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Política NUEVA LEGISLATURA

¿Portavoces del Gobierno o del PSOE? Pilar Alegría sucede a 3 ministras amonestadas por falta de neutralidad

La Junta Electoral reprendió y sancionó a Isabel Celaá, a María Jesús Montero y a Isabel Rodríguez. Su testigo en el Gobierno lo coge la portavoz del partido.

26 noviembre, 2023 03:51

La ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha convertido esta semana en la nueva portavoz del Gobierno, la cuarta mujer que asume este cargo desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018.

Se trata de una dedicación que tiene su riesgo, pues sus tres antecesoras (Isabel Celaá, María Jesús Montero e Isabel Rodríguez) han sido amonestadas o sancionadas por la Junta Electoral. El motivo: utilizar la sala de prensa de la Moncloa tras las reuniones del Consejo de Ministros para lanzar mensajes de índole partidista o ataques contra otros rivales políticos. Es decir, por vulnerar la neutralidad de las instituciones para ponerlas al servicio del PSOE.

La polémica por la confusión entre lo institucional y lo partidista ha sido una constante durante la Presidencia de Pedro Sánchez. Estos días, y hasta que el PSOE haga un nuevo nombramiento, Pilar Alegría es al mismo tiempo portavoz del Gobierno y de la Ejecutiva federal de los socialistas

[La exsecretaria de Estado Hana Jalloul, favorita para sustituir a Pilar Alegría como portavoz del PSOE]

Aunque ambos cargos se disociarán probablemente el próximo lunes -ese día el PSOE podría aprobar el nombramiento de la exsecretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, como nueva portavoz del partido-, es sintomático que Alegría pase de las ruedas de prensa de Ferraz a las de la Moncloa, sin solución de continuidad. 

Pilar Alegría fue una de las apuestas de Pedro Sánchez en la remodelación de Gobierno de julio de 2021. Desde entonces mantiene la cartera de Educación y ahora amplía su exposición pública como la imagen del Gobierno.

Lo hace en una etapa especialmente convulsa, en la que la Presidencia de Sánchez depende de la negociación que el PSOE desarrolle mes a mes con Carles Puigdemont en Suiza, bajo la supervisión de cuatro verificadores internacionales cuya identidad se mantiene en secreto.

Isabel Celaá

Antes de la llegada de Pilar Alegría, Isabel Celaá compatibilizó la cartera de Educación con el cargo de portavoz del Gobierno. La Junta Electoral Central le impuso una multa de 2.200 euros por "realizar valoraciones políticas con connotaciones electoralistas" desde la sala de prensa de la Moncloa, en la precampaña de las generales de noviembre de 2019.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá realizó comentarios como el siguiente: "El Partido Socialista Obrero Español sale a ganar las elecciones".

La entonces ministra recurrió la decisión de la JEC, pero el Tribunal Supremo confirmó la multa de 2.200 euros, a las que tuvo que sumar otros 2.420 en costas judiciales.

Celaá mantuvo la portavocía del Gobierno hasta enero de 2020, y finalmente cesó como ministra en la remodelación de julio de 2021. En la actualidad es embajadora de España en la Santa Sede, un puesto especialmente codiciado por los políticos.

María Jesús Montero

Como Margarita Robles o Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero forma parte del "núcleo duro" de ministros que rodean a Sánchez desde su llegada a la Moncloa: mantiene la cartera de Hacienda desde junio de 2018.

En el nuevo Ejecutivo se ha convertido además en la vicepresidenta cuarta del Gobierno. Ella también fue portavoz del Ejecutivo durante un año y medio, entre enero de 2020 y julio de 2021.

Montero fue amonestada por la Junta Electoral por realizar declaraciones de "contenido electoralista" en una rueda de prensa del Consejo de Ministros, también durante la campaña del 10-N de 2019, como titular de Hacienda.

Aunque la JEC no llegó a imponerle multa, Montero realizó desde la sala de prensa de Moncloa otras afirmaciones de tintes partidistas en la precampaña de las autonómicas madrileñas del 4-M. Por ejemplo, pidió "poner un cordón sanitario a los partidos del odio", aludiendo supuestamente a Vox, y criticó sin mencionar nombres a los políticos que "hacen bromas sobre las balas y los cuchillos" que habían recibido algunos ministros. 

Isabel Rodríguez

Isabel Rodríguez ha sido portavoz del Ejecutivo desde la remodelación de julio de 2021 hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Ocupó primero la cartera de Política Territorial y luego la de Vivienda. 

Tras apercibirla dos veces, la Junta Electoral Central le impuso dos multas que suman 4.700 euros por realizar comentarios con "connotaciones electoralistas" desde la sala de prensa de la Moncloa, en la precampaña de las elecciones locales y autonómicas del pasado 28-M.

En su resolución, la JEC también obligó al Gobierno a retirar de la web de la Moncloa el vídeo de las ruedas de prensa en las que Isabel Rodríguez realizó "alusiones valorativas que descalifican la actuación de un determinado partido político [el PP], a la par que apreciaciones negativas respecto de su capacidad o sus intenciones".

En una de estas ruedas de prensa, Rodríguez afirmó que el PP actúa como "un partido antisistema que deslegitima las instituciones".

Pedro Sánchez también

Pero incluso el presidente Pedro Sánchez tropezó en la misma piedra. La Junta Electoral Central le impuso en enero de 2020 una multa de 500 euros por haber ofrecido una entrevista a La Sexta desde el Palacio de la Moncloa quebrantando el "principio de neutralidad", en plena precampaña de las elecciones generales del 10-N de 2019.

A preguntas del periodista Antonio García Ferreras, Sánchez lanzó mensajes de inequívoco carácter electoral como el siguiente: "El problema no es si va a ganar el PSOE por más o por menos. Necesitamos una mayoría parlamentaria amplia que garantice la estabilidad para poder sacar adelante todos los problemas que tenemos por delante".

Sánchez recurrió la sanción ante la Justicia por la vía de lo contencioso administrativo. Pero, en mayo de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la decisión de la Junta Electoral.

El presidente no sólo tuvo que pagar los 500 euros de multa, sino también 2.000 euros en costas judiciales a la Junta Electoral y otros 2.420 euros en costas al PP, que se había personado en el proceso. Los populares, presididos entonces por Pablo Casado, destinaron esta suma a una asociación benéfica.