Sánchez pretende que su cita con Puigdemont sea en España y pide garantías a Junts en los Presupuestos

El presidente y su equipo quieren establecer con el partido de Carles Puigdemont protocolos de actuación para evitar conflictos y, además, prevén que Sánchez pueda mantener su primer encuentro con el expresident de la Generalitat para después de la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Amnistía.

Es decir, cuando el encuentro pueda celebrarse en España, porque la proposición de ley registrada por el PSOE y que ya se tramita prevé que decaigan las medidas cautelares que pesan sobre Puigdemont, aunque se plantee una cuestión de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que suspenda la aplicación de la norma. La reunión podría ser, por ejemplo, en el Congreso, como la celebrada esta semana entre Santos Cerdán y Jordi Turull.

[La presión de Junts lastra también la tramitación de los Presupuestos: Moncloa no los tendrá en febrero]

En paralelo, el Gobierno sondea a sus socios parlamentarios para tener una cierta garantía de que será posible aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, que el Ejecutivo aún no ha presentado en el Congreso. Precisamente, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, la presión del partido de Puigdemont lastra el avance de los PGE y retrasa el plan de Moncloa de tenerlos listos en febrero.

El Gobierno quiere presentar a sus socios las líneas generales de esas cuentas — especialmente, a Junts— para que no se produzca la misma situación que con la convalidación de los decretos. Moncloa no quiere sobresaltos, carreras de última hora y, sobre todo, que en esa negociación se incluyan asuntos que nada tienen que ver con los Presupuestos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado estos días que su objetivo es que los Presupuestos terminen el trámite parlamentario en abril. Para eso tendrían que presentarse durante el mes de febrero, pero a día de hoy no hay fecha prevista y algunos trámites se han ralentizado.

Por el momento, en los últimos días, el PSOE cree haber conseguido un acuerdo sobre las enmiendas a la proposición de Ley de Amnistía, para que Junts mantuviera las suyas y el PSOE las rechazara.

De esa forma, los de Puigdemont logran ganar el relato de haber llevado hasta el final sus exigencias máximas y el PSOE puede señalar que no ceden a todo lo que se les pide. De hecho, los responsables socialistas aseguran que no se amnistiarán delitos de terrorismo. Pero, en realidad, sólo se excluyen de la medida de gracia los delitos de terrorismo con condena firme, no aquellos en los que hay investigados, procesados o acusados por esta tipificación, lo que beneficiaría a Puigdemont y Marta Rovira.

Moncloa cree que no corre peligro la aprobación de la Ley de Amnistía, porque esa norma es el objetivo primordial de Junts. Necesitan que se apruebe.

La otra prioridad de Junts son de las elecciones catalanas, que se celebrarán a finales de este año o principios del 2025. Por eso, el PSOE teme que, una vez aprobada la amnistía, los independentistas radicalicen su posición y hagan mucho más difícil la aprobación de las siguientes iniciativas. Esa es la razón de que quieran garantizarse la aprobación antes de iniciar el trámite de los Presupuestos.

Por eso, el Gobierno restringirá las iniciativas para evitar sobresaltos en ese periodo. Podrá presentar proyectos de ley porque su tramitación es larga, pero evitará decretos, según la conclusión a la que han llegado al recalcular su ruta por la presión de hace una semana.