La Mesa del Senado acuerda pedir informes al CGPJ y al Consejo Fiscal sobre la ley de amnistía

La Mesa del Senado ha acordado este martes, a propuesta del PP, solicitar informes al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo Fiscal sobre la proposición de ley de amnistía que el PSOE ha pactado con sus socios independentistas de Junts y ERC.

El escrito del PP aprobado por la Mesa de la Cámara Alta señala que la amnistía "conculca el principio de separación de poderes y el principio de exclusividad jurisdiccional" previsto en el artículo 117.3 de la Constitución.

Los populares consideran además que la norma tendrá "graves consecuencias en la misma configuración del Poder Judicial" y constituye "un fraude de ley", ya que se ha tramitado con la intención de reducir plazos y "prescindir" de informes consultivos.

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El PSOE registró la amnistía en el Congreso como proposición de ley de su Grupo Parlamentario, lo que le permite sortear así los informes de estos órganos consultivos y del Consejo de Estado (que serían preceptivos si la propuesta hubiera sido tramitada como anteproyecto de ley del Gobierno y aprobada por el Consejo de Ministros).

El PP ha usado ahora su mayoría absoluta en el Senado para subsanar este trámite y pedir que el CGPJ y el Consejo Fiscal se pronuncien sobre la ley de amnistía.

Ya el pasado 6 de noviembre, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó una declaración institucional en la que afirma que la amnistía a los encausados del procés "supone la degradación, cuando no abolición, del Estado de derecho en España".

En un acto organizado este martes en Bruselas por el grupo europeo liberal Renew, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha señalado por su parte que la futura ley de amnistía supone impulsar un "proceso constituyente por la puerta de atrás".

Del Barco también ha mostrado su preocupación ante la voluntad de ERC y Junts de apelar al lawfare (persecución judicial por motivos ideológicos) en las dos comisiones de investigación que se van a crear en el Congreso. 

"Si el poder político revisa las decisiones del juez, se está rompiendo el principio de separación de poderes", ha denunciado la presidenta de la asociación mayoritaria de la judicatura, "no podemos asumir que un pacto de gobierno diga que los jueces españoles prevaricamos".