La Audiencia de Cuentas canaria ve nulos contratos del gobierno de Torres con la trama de Koldo por 9,8M

Esos contratos de emergencia suponían el pago por casi cuatro millones de mascarillas. Y esos casi 9,8 millones de las arcas públicas canarias, convirtieron a la compañía designada por Koldo García Izaguirre, mano derecha de José Luis Ábalos, en la tercera que más dinero recibió del Gobierno canario en el año de la pandemia.

Pero ambas licitaciones incumplían la legislación en, al menos, cuatro aspectos según la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC), que los investigó dos años después, en 2022. 

[Qué sabemos y qué no sobre el caso de Koldo García, el asesor de Ábalos que ha sido detenido]

Sin embargo, este dictamen nunca fue enviado al Tribunal de Cuentas, único organismo legitimado para juzgar responsabilidades contables y sancionar a los responsables.

"El PSOE presionó para evitar el escándalo", explican fuentes del actual Gobierno en las islas, presidido por Fernando Clavijo, líder de Coalición Canaria, en alianza con el Partido Popular. "Y una mayoría de consejeros, designados por ellos, votaron a favor de meter el informe en un cajón", confirma una fuente del Paertido Popular en las islas.

Este periódico ha tenido acceso al documento, en el que "se fiscalizan los efectos de la Covid-19 en el Presupuesto y la contratación de la Comunidad Autónoma Canaria", según se puede leer textualmente, "entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre de 2020".

"Las contrataciones llevadas a cabo estuvieron muy alejadas del rigor que se le exige a un servidor público y no se dirigieron a salvaguardar los recursos económicos" sentencia la ACC, "motivando que parte de los productos sanitarios recepcionados no cumpliesen [...] con los requisitos mínimos de calidad exigidos y no pudiesen cumplir la finalidad para la que fueron adquiridos".

Para empezar, el objeto social de la empresa utilizada por trama corrupta para enriquecerse con comisiones ilegales, no cumplía con los requisitos para importar material sanitario. Por otro lado, la compañía no estaba inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas (ROLECE).

Y por otro lado, la DGRREE no estaba autorizada para celebrar esos contratos, de más de dos millones de euros. A lo que hay que añadir que no acreditó debidamente ni justificó en plazo las licitaciones.

Así quedó certificado por la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC), en un dictamen de 68 páginas elaborado en 2022, y al que ha tenido acceso este periódico.

En total, el informe analiza los 29.657 registros descargados sobre 88 modificaciones de crédito a lo largo del ejercicio a causa de la pandemia.

Estas actuaciones del Gobierno socialiata de Ángel Víctor Torres supusieron un 231 millones de gasto directo y otros 283 millones de gasto indirecto para las arcas públicas canarias. Los funcionarios de la ACC trabajaron casi un año en estas cuentas, y determinaron la ilegalidad de las dos licitaciones, por valor de casi 10 millones de euros, concedidas a dedo a la trama presuntamente corrupta de Koldo García Izaguirre.

Responsabilidad del Gobierno

En todo caso, todos los incumplimientos legales son achacables al citado ente de la administración pública canaria, según el informe de la Audiencia de Cuentas.

Tal como consta en el documento, ningún funcionario de la citada Dirección General comprobó que la compañía que hoy investiga la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de organización criminal, estafa y tráfico de influencias, entre otros, incumplía esos requisitos. Esto la inhabilitaba para presentarse a ofertas de licitación pública y convertía cualquier contrato en "nulo de pleno derecho".

El folio 38 del dictamen es explícito: "El SCS adjudicó la compra de material sanitario a empresas que no consta que hubiesen ni acreditado la preceptiva solvencia profesional o técnica conforme establece el art. 74 de la LCSP [Ley de Contratos del Sector Público], ni tampoco estar capacitados legalmente para contratar con la administración (la capacidad de obrar se define por su objeto social)".

Pero es que, además, la Audiencia de Cuentas reseña en su informe que "no consta que [la DGRREE] haya solicitado autorización al Consejo de Gobierno, tal como dispone el artículo 25 de la Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma de Canarias" para firmar los dos contratos, de 5 millones y 4,775 millones respectivamente.

Este acuerdo del Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres habría sido imprescindible, al ser ambas operaciones superiores a dos millones de euros.

Y finalmente, ambas licitaciones "se justificaron fuera de plazo" y formaron parte de un lote mayor en el que "no consta justificación del gasto a realizar, ni tampoco la justificación [del motivo y requisitos] de la tramitación de emergencia". 

Es cierto que tras la declaración del confinamiento de la población y del estado de alarma, el 14 de marzo por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, a los tres días, el Gobierno de la nación aprobó un nuevo real decreto de medidas complementarias. En él, se permitió a las administraciones públicas recurrir a los procedimientos de contratación de emergencia.

Poderes especiales

Y así consta en el dictamen de la ACC, que también reseña las medidas equivalentes decretadas por el Ejecutivo de Torres en las islas.

El 22 de abril de 2020, una Orden dictada por el consejero de Sanidad le entregó poderes especiales "para autorizar gastos" a Conrado Domínguez. El entonces director del SCS aparece también implicado en el llamado 'caso Mediador', la trama corrupta que explotó hace un año y motivó la detención de otro socialista canario, el diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni. 

En todo caso, la decisión libre y discrecional tenía "un límite máximo de dos millones de euros" por contrato. Y "traspasado este umbral", recuerda la Audiencia de Cuentas y de acuerdo con la Ley de Presupuesto de Canarias para 2020, precisaba de "autorización del Consejo de Gobierno". Y nunca se pidió.

La Audiencia de Cuentas de Canarias, finalmente, sentencia que los cuatro motivos de nulidad e ilegalidad de la concesión de los casi 9,8 millones a la empresa de la 'trama Koldo' se benefició de un abuso de la "flexibilización procedimental" que exigía la emergencia sanitaria.

El demoledor dictamen recrimina al hoy ministro Torres que los procedimientos de su Gobierno significaron "la ruptura y debilitamiento del resto de garantías", en especial, "las referidas a la cualificación de los contratistas". 

El 11 de noviembre de 2022, los portavoces de los dos partidos principales de la entonces oposición, José Miguel Barragán por CC y Manuel Domínguez por el PP, registraron la petición de una comisión de investigación en el Parlamento autonómico. Los 37 diputados de la coalición de Gobierno que auparon a Torres (25 del PSOE, 5 de Nueva Canarias, 4 de Sí Podemos y 3 de la Agrupación Socialista Gomera) rechazaron la petición, frente a los 31 que sumaban CC (20) y PP (11).

Hoy, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo sigue reflexionando sobre la mejor vía para forzar una comisión de investigación sobre el caso Koldo en las Cortes Generales. Varios partidos, socios de Sánchez, ya han mostrado su disposición a apoyarla, como Esquerra y Podemos.

La Ejecutiva de Coalición Canaria, que votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez, no ha anunciado oficialmente qué votaría.

Eso sí, fuentes del entorno de Clavijo exigen aclarar las "ilegalidades" y las "maniobras para taparlas" del hoy ministro socialista cuando era presidente de las islas. Y señalan a Noemí Santana, entonces consejera del Ejecutivo autonómico y hoy diputada de Podemos en el Congreso: "A ver si ahora va a pedir la comisión de investigación en Madrid que negó en Canarias como miembro de aquel Gobierno".