Última hora, en directo | Tellado ve grave que Cataluña tramite una independencia mientras el PSOE pide más tiempo para la amnistía

El PSOE ha anunciado hoy que presentará una queja ante la Mesa del Senado por los abucheos y gritos de "¡dimisión, dimisión!" de senadores del PP al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se han producido, según los socialistas, por la "pasividad y permisividad" del vicepresidente primero de la Cámara Alta, Javier Maroto, que dirigía el debate del pleno en ese momento.

Los gritos se han proferido al finalizar la segunda interpelación que tenía el ministro en el Senado, que era preguntado por el PP sobre "el contenido del acuerdo de investidura del Gobierno con EH Bildu con respecto a la política penitenciaria de los presos de la banda terrorista ETA".

Tras finalizar su intervención Marlaska, que respondía a la senadora del PP María Mar Blanco, los socialistas comenzaron a aplaudirle, momento en el que la bancada popular arrancó, con abucheos iniciales de algunos senadores, a reclamar al unísono la dimisión del ministro.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha calificado de "sumamente grave" la decisión de la Mesa del Parlamento catalán de admitir a trámite una iniciativa legislativa popular que pide a la Cámara Catalana que declare la independencia de Cataluña, y lo ha relacionado con el hecho de que, en el Congreso, el PSOE haya pedido más tiempo para aprobar la ley de amnistía para los independentistas.

Según ha expresado Tellado en una rueda de prensa en el Congreso, esta decisión es una noticia "preocupante" y se trata de una situación "sumamente grave" que va contra el criterio de todos los letrados del Congreso.

"La historia se repite", ha lamentado el portavoz 'popular', que además ha calificado esta decisión de "provocación". A su juicio, lo que han dejado claro con esta decisión es la verdadera intención de las formaciones independentistas, que "volverían y volverán" a declarar la independencia de Cataluña y por lo tanto que no hay "mejora de la convivencia de ningún tipo" sino un "trueque claro de impunidad" a cambio del Gobierno.

Además, Tellado lo ha vinculado con el anuncio de la Mesa del Congreso de admitir la prorroga de los plazos de la Comisión de Justicia para la ley de amnistía. De esta forma, en palabras del dirigente 'popular', el PSOE podrá continuar negociando con Junts una ley de amnistía "a la medida y al gusto del prófugo Puigdemont".

El portavoz del PSOE en el Senado y líder de la oposición en Andalucía, Juan Espadas, ha planteado este martes el voto telemático para los senadores que tengan un cargo autonómico o municipal que no puedan acudir a la sesión plenaria más al mes en la Cámara Alta que propuso el PP porque se le solapa con su actividad en su comunidad o localidad.

Su caso sería un ejemplo de estos afectados, ya que al ser el líder de la oposición en Andalucía es el que interpela al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en las dos sesiones de control que se celebran dos jueves al mes en el Parlamento andaluz. 

La diputada del PP por Ourense, Ana Belén Vázquez Blanco, ha pedido la palabra a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para denunciar insultos y amenazas de Nestor Rego.

Vázquez ha asegurado que por alusiones "del BNG hacia mi persona, viendo que el diputado tiene mal perder" y tras acusarle de increparle en el pasillo y de insultos en la tribuna, tras decir Rego que "la diputada por Ourense lleva aquí 24 años mintiendo sobre el BNG". 

La 'popular' ha pedido así "el amparo de la presidenta por mi seguridad en el hemiciclo y mi dignidad en el pasillo" mientras que Rego se encontraba ausente del hemiciclo. 

Tras la vuelta de Rego, el diputado del BNG tomó la palabra para asegurar que lo que le dijo en los pasillos es que "debería darte vergüenza mentir, Ana" asegurando que son las mismas palabras que se dijeron en la tribuna. 

El 'rifirrafe' viene por una foto de la diputada Vázquez asegurando que Nestor Rego no estaba en el minuto de silencio que se celebró en el Congreso cuando "yo estuve aquí y hay muestra gráfica para ello", dijo el del BNG.

La mayoría del Congreso ha apoyado este martes tramitar una proposición de ley impulsada por Sumar para recuperar la justicia universal y poder juzgar en España crímenes de genocidio o lesa humanidad cometidos en cualquier parte del mundo, una reforma que quedo congelada en pasadas legislaturas a pesar de contar incluso con unanimidad.

En esta ocasión el PP y Vox han mostrado desde la tribuna su rechazo a la reforma, mientras que los portavoces de Sumar, Podemos y BNG acusaban a Israel de cometer un genocidio en Gaza.

El PSOE y los aliados del Gobierno han respaldado la iniciativa al coincidir en que los recortes aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 enterró de hecho con la jurisdicción universal en España.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha mantenido un tenso cara a cara con Marimar Blanco en el Senado por las víctimas del terrorismo: "De tú a tú, vuelva al espíritu de Ermua, vuelva al pacto de Ajuriaenea, vuelva a respetar la dignidad", le ha dicho el ministro.

"Señora Blanco, hay muchos debates para que continuemos recordando la memoria de las víctimas del terrorismo y recuperando la memoria de las víctimas. Por ese respeto que tenemos a la dignidad que representa su historia y su familia, no lo desprecie, por favor. No desprecie esa dignidad".

El PSOE, a través de la diputada María Luisa Faneca López, ha respondido muy duro a Vox a los que ha llamado "negacionistas" además de querer "volver a la economía de los grandes terratenientes". 

Faneca ha asegurado que el Gobierno está "en la búsqueda de soluciones" y ha confirmado que "ha mantenido contactos con las autoridades francesas para que cesasen los ataques a los transportistas españoles" así como pedir explicaciones de algunos comentarios hechos por miembros del Gobierno francés. 

"También a la UE se le pidió que actuará", ha dicho la socialista "pero el comisario de Agricultura ha estado desaparecido en plena crisis agrícola", pero ha echado en cara que al compartir grupo de extrema derecha en Europa "sí se reunió con ustedes y con los consejeros de Vox y no le pidieron ni una sola explicación".

La ministra Teresa Ribera ha asegurado este martes que revisarán la Ley de Costas y se tramitarán de nuevo "respetando" la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo el Real Decreto de 2022 que modifica el reglamento general de costas.

Según la ministra, la sentencia del TS "no modifica una sola coma del reglamento", un reglamento dictado precisamente para "dar seguridad jurídica" a todas las personas, vecinos o titulares de cualquier concesión o uso en dominio público y zonas de servidumbre "que quedaron desamparadas con la ley Cañete".

Ha señalado que el Gobierno "respeta la legalidad" y lo que no va a hacer en ningún caso es "ser irresponsable, ni prender fuego a nadie como parece que tiene interés la presidenta de la Comunidad Autónoma balear", quien ha afirmado a un medio local que "es necesario quemar la Comisión de Medioambiente".

El diputado de UPN, Alberto Catalán, ha dado la razón al grupo parlamenterio Vox al asegurar que "agricultores y transportistas tienen que rellenar un ingente papeleo al que a veces no pueden hacer frente". 

Catalán ha agredecido a los agricultores que hayan "salido a pedir unos precios justos ante la competencia desleal de otros países" y ha asegurado que están padeciendo "la persecución y la incomprensión por parte del Gobierno de España".

El de UPN ha criticado que los agricultores tengan que hacer frente ellos solos a los "precios desorbitados de las materias primas, gasoil o gas y a la política ambiental que están poniendo en riesgo sus explotaciones agrarias y a la España rural".

"A los agricultores se les castiga fiscalmente y en el caso de Navarra son los que más pagan", ha denunciado Catalán para terminar.

La diputada de Vox, Carina Mejías ha pedido al Gobierno a través de una proposición de ley "promover todas las medidas necesarias para exigir al gobierno francés la protección de los transportistas y agricultores españoles frente a los ataques que están sufriendo en la frontera con Francia".

La segunda medida que pide Mejías es "impulsar cuantas acciones sean necesarias en el seno de la Unión Europea para garantizar la protección de agricultores, ganaderos, transportistas y de cualquier sector afectado por la competencia desleal de terceros países y por las trabas impuestas por las instituciones europeas". 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado que el Gobierno central incorporará un total de 54 nuevos examinadores en toda España, de los cuales cuatro de ellos irán destinados a la provincia de Guipúzcoa, mientras que Bildu le ha reclamado el traspaso al País Vasco de la competencia en materia de carnets de conducir.

El senador de Bildu, Mario Zubiaga, ha trasladado al ministro Marlaska la petición de medidas para resolver la falta de examinadores de tráfico en la provincia de Guipúzcoa. Ha advertido de que la situación está "colapsada" y que esto afecta a tres derechos: el de trabajo, el de la movilidad y el de ser atendido en la lengua cooficial en el territorio, el euskera en este caso.

Vox no ha obtenido apoyos en el Congreso en su propuesta para cambiar la ley y prohibir, entre otras cuestiones, los partidos independentistas, una iniciativa que ha sido criticada por el PP, el PSOE y los partidos nacionalistas.

Además de la disolución de partidos, el partido ha propuesto ilegalizar los referéndums de autodeterminación o incrementar las penas por los delitos de "ultraje a España".

El diputado del PP Manuel Cobo ha avanzado que su grupo votará en contra porque no comparten algunas cuestiones y ha opinado que ilegalizar un partido "por el mero hecho de serlo, va en contra del espíritu constitucional".

Por su parte, los socialistas han opinado que la proposición no reconoce la "diversidad" de España y ha apostado por "el diálogo y la escucha"."Podemos convivir, pero no necesariamente tenemos que coincidir", ha considerado el diputado socialista Alejandro Soler.

Vox y Ciudadanos han pedido este martes a la Mesa del Parlament de Cataluña que "reconsidere" la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) que pide que la cámara catalana declare la independencia y han avanzado que, si no lo hace, pedirán el amparo del Tribunal Constitucional (TC).

La diputada de Vox en el Parlament María García ha anunciado que su formación usará "todos los medios legales contra la Mesa por haber abierto la puerta a una propuesta que atenta contra el Estado de derecho y contra todos los españoles".

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha acudido este martes a la sesión plenaria del Senado para, entre otras cosas, dar explicaciones tras la muerte de  dos guardias civiles en Barbate.

"Si hay que tomar medidas, se tomarán medidas. Estoy muy orgulloso de la actuación de la Guardia Civil y por eso acompañé a las familias en Cádiz y en Pamplona. ¿De verdad creen señorías que mi dolor es menor que el suyo? Yo no degrado a nuestros agentes, ni reduzco la plantilla de nuestros agentes. Yo no hago política con el dolor. El mejor homenaje a los narcos que he visto yo ha sido una 'giornata particular' en un barco con un narco del presidente del PP".

El grupo de PSC-Units en el Parlament ha presentado este martes una petición de reconsideración a la Mesa de la Cámara catalana de la admisión a trámite de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide declarar la independencia de Cataluña.

En la petición, los socialistas han argumentado que la ILP "no se ajusta al ámbito estricto de las competencias de la Generalitat", que es uno de los criterios que establece la Ley de las ILP para inadmitir este tipo de iniciativas.

Los socialistas han sostenido que "resulta obvia la inconstitucionalidad" del contenido de la ILP, ya que pretende la secesión de Cataluña, algo que, según ellos, topa con los artículos 1.2 y 2 de la Carta Magna, sobre la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la nación.

Además, el PSC ha recordado que ha habido otras ILP en 2018 y 2022, con "un objeto y propósito que coincide" con esta, que fueron inadmitidas a trámite por la Mesa del Parlament.

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha destacado que la justicia suiza ha asestado un "varapalo" al magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tras negarse a colaborar con el juez en la causa sobre 'Tsunami Democràtic' y, concretamente, a localizar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

En el Congreso, ha remarcado que "como toda España sabe solamente hay un juez que ve terrorismo donde ningún otro tribunal lo ve", ha desgranado para criticar, acto seguido, que la justicia del país helvético pone de relieve que las resoluciones de este juez tiene "un claro contenido político" pero "poco jurídico".

"Creo que esto es para que pensemos, porque ya en varias ocasiones distintos tribunales de distintos países europeos han dado un toque de atención a la forma de operar de determinados jueces y tribunales de este país", ha agregado.

José María Sánchez García ha querido "recordar" a Santiago que el texto que presenta Sumar "habla de Argentina, Guatemala y Chile y a ustedes se le olvidan decenas de crímenes de otros muchos lugares".

Sánchez ha pedido a Santiago y al Gobierno no preocuparse tanto de "los crímenes que hayan podido tener lugar en el Tíbet o en Oceanía y ocupasen del crimen que se cometió en 2017 y hagan posible que Puigdemont sea juzgado y detenido".

El de Vox se ha referido al Gobierno como unos "litigantes de éxito" en el caso de que el Estado español "demandase a Bélgica porque su jurisprudencia está evitando la entrega de Puigdemont a España".

Enrique Santiago ha pedido a Vox que apoye está proposición para la protección de los derechos humanos para "combatir la impunidad de cualquier crimen cometido por cualquier ideología". 

Para Santiago, esto hará que "se oiga hablar de nuestra Justicia no por el secuestro al que está sometida si no por el trabajo en defensa de los derechos humanos".

Y para terminar el diputado de Sumar le ha recordado que "no se puede defender los derechos humanos de las personas que tienen una ideología y no de los que tienen otra".

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al PP de actuar con hipocresía respecto a los indultos y al proceso independentista.

"En sus conversaciones privadas dicen que los indultos son una herramienta útil y dicen que no ha habido terrorismo en el proceso independentista. Por eso, y con toda solemnidad, le digo que yo pienso lo mismo que el señor Feijóo, que no hubo terrorismo en el proceso independentista en Cataluña", ha señalado el ministro durante la sesión plenaria del Senado.

El diputado de Voz, José María Sánchez García, acusa al Gobierno de Sánchez y a Sumar de querer hacer "activismo político a través de los jueces" y en su réplica a Enrique Santiago (Sumar), le ha increpado de querer "hacer lawfare" con la politización de la Justicia y le ha propuesto el nombre del "juez Garzón, condenado por prevaricación" como el que debería liderar esa politización.