El Congreso, primer Parlamento de un país de la UE con pinganillos pese a tener una lengua común

"Es políticamente lamentable, porque se está elevando a problema algo que nunca lo ha sido. Y es moralmente obsceno, porque se está haciendo por el interés político de una sola persona, Pedro Sánchez, para seguir en el poder", apunta Jordi Cañas, eurodiputado liberal de Ciudadanos, en conversación con este diario.

En la Unión hay 27 Estados miembros, y en sus instituciones hay 24 idiomas oficiales. El inglés lo es a pesar del Brexit, por ejemplo, porque es lengua oficial de Malta (además del maltés, que es el que se usa en su Parlamento) e Irlanda.

Austria no aporta ninguna lengua propia, ya que la del país es el alemán. Algo parecido le ocurre a Luxemburgo: son tres sus lenguas oficiales, el francés, el alemán y el luxemburgués... aunque el Gobierno del Gran Ducado jamás ha impulsado ese pequeño idioma en las instituciones, pese a ser uno de los fundadores. Como curiosidad: las leyes luxemburguesas se publican alternando artículos en francés y alemán, sin traducción.

Sí que hay tres países en la Unión en cuyas cámaras legislativas se permite hablar más de una lengua. Son Bélgica, Finlandia y, de nuevo, Irlanda. En el primer caso, ocurre que tiene dos idiomas, pero ninguno propio, ni tampoco común entre sus dos principales regiones: en Valonia se habla francés y en Flandes, neerlandés.

Por su parte, en Finlandia e Irlanda dos lenguas oficiales son indistintas en todo el territorio: el finés y el sueco, en el primer caso; el gaélico y el inglés, en el segundo. En ambos países, sus diputados pueden usar indistintamente las dos lenguas, y los reglamentos de las Cámaras prevén la traducción de discursos e iniciativas. Se puede... pero pocos lo aplican: finés e inglés son dominantes, respectivamente.

"Es que las lenguas están para entenderse, y el Parlamento es donde nos juntamos los representantes del pueblo para entendernos", responde Dolors Montserrat, exministra y vicepresidenta de los populares europeos en Bruselas. "La lengua común no necesita pinganillos, sólo los necesita Sánchez para comprarse una investidura con el dinero de todos".

Tres acuerdos

Los acuerdos del PSOE con los grupos separatistas y nacionalistas de Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG cristalizaron el pasado 17 de agosto con la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso. A cambio, se pactaron varias iniciativas, y tres de ellas incidían en la oficialidad de las lenguas cooficiales: en el Congreso, en la UE y en todo el territorio español para la relación de los ciudadanos con las administraciones.

Por eso este martes se reúne el pleno del Congreso, fuera de la tradición, antes incluso de la primera sesión de investidura. Se debatirá y votará la toma en consideración de un cambio del Reglamento impulsado por el PSOE, Sumar y sus socios independentistas. Y además, por decisión de Armengol, antes incluso de aprobarse, ya se aplicará la nueva normativa: los diputados ya podrán hablar en las lenguas propias de su Comunidad Autónoma, con traducción simultánea para el resto de diputados, la prensa y las taquígrafas.

También este martes, el Consejo de Asuntos Generales de la UE deberá "valorar, debatir y aprobar" una iniciativa de la presidencia de turno española en el mismo sentido. De hecho, ésa fue la redacción que impuso España a los Veintisiete, y forma parte de la reticencia de los socios, que no quieren asumir ese problema. "Aquí muchos le han dicho a la REPER española 'oiga, que nosotros no tenemos que ceder en nada'. Es decir, que es cosa de Sánchez", apunta otro europarlamentario.

Este periódico ya ha adelantado que la iniciativa no se aprobará. Las representaciones de Hungría, Eslovaquia, Suecia se han mostrado contrarias explícitamente, a preguntas de EL ESPAÑOL. Otros han preferido ser diplomáticos y advertir de su negativa bajo condición de anonimato, para evitar que España fuerce la máquina: uno de los tres grandes, uno de los fundadores y cerca de otra decena de Estados miembros no quieren agitar ese "avispero identitario".

La tercera iniciativa es la de que un catalán pueda dirigirse en su lengua a un juez de Salamanca; o un gallego pueda pedir empadronarse en su idioma a un Ayuntamiento de Murcia. Este plan se interpreta entre los eurodiputados españoles como una trampa para hacer creer en Bruselas que catalán, gallego y euskera son oficiales en todo el territorio español. Y no, como dice la Constitución, sólo en las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos los reconocen como cooficiales.

"Sánchez está provocando hartazgo abusando de la UE para ganar su reelección", apunta Montserrat. "Aquí nadie se explica lo que está pasando", añade Cañas desde la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

"El PSOE está abusando de las lenguas para enfrentar a los españoles entre sí, y para instrumentalizar unas instituciones contra otras", concluye, en referencia al intento de "colar", la semana pasada, la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en el orden del día de la Mesa (Bureau) de la Eurocámara. "Querían forzar la decisión y, así, presionar al Consejo de este martes, donde Sánchez parece que lo tiene crudo".

Base legal

La Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias es un texto del Consejo de Europa que data de 1992, negociado por representantes españoles del Gobierno de Felipe González (PSOE). Sin embargo, España no lo terminó de ratificar hasta el año 2001, ya con José María Aznar (PP) en Moncloa.

El documento es uno de los textos legales -junto a la Constitución y los Estatutos de Autonomía- invocados por la reforma del Reglamento que se lleva este martes a la Cámara Baja. Y es base para todas las iniciativas europeas en este campo, para salvaguardar la "riqueza cultural" de las lenguas.

"Pero en el Congreso español, el PSOE está comprando su poder a un precio que pagamos todos, en lo económico y en lo político", lamenta Montserrat. "Lo que están haciendo es darles un triunfo a los que imponen pinganillos para que parezca que nos hace falta un traductor para entendernos, para visualizar una mentira, que España no es una nación", sentencia Cañas.

Contrariamente, esa carta europea, de 43 páginas, prevé la protección e impulso de los pequeños idiomas sin Estado propio. Pero advierte, en su artículo 5: "Nada en esta Carta podrá interpretarse como un derecho que implique o que conlleve [...] realizar una actividad que contravenga el principio de soberanía e integridad territorial de los Estados".