El póquer de Puigdemont: intenta presentar a Alay, Buch, Boye y Borrás como perseguidos políticos

En realidad, lo que escondía era un póquer de ases. Cuatro personas de su círculo de confianza que, según la interpretación del independentismo, deberían entrar en el paraguas de la amnistía: la expresidenta del Parlament Laura Borràs; el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye; su director de oficina, Josep Lluís Alay; y el exconseller de Interior Miquel Buch. Todos ellos están acusados de delitos ajenos al procés.

Fuentes cercanas a la negociación hacen hincapié en que la clave está en la forma de redactar el texto, en concreto "dos puntos" del cuerpo central que no aluden a las causas judiciales abiertas a raíz del 1-O, sino a delitos y conductas ligados al proceso independentista. Puigdemont cree que con esta fórmula se corría el riesgo de dejar fuera del alivio penal las dos macrocausas judiciales posteriores al referéndum, el caso Voloh y el caso Tsunami Democràtic, y pidió dejarlo más claro. El PSOE se negó.

[La Guardia Civil implica en el Tsunami al contable de Puigdemont y a su enlace con el Kremlin]

A última hora del jueves, cuando era evidente que ambas partes no se estaban entendiendo, el líder de Junts publicó un mensaje en Twitter en el que señalaba que "todas las precauciones son pocas" a la hora de "tratar con el sistema político español". Tres días más tarde, el domingo, volvió a la carga con un críptico mensaje contra el lawfare, o persecución jurídica, que es lo que cree que sufren sus allegados. 

Bajo esta misma interpretación, ciertas facciones de Junts insisten incluso en que la amnistía incluya también a Jordi Pujol y su familia, acusados de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad documental en delitos ajenos al procés. Actualmente, este extremo parece completamente descartado.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, participa activamente en el diseño de la ley de amnistía

El póquer

La tesis que defiende Junts es que Borràs, Boye, Alay y Buch han sufrido lawfare por sus ideales políticos y que, por tanto, también deberían ser amnistiados. Dicho de otro modo, esto vendría a suponer que todas las causas y procedimientos pendientes contra ellos no se basan en que hayan cometido delitos, sino en un plan para amedrentar, perseguir y boicotear su imagen pública por medio de los tribunales.

Pese a la incertidumbre de los últimos días, nada parece indicar que ni Pujol, ni Borràs, ni Boye terminen por abrirse paso dentro de la amnistía. Los dos primeros están procesados o condenados por delitos de corrupción y el abogado está procesado por blanquear dinero del narcotráfico. Nadie descarta, eso sí, que la expresidenta del Parlament pueda intentar acogerse a un indulto parcial, como propuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Josep Lluis Alay, hombre de máxima confianza de Carles Puigdemont. Efe

Laura Borràs fue recientemente condenada a cuatro años y medio de cárcel por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras haber fraccionado contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para beneficiar a un amigo suyo.

La cosa cambia con Buch y, sobre todo, con Josep Lluís Alay. El jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo está encausado en el caso Voloh, que investiga el desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al procés. En concreto, el papel de Alay habría sido redirigir ese dinero hacia el Tsunami Democràtic, lo cual podría entrar en el presunto paraguas de la amnistía, dependiendo de la interpretación.

[El abogado de Puigdemont gasta su última bala para tratar de esquivar su juicio en la Audiencia Nacional]

La mano derecha de Puigdemont también está procesado por lograr que la Generalitat pagase, con dinero público, un viaje que hizo en 2018 al referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia. En una pieza separada de Voloh, Alay también está siendo investigado por una presunta filtración de ficheros policiales reservados contra Puigdemont.

Por su parte, el antiguo responsable de Interior de la Generalitat Miquel Buch fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por contratar a un Mosso d'Esquadra como escolta personal de Puigdemont en Bélgica. Tanto él como el agente, Lluís Escolà, fueron fervientemente defendidos por el expresident en cuanto se conoció la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que les atribuía delitos malversación y prevaricación.

"Es un acto de barbarie", señaló Puigdemont sobre la condena. "Si no entendéis la razón de por qué no renunciaremos nunca a la unilateralidad y a la independencia, y por qué desconfiamos del Estado español, aquí tenéis una de las muchas que tenemos acumuladas", increpó entonces. Ahora, Buch es uno de los que más suena para ser amnistiados.