ERC prevé una legislatura "corta" de Sánchez: "Lo que no esté amarrado este verano, ya no se logrará"

Las fuentes consultadas en Esquerra insisten en que su deseo sería que el Ejecutivo de coalición fuese estable. Así podrían continuar con el plan recogido en el acuerdo firmado por Oriol Junqueras y Félix Bolaños el pasado mes de noviembre: traspasos de "competencias pendientes" y que los acuerdos adoptados por la Mesa de Diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central sean "refrendados por el pueblo catalán".

Éste es el plan trazado hace ya años, explica la cúpula republicana: convertirse en un partido más "pragmático y transversal en beneficio de los ciudadanos de Cataluña", con la autodeterminación como "salida a la imposibilidad de hallar soluciones dentro de España". O lo que es lo mismo, asumir el papel que tenía la vieja CiU, ahora que Junts ha tomado el rol radical que antaño representaba la Esquerra de Josep-Lluís Carod Rovira.

Pero en ERC son conscientes de la debilidad y heterogeneidad de los apoyos de Sánchez harán "casi imposible" una legislatura "de cuatro años", como proclama el presidente desde antes incluso de su investidura, el 16 de noviembre. 

Las causas

Dos elecciones regionales lo dificultan, además: las vascas y las catalanas. La lucha por la hegemonía electoral entre el PNV y Bildu puede solventarse sin mayores contratiempos, si se cumplen los compromisos públicos del líder del PSE-EE, Eneko Andueza, de no pactar con los abertzales. Esa convocatoria está prevista para julio, aunque todo indica que se adelantará a la primavera.

Las elecciones autonómicas en Cataluña tocan en febrero de 2025, pero las fuentes de ERC opinan que es muy probable que se avancen al otoño, probablemente en octubre. Este adelanto de las urnas "será aconsejado por las circunstancias", explican las fuentes.

Y esas circunstancias son muchísimas: la conveniencia para el partido en el poder, la bronca de ERC con Junts, la "verificación internacional" de los acuerdos con el PSOE, la presión de Carles Puigdemont desde Waterloo, la promulgación de la amnistía... y su efectividad real o no, en función de los escritos que presenten los jueces ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La condena de Junqueras por el 1-O fue indultada por Sánchez en lo tocante a la cárcel, pero no en la inhabilitación para ejercer a un cargo público. Así que las circunstancias han dictado que el modelo de Esquerra, en la actualidad, se asemeje mucho al del PNV. Con un president, Pere Aragonès, que tiene poco —o nulo— poder en lo orgánico y un líder del partido, Junqueras, que no tiene el poder para marcar el calendario. 

A nadie se le oculta que la aplicación efectiva de la amnistía, si ésta no hallara obstáculos en los tribunales con cuestiones prejudiciales ante el TJUE, permitiría a Junqueras volver a encabezar las listas, y eso podría haber abierto "un cisma" en el seno de los republicanos, según las fuentes consultadas. 

De hecho, la relación entre Aragonès y su jefe político no es la más fluida... sin contar con el "poder real" que ejerce la secretaria general, Marta Rovira, desde su refugio en Ginebra (Suiza). La precipitación de la elección de Aragonès como candidato indica que ERC ya se prepara para la verdadera batalla: las catalanas.

Porque, sobre todo, está la lucha por la hegemonía independentista entre Esquerra y Junts. O lo que es lo mismo, entre Junqueras y Puigdemont, el exvicepresident que afrontó la acusación, el juicio y la cárcel, y el expresident que se fugó de España en un maletero para evitar la acción de la Justicia.

Las estrategias

Desde entonces, en ERC tratan de presumir de que, a pesar de "la persecución del Estado", la vía de la negociación es efectiva. Porque su estrategia de arrancar cesiones a cambio de votos ha logrado no sólo los indultos, sino la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, bajando "el precio de volver a intentarlo".

Mientras, en Junts, la actitud ha sido de ruptura: primero del Govern de coalición con los republicanos y luego de la Mesa de Diálogo con el Gobierno de España.

Por eso, cuando Puigdemont puso a subasta sus siete votos entre el PP y el PSOE tras el 23-J, la cúpula de Esquerra le dio "la bienvenida" a su estrategia, e incluso trató de convencerlo para "coordinar esfuerzos", en la creencia de que "catorce escaños soberanistas pueden más que siete y siete".

Junts nunca se avino a ello, y ahora juega sus bazas en cada paso que trata de dar Sánchez: primero, los "hechos comprobables" de que el catalán sea una lengua oficial en la UE a cambio de la constitución de la Mesa. Después, los cambios en el texto de la amnistía por la investidura, que hicieron que ERC se negara a avalar la proposición de ley.

Más tarde, el "no gigante, como un casal de pagès" a los tres decretos que, a la postre, fue una incomparecencia a cambio de ocho nuevas cesiones del PSOE. Y ahora, la pelea por las enmiendas de la Ley de Amnistía a cambio de los Presupuestos.

Aquella jornada de infarto en el Congreso no sólo fue extraña por celebrarse en el Senado; no fue únicamente esperpéntica por unas votaciones con problemas técnicos y desenlace oculto durante horas; ni siquiera fue simplemente reveladora de lo acogotado que estará el Gobierno por sus socios toda la legislatura.

Lo del 10 de enero fue también la demostración de que el odio cerval entre Junts y ERC no permitirá mantener la estabilidad más allá de la fecha en que se cumpla ese único objetivo común de ambos partidos: la amnistía.

Una vez que la proposición se convierta en una ley publicada en el Boletín Oficial del Estado, "se acabarán los incentivos" de unos y otros para permanecer juntos.

Por un lado, porque el resto de pactos firmados para entregar los siete votos respectivos de los postconvergentes y los republicanos a favor de la investidura de Pedro Sánchez son asuntos de mucho más largo plazo. Y por otro, porque las elecciones catalanas cambiarán el panorama a la vuelta del verano.

Porque la independencia de Cataluña, por mucho que sea una aspiración compartida entre el partido de Puigdemont y el de Junqueras, es reconocida por ambos como un imposible. "Si aquí tuviéramos el concierto de Navarra, todo sería muy distinto", admiten fuentes de las dos formaciones, al calor de uno de los acuerdos cerrados por Junts con el PSOE para salvar sus decretos: el de los "derechos históricos en materia de régimen local".

Y para eso, el PSOE alega que hace falta reformar la financiación de todas las Comunidades Autónomas. Lo que, con el PP gobernando 12 de ellas y la debilidad socialista en el Congreso, se antoja "algo demasiado incierto" como para que —ya todos amnistiados— incentive a Junts a mantenerse en el bloque de Sánchez... y que animará a ERC a mover ficha con las elecciones catalanas.