más frecuentes. Permitiría hacer un seguimiento de los acuerdos de investidura que puedan cerrarse ahora.

En ese foro se discutirían también futuras medidas a aprobar durante la legislatura, además de verificar el cumplimiento de los pactos.

En la última reunión de esa mesa, en julio de 2022, ya se negoció la “desjudicialización”, pero entonces se materializó en la reforma de los delitos de sedición y malversación. 

También se acordó el uso de las lenguas cooficiales en Bruselas y en el Senado, pero ese pacto no se puso en marcha. Ahora sí se ha hecho y se ha extendido al Congreso porque Junts lo exigía para elegir la Mesa de la Camara Baja y para empezar a negociar con Sánchez.

“Se proyectará la diversidad lingüística en el ámbito internacional, solicitando al Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno y facilitando la presencia de representantes de la Generalitat o su integración en la delegación española en todos aquellos foros internacionales que traten políticas con una dimensión lingüística”, decía aquel acuerdo.