Junts pide "inhabilitar" al juez García-Castellón o apartarle del caso Tsunami por tener "agenda política"

Junts, el partido de Carles Puigdemont, ha pedido "apartar del caso" al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que instruye el caso Tsunami o, directamente, "inhabilitarle". Los independentistas catalanes le acusan de tener una "agenda política" en vez de "una judicial".

Este martes, el PSOE y Junts pactaron una enmienda transaccional a la Ley de Amnistía por la cual abrieron la posibilidad a amnistiar algunos delitos de terrorismo. En concreto, lo hicieron para blindar a Puigdemont y a la líder de ERC Marta Rovira, que están siendo investigados en el caso Tsunami. 

Dos días después, este jueves, García-Castellón ha dictado un auto en el que cuestiona que pueda aplicar la amnistía al expresidente de la Generalitat. En concreto, porque no se puede descartar el ánimo homicida de algunas acciones llevadas a cabo en 2017. De haber ese ánimo, no sería amnistiable, según la norma que se está elaborando en el Congreso. 

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El auto del juez instructor del caso ha provocado una fuerte reacción por parte de Junts. En un mensaje enviado por su portavoz, Josep Rius, a los medios de comunicación y recogido por EFE, la formación pide su inhabilitación y asegura que se está produciendo "una reactivación de la ofensiva política a través de los tribunales". 

En el mensaje, Rius también arremete contra García-Castellón por haber empezado a investigar a Puigdemont cuando se estaba negociando la Ley de Amnistía. Nunca antes un partido había pedido expresamente la inhabilitación de un magistrado.

Sobre este asunto también se ha pronunciado horas antes el propio Puigdemont. "Los jueces españoles se han pronunciado, y cómo, antes incluso de conocer la Ley de Amnistía", ha escrito en su perfil de la red social X. 

"Está claro que los estándares europeos de respeto a los derechos fundamentales no son los estándares de la nomenclatura judicial española", ha añadido. En paralelo, ERC también ha criticado al juez por "retorcer la ley" para atribuir terrorismo a los delitos de los independentistas.

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Reacciones cruzadas

Apenas dos días después de que PSOE, ERC y Junts pactaran su reforma de la amnistía para incluir a los acusados por terrorismo de los Comités de Defensa de la República (CDR) y de Tsunami Democràtic, el juez García-Castellón dictó su auto como respuesta. El magistrado ha reconocido que empezó a investigar a Puigdemont por terrorismo en plena negociación de la ley.

La reforma pactada esta semana se asienta sobre la base de diferenciar dos tipos diferentes de terrorismo: el terrorismo amnistiable y el no amnistiable, que es el que tiene "intención directa". Por lo tanto, no refrenda en ningún caso los delitos atribuidos a las dos organizaciones.

Y es que, según las enmiendas incorporadas al texto legal este martes en el Congreso, podrán ser amnistiados todos los acusados de terrorismo que no hayan generado "violaciones graves de derechos humanos". Esto es una manera de amnistiar a prácticamente todos los implicados en el procés que sean o hayan sido investigados por este delito.

No sólo eso, sino que fuentes parlamentarias de distinto signo ya señalaban a EL ESPAÑOL que la reforma quirúrgica de la ley estaba pensada para complicar que "algunos jueces", como Manuel García-Castellón, pudieran achacar el fallecimiento de un ataque al corazón en El Prat (2019) a los independentistas. Con este texto quedan blindados, dado que no podría probar esa "intención directa" en el suceso.

El truco consiste en acotar de tal manera el delito que no deja al juez margen real para condenar a los implicados: primero debería determinar si se cometió un delito de terrorismo; luego, si se produjeron "violaciones graves de derechos humanos" y, por último, probar que fueran "de forma manifiesta y con intención directa".