Sánchez despedirá la Presidencia de la UE sin avances por conseguir la oficialidad del catalán
Se aleja la posibilidad de que Sánchez cumpla con Junts y ERC por apoyar el nombramiento de Armengol como presidenta del Congreso.
11 diciembre, 2023 02:53Pedro Sánchez cerrará la Presidencia de turno de la Unión Europea sin cumplir su compromiso, adquirido ante Junts y ERC, de que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales de las instituciones comunitarias.
El Gobierno llevará por cuarta vez la propuesta al Consejo de Asuntos Generales (CAG) de la Unión Europea de este martes, el último que se celebra bajo Presidencia española. Distintas delegaciones europeas consultadas por EL ESPAÑOL dan por hecho que la iniciativa (que debe ser aprobada por unanimidad de los veintisiete Estados miembros) no saldrá adelante.
No solo esto. Varios gobiernos de la UE consideran que España ha hecho un uso "abusivo" de la capacidad que le otorga el reglamento para elaborar el orden del día del Consejo.
[Bruselas estima en 132 millones al año el coste de reconocer catalán, gallego y euskera en la UE]
No es en absoluto habitual que el país que ocupa la Presidencia de turno lleve al Consejo hasta en cuatro ocasiones consecutivas una propuesta que no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada ni ha sido discutida previamente desde el punto de vista técnico.
Así ocurre con la iniciativa que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha llevado ya al Consejo en tres ocasiones para que catalán, euskera y gallego sean oficiales en las instituciones de la UE, sin los informes jurídicos adecuados.
Si, como todo indica, la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez no es aprobada este martes, será mucho más difícil que el próximo país que asuma la presidencia de turno de la UE (corresponde a Bélgica a partir de enero) vuelva a incluir, a corto plazo, la iniciativa en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales.
De este modo, se aleja la posibilidad de que Sánchez pueda cumplir su compromiso con sus socios independentistas de ERC y Junts.
[Albares afirma que la aprobación del catalán en la UE se conseguirá en "dos o tres meses"]
La Comisión Europea difundió este viernes un informe que cifra en 132 millones de euros anuales el coste de utilizar las tres lenguas en las instituciones europeas.
El portavoz comunitario de Presupuestos, Balazs Ujvari, aclaró que se trata de una "estimación preliminar", según la cual la introducción de cada lengua en los organismos de la UE tendría un coste de al menos 44 millones de euros anuales. Esta es la suma destinada cada año a la traducción e interpretación del gaélico (lengua cooficial de Irlanda).
Para vencer las reticencias de sus socios europeos, el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a que España asuma íntegramente este coste, a diferencia de lo que ocurre con el resto de lenguas oficiales comunitarias, que se sufragan con el presupuesto comunitario. Aun así, los demás Estados miembros siguen teniendo muchas dudas sobre la petición española.
Hay otro argumento más poderoso en contra de las pretensiones del Gobierno español: varios Estados miembros temen que esta decisión siente un precedente para otras reivindicaciones de sus propias minorías lingüísticas. También en los países que aspiran a incorporarse a la UE, como Ucrania, que cuenta con una importante minoría rusa.
Varios Estados de la Unión han asumido, además, que la propuesta de Pedro Sánchez responde a una cuestión meramente nacional. Sánchez asumió este compromiso el pasado mes de agosto, a cambio de que ERC y Junts apoyaran el nombramiento de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados.
En todo caso, se trata de la última oportunidad que tendrá el Gobierno de Sánchez de forzar una discusión sobre el catalán a nivel ministerial, ya que es el Consejo de Asuntos Generales final de la presidencia española. Eso significa que, siguiendo las prácticas habituales, el reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas en la UE sólo volverá a abordarse cuando haya posibilidades reales de acuerdo, que de momento son muy remotas.
Tras el Consejo de Asuntos Generales del pasado 23 de octubre, el ministro José Manuel Albares se mostró convencido de que la propuesta saldría adelante "en dos o tres meses". Pero hoy no está más cerca de cumplir esa propuesta.