Sánchez reivindica el crecimiento de la economía "con justicia social" y "sin corrupción"

Con casi una hora de retraso sobre el horario previsto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance, este miércoles, del año político y ha presentado el nuevo decreto anticrisis. Su discurso, algo acelerado y atropellado, ha comenzado presumiendo del éxito de su apuesta por adelantar las elecciones generales -"afortunadamente para nosotros"- y ha culminado reivindicando "que no hay dicotomía entre justicia social y crecimiento económico... es más, ésa es la mejor forma de crecer".

Incluso, Sánchez se ha permitido destacar un aspecto que hoy casi ni aparece entre las preocupaciones de los españoles, pero que para él es "reseñable, viniendo de donde veníamos con la anterior Administración". Para el jefe del Ejecutivo, sus Consejos de Ministros también brillan sobre los anteriores en que el suyo "es un Gobierno limpio, sin tacha de corrupción".

Y ahora, se apresta a trabajar con "cuatro años por delante para consolidar y ensanchar los derechos adquiridos y las transformaciones iniciadas... y sin corrupción", concluía con una sonrisa. Y más aún, luego se comprometió a quedarse en España, como presidente, "toda la legislatura, por supuesto", frente a las noticias que lo colocan aspirando a un puesto en la Unión Europea.

La comparecencia "ya tradicional" a final de año ha coincidido, este 2023, con un último Consejo de Ministros del año en el que el Ejecutivo debía aprobar la prórroga (o no) del escudo social, las medidas socioeconómicas "para hacer frente a los efectos socioeconómicos y la incertidumbre que provocan la guerra de Putin en Ucrania y, ahora también, la de Oriente próximo". Y precisamente, por eso, se retrasó la rueda de prensa.

Los ministros del PSOE y los de Sumar estuvieron debatiendo más de lo esperado sobre el contenido del real decreto. Según las fuentes consultadas, sobre todo, Yolanda Díaz puso especiales problemas en la reforma (o no) de los "gravámenes especiales" a las grandes energéticas y a la gran banca. Éste ha sido el último servicio de Nadia Calviño en Moncloa, arrancar a Díaz un acuerdo para abrir una puerta a que estos impuestos especiales se mantengan, sí, pero que sean reformados a lo largo de 2024.

La vicepresidenta primera se irá el lunes 1 de enero a presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El viernes 30 de diciembre, según anunció el propio Sánchez, "se hará la crisis de Gobierno" y conoceremos "a los protagonistas". No aclaró el presidente si habrá más cambios en su equipo, a sólo mes y medio de haberlo nombrado, o el ajuste será únicamente nombre por nombre.

Pero Calviño se irá con los deberes cumplidos. El acuerdo PSOE-Sumar para la coalición de Gobierno contemplaba el mantenimiento de ambos impuestos. Sin embargo, la vicepresidenta primera anunció hace unas semanas que "las circunstancias han cambiado" y convenía "revisarlos".

Al final, las dos cosas: bancos y energéticas seguirán pagando, pero Moncloa ha incluido en el decreto un retoque con descuentos en función de las inversiones en reindustrialización verde y digital. 

Sánchez leyó su discurso inicial muy rápido, dado que llegaba tarde a su cita con la prensa y "en pocas horas" sale de viaje a Irak. Este jueves, visitará a las tropas españolas en el país árabe, además de rendir sendas visitas al primer ministro, Mohammed Shia al Sudani, y al presidente, Abdul Latif Rashid.

El viaje a Oriente Próximo llega en plena polémica por la negativa de España a participar en la operación Guardián de la Prosperidad en el mar Rojo.

El presidente fue preguntado por ello, pero no aclaró nada. Es más, dio menos información que su propio Ministerio de Defensa. Porque hizo hincapié en que "hay que salvaguardar la operación Atalanta en el Índico" y que, por eso, hay que crear otra... pero no dijo nada de si España, efectivamente, rechaza estar en esta última. Sólo explicó Sánchez que "las circunstancias son otras, el enemigo es otro, y los peligros son distintos".

Otras preguntas de la prensa versaron sobre la "polarización" política, justo en el día en el que el término en sí ha sido elegido como la palabra del año por la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Real Academia Española y la Agencia Efe.

"Aquí hay quienes insultan y quienes somos insultados, quienes asedian y quienes somos asediados", repitió el presidente hasta en dos ocasiones. "Hay gobiernos de derecha que gobiernan con la ultraderecha y otros que lo hacen como si la ultraderecha los integrara... y no es aceptable que se bromee con el líder de otra formación política diciendo me gusta la fruta... quien hace eso debería retractarse. Y los medios, permítanme", insistió a los periodistas, "deberían condenarlo".

Sánchez, de hecho, no perdió ocasión -como en otras oportunidades- de arremeter contra la oposición. Este miércoles lo hizo presentándose como guardián del "decoro".

Recordó que el PP nunca le apoyó "cuando luchábamos a brazo partido por los fondos europeos", que el PP de Pablo Casado, "dos veces", y el de Alberto Núñez Feijóo, "otra vez", le rompieron "unilateralmente" hasta tres veces un acuerdo para renovar el CGPJ. Y que su Ejecutivo "dialoga con todos, por convicción y por necesidad, negocia con quien propone alternativas, y llega a acuerdos con quien quiere acordar".

Es decir, tradujo en palabras su condición de Gobierno en minoría ante sus aliados parlamentarios: todos los grupos de izquierda, los nacionalistas y los independentistas, no los que están a su derecha.

Los detalles del decreto

Desde Moncloa, ya se había anunciado la prórroga por un año de las ayudas al transporte público (Cercanías y Media distancia ferroviaria, autobuses interurbanos, y transportes locales y autonómicos), además de la prórroga de los impuestos a "los beneficios extraordinarios" del sector financiero y del sector energético. 

También se confirmó la retirada "gradual en los próximos seis meses" de las rebajas de impuestos a la luz y el gas. Esto último también fue motivo de larga discusión en el Consejo de Ministros, y el presidente no quiso dar detalles de cómo quedó el pacto final... si es que se alcanzó.

El oscurantismo de las respuestas de Sánchez y las experiencias previas con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, en la pasada legislatura, indican que podría haberse cerrado la reunión del Ejecutivo sin perfilar los últimos detalles. "Hasta que lo publique el BOE, hay tiempo", respondieron fuentes de Moncloa en ocasiones pasadas.

Finalmente, el "nuevo paquete de medidas anticrisis y de protección a los ciudadanos", según fuentes de Moncloa, es el siguiente:

Para todo 2024, serán gratis las Cercanías, las Rodalies, la Media Distancia y las líneas estatales de autobús, así como un descuento en líneas Avant. Sánchez apostilló que será "para usuarios frecuentes", pero no aclaró ese concepto. Habrá que esperar al BOE. 

También se mantiene la aportación del Estado a las CCAA del 30% de la tarifa de billetes urbanos e interurbanos, "siempre que las autonomías aporten al menos el 20% para alcanzar un descuento mínimo del 50%", insistió el presidente.

Como ya había anunciado el día antes EH Bildu, por mor del acuerdo del PSOE con la formación abertzale, se mantendrá la suspensión de los desahucios y lanzamientos "para hogares vulnerables sin alternativa habitacional" durante todo el año.

Y durante el primer semestre del año, se mantendrá el IVA en el 0% para "alimentos básicos" y en el 5% "para pastas y aceites". Se reducen las rebajas fiscales del IVA de la electricidad, el impuesto especial de electricidad y el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, que pasan del 5% al 10%. Y la rebaja del IVA del gas sólo "durante el primer trimestre del año".

En este sentido, para los hogares, se prorroga "el máximo descuento del bono social para familias vulnerables", y la "limitación a las subidas del precio de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano". Y para las industrias, seguirá en vigor la reducción al 80% de los peajes eléctricos para la electrointensiva y la flexibilidad en los cambios de contratos de suministro eléctrico.

Sánchez ha explicitado "la prórroga de los impuestos extraordinarios a las entidades bancarias y las energéticas", pero con la modificación normativa que deseaba Calviño: a partir del 1 de enero, "se puedan deducir las inversiones estratégicas relacionadas con la transición verde".

También se incluye el compromiso alcanzado con Díaz para la revisión en 2024 de ambos gravámenes, para que éstos, que nacieron como "extraordinarios, temporales y de solidaridad", se conviertan en una figura impositiva "de carácter permanente".

Finalmente, el cálculo de la inflación media de 2023 hasta el 30 de noviembre, le ha salido algo caro al Gobierno. La revalorización de las pensiones contributivas se hará al 3,8%, a pesar de que el mes se cerró con un IPC acumulado del 3,2%. 

Sánchez también dio cuenta de la "eliminación de las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla para personas mayores y con discapacidad", de las comisiones o compensaciones bancarias por "amortización anticipada de créditos a tipo variable", y de la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital para las autonomías que lo soliciten... un gesto que quizás incomode a Pere Aragonès, con quien pactó hace sólo seis días esto, dentro de los acuerdos bilaterales entre el Gobierno y el Govern de ERC, que lo mantiene en Moncloa.