Sánchez quiere que Ábalos deje ya el escaño y cerrar el acuerdo con Junts sobre amnistía y Presupuestos

Pedro Sánchez vive uno de sus peores momentos desde que es presidente del Gobierno. Al desastre del PSOE en Galicia se ha sumado el estallido del primer caso de corrupción de su Gobierno, el caso Koldo, que podría convertirse en el caso Ábalos. Ha sido su semana negra, justo cuando este sábado se cumplieron los 100 días desde su investidura.

Fuentes del Gobierno aseguran que Sánchez busca cómo dar impresión de dureza frente a la corrupción, una vez que ha caído su mantra de presidir un Ejecutivo sin mancha. "Si no se puede tener el marcador a cero, al menos hay que poder hacer creer que se ha hecho frente con firmeza al primer gran caso de su mandato", asegura un dirigente socialista descontento con la primera reacción del presidente en Rabat.

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A la pregunta de cómo se le va a hacer llegar a Ábalos la necesidad de dejar el escaño, fuentes de la dirección del PSOE aseguran: “Ya no hace falta, él ya lo sabe y es solo cuestión de tiempo”.

En el PSOE creen que la presión va a hacer que Ábalos renuncie esta misma semana al escaño. De esa forma podrán intentar frenar ahí el escándalo y poder explotar la tesis de que “el PSOE hace frente a la corrupción y en un año ha hecho renunciar a dos diputados por diferentes escándalos”, a Ábalos y a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, relacionado con el caso Berni.

Las citadas fuentes socialistas no ven opción de que escándalo salpique al actual responsable de Organización, Santos Cerdán. Primero porque entienden que se limitó a trasladar a Koldo García a Ferraz para que hiciera funciones de chófer, seguridad o recadero. Fue Ábalos quien decidió darle estatus de asesor y hasta poder político. Y segundo, porque supondría que la inundación habría llegado ya a mojar los pies del propio Pedro Sánchez.

Una de sus características como líder ha sido la de ser un político muy táctico que busca siempre dar giros de guion bruscos y atrevidos para salir de momentos difíciles. El más evidente fue el de la convocatoria imprevista y urgente de elecciones generales para julio de 2023, decidida la misma noche de la debacle de las autonómicas y municipales de mayo.

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Ahora, fuentes del Gobierno explican que el presidente quiere pasar página cuanto antes, dar apariencia de fortaleza, como quien se levanta sacudiéndose como si nada hubiera pasado. Ya lo tenía previsto tras las elecciones gallegas, para dar impresión de que, pese a los malos resultados de los socialistas, el suyo no es un Gobierno inestable y precario.

Se trata de hacer creer que las elecciones generales no serán hasta 2027, como aseguró el miércoles en Rabat, a pesar de que él no puede garantizarlo, porque no está del todo en su mano y porque sería impensable que un presidente del Gobierno dijera lo contrario, es decir, que la legislatura durará poco.

Se busca disipar la sospecha de dirigentes históricos del PSOE que consideran que la legislatura ya ha colapsado, que en realidad Sánchez sólo puede "gobernar sin gobernar" y que su situación es tan difícil que ni siquiera puede aprobar decretos. Le resulta más fácil enviar al Congreso proyectos de ley que pueden quedar encallados sin aprobarse nunca.

Esta situación se ha agravado con el estallido del caso de corrupción que afecta a varios ministerios, comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y a la propia dirección del partido.

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Para eso, el presidente del Gobierno tiene dos objetivos urgentes, vinculados entre sí: la ley de amnistía y los Presupuestos Generales del Estado para 2024.

El presidente del Gobierno ha dado orden de intensificar los contactos con sus socios parlamentarios para acelerar ambas negociaciones, tal y como confirman fuentes del Ejecutivo.

Según explican, esos contactos avanzan adecuadamente, aunque la necesidad de lograr acuerdos con tantos partidos hace notablemente complicada la negociación. En este caso, además, la tramitación coincidiría con la campaña electoral de las elecciones vascas del 21 de abril, en las que se enfrentan PNV y Bildu, dos de los socios principales del Gobierno.

La decisión de Sánchez es presentar los Presupuestos para su trámite parlamentario. Sólo cambiaría esa posición si no tuviera garantías de que pueden salir adelante, según explican fuentes de Hacienda.

Dudas sobre los Presupuestos

De hecho, en las últimas semanas hubo cierto debate en el seno del Gobierno, porque hay ministros que consideran que no vale la pena afrontar ahora el desgaste que supone negociar y tramitar las cuentas sólo para tres meses, puesto que en septiembre habría que empezar a dialogar sobre los Presupuestos para 2025 que, además, sí servirían para un ejercicio completo.

La tesis imperante, la de Sánchez, es que la aprobación de los Presupuestos ahora tendría un efecto simbólico y político evidente. El riesgo es que el proceso encalle en el Congreso, por ejemplo, porque Junts ponga sobre la mesa cuestiones ajenas a las cuentas del Estado.

En paralelo, el equipo negociador habitual intenta sacar adelante la ley de amnistía. Ha incrementado los contactos con Junts para alcanzar un acuerdo sobre la proposición de ley, ayudado por la presión de otros dirigentes del partido independentista y de otros socios parlamentarios del Gobierno.

La tesis oficial sigue siendo que no se aceptará la propuesta de Junts para eliminar limitaciones para delitos de terrorismo. Moncloa insiste en que se puede aplicar la amnistía a todos los implicados, dando por hecho que, finalmente, el caso Tsunami no se juzgará como una causa por terrorismo y que a ello colaborará la Fiscalía.

La caída de Ábalos

Los negociadores de Moncloa dan por el hecho el pacto, pero temen que los de Carles Puigdemont quieran demorarlo y llevar de nuevo la negociación hasta el límite. 

El Gobierno explica que los interlocutores de Junts sobre amnistía y presupuestos son distintos y que, hasta ahora, no han recibido ninguna negativa de los independentistas a avanzar en la aprobación de las cuentas.

Sobre el caso Koldo, todas las fuentes recuerdan que estaba claro que el respaldo a Ábalos duraría lo que tardara en llegar el más mínimo indicio contra él en la investigación. Es decir, que se le ha pedido el escaño cuando ya era imposible mantener su condición de cortafuegos, y ese momento ya ha llegado.

La "línea del mal" para Moncloa estaba al principio en Koldo García Izaguirre, el todopoderoso secretario, asesor, escolta o mano derecha del exministro y exresponsable de Organización del PSOE, pero va avanzando hacia Ábalos y esperan que no pase de ahí.

La decisión de renunciar al escaño es sólo de Ábalos y supondría que perdería su condición de aforado, que hace que sólo pueda ser investigado por el Tribunal Supremo, previa autorización del Congreso. De hacerlo, quedaría a la intemperie.