El Congreso compra 450 pinganillos y ficha a 12 autónomos para traducir sus plenos políglotas
Armengol impone que las lenguas cooficiales se puedan usar en el pleno que debe decidirlo. Los nuevos gastos serán de casi 280.000 € hasta fin de año.
19 septiembre, 2023 03:34El Congreso de los Diputados sólo tiene, ahora mismo, unos 200 dispositivos auriculares para la traducción simultánea. Pero la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, ha decidido que ya se puedan usar las lenguas cooficiales.
En el pleno que este martes debe decidir si se toma en consideración la reforma del Reglamento para hacerlo posible... ya será posible. Y los servicios del Congreso han tenido que comprar 450 pinganillos más, alquilar transmisores y contratar como autónomos a 12 intérpretes a toda prisa.
Es decir, todos los gastos previstos de aquí a diciembre se acercará a los 280.000 euros, según fuentes de la Cámara. Los pinganillos costarán alrededor de 7.671,79 euros (IVA incluido), a razón de 17,05 euros cada uno. Pero el alquiler de los transmisores se elevará hasta los 45.907,34 euros de aquí a final de año.
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Los auriculares va por radiofrecuencia gracias a seis emisores de alta eficiencia y un transmisor de infrarrojos digital. El alquiler para posibilitar la traducción simultánea se hará con cargo al contrato de servicio de mantenimiento y mejoras ya existente. Los pinganillos, de un solo oído, serán distribuidos entre los diputados, los periodistas que estén en la tribuna de prensa y los invitados al hemiciclo.
Pero la contratación de los intérpretes para la traducción simultánea añadirá aún más gastos. Utilizando la normativa de contratos menores (los que alcanzan un importe máximo de 15.000 euros y evitan los procesos legales de concurso público con concurrencia) se va a contar con una bolsa de 12 trabjadores. Según han informado las mismas fuentes, serán trabajadores autónomos, los mismos que se encargan de las traducciones simultáneas en el Senado.
Estos profesionales homologados facturarán por servicio entre 80 y 100 euros por hora, según algunas fuentes. Los intérpretes teletrabajarán, ejerciendo sus labores desde fuera de la Cámara, "cada uno desde donde quiera", por lo que durante los plenos no estarán presentes ni en el hemiciclo ni ninguna otra dependencia del Congreso.
La señal del Pleno irá directamente traducida a las televisiones, las cabinas de prensa y por streaming, con el audio original y la voz del traductor por encima y con subtítulos en castellano. Dentro del hemiciclo habrá además dos pantallas para que los diputados puedan leer los subtítulos, una situada en la barandilla de la tribuna de prensa y otra en la de invitados.
La Cámara Baja también contratará, por un importe máximo de 8.469,99 euros, un servicio de transcripción al castellano de las intervenciones que se hagan en catalán, euskera y gallego. Al menos de momento, el Congreso ha obviado en todos estos servicios el valenciano, que también consta como lengua cooficial en el Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana.
Toda esta labor será necesaria para que las intervenciones de los diputados de ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG -u otros- que decidan emplear las lenguas que los Estatutos de sus Comunidades Autónomas reconocen como cooficiales junto al castellano puedan ser incluidas, como exige el propio Reglamento, en el diario de sesiones, que se publica exclusivamente en castellano.
Procedimiento
Este martes no sólo se aprobará la toma en consideración de la reforma presentada conjuntamente por el PSOE, Sumar, PNV, Bildu, ERC, Junts y BNG. Además se impulsará su aprobación por la vía de urgencia en lectura única. Todo ello para cumplir los compromisos del PSOE con los grupos independentistas que, el pasado 17 de agosto, a última hora, decidieron apoyar la elección de Armengol como presidenta y darle la mayoría a los socialistas de Pedro Sánchez en la Mesa, e iniciar los acuerdos de cara a la investidura del actual presidente en funciones.
El Pleno celebrará su sesión a partir de las 12.00 horas con este único punto incluido en el orden del día. Según las fuentes, habrá un turno de 12 minutos para cada uno de los Grupos impulsores de la iniciativa, que intervendrán de mayor a menor. Después habrá un turno para los partidos en contra de la medida, de otros 12 minutos por grupo. Posteriormente, turnos de réplicas, en su caso, de 5 minutos, y un turno final de fijación de posición para los grupos que no hubieran intervenido, con 7 minutos de intervención.
En estos discursos, por decisión de la Mesa, los representantes de la soberanía nacional ya podrán hacer uso de las lenguas cooficiales regionales. De hecho, los siete diputados de ERC ya han anunciado que así lo harán, "siempre en catalán, de ahora en adelante". Para el estreno este martes del uso del catalán, euskera y gallego en la Cámara Baja se contará con seis traductores, un número que en cada sesión puede variar en función de la necesidades.
Tras la votación de la toma o no en consideración, inmediatamente, se someterá a debate la "tramitación directa y en lectura única de la proposición". El procedimiento será con turnos de tres minutos para la fijación de posiciones de cada grupo parlamentario, en este caso, de menor a mayor. Una vez, votada la tramitación urgente, se suspenderá la sesión hasta el jueves, a las 9.00 horas, cuando se deberá votar, a favor o en contra, la reforma del Reglamento.
Otro de los acuerdos alcanzados con Junts y ERC fue el de impulsar la misma medida en las instituciones europeas. Y la casualidad ha querido que sea este mismo 19 de septiembre cuando sea sometida al escrutinio de los Estados miembros. La iniciativa exige la unanimidad de los Veintisiete y, tal como ha venido informando este diario, parece imposible que España la logre.
Aun a pesar de ser el país que ostenta la presidencia de turno del Consejo, el Ejecutivo de Sánchez se ha encontrado con reticencias de sus socios para convertirse en el único país con cuatro lenguas oficiales en la Unión Europea. Una mayoría de Gobiernos prefiere ha presentado anunciado su poco interés en la medida por cuestiones legales y constitucionales, por razones logísticas e incluso por el avispero identitario que podría provocar en sus propios territorios.