Actualidad política, en directo | El Congreso volverá a tramitar la Ley de Secretos Oficiales

El presidente de la Xunta en funciones y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha reivindicado este martes el apoyo electoral recibido por los populares de la emigración, al tiempo que ha recalcado que se debe a que, tanto desde el Gobierno autonómico como desde su formación, se "atiende como se merece" a los residentes en el exterior.

Si el PPdeG había reivindicado en redes sociales que el recuento del voto CERA "confirma que también la Galicia exterior quiere el 'sentidiño' y estabilidad" para la comunidad --los populares suman casi el 50% de los sufragios de la diáspora--, Rueda también ha incidido en este extremo en declaraciones a los medios en San Cibrao.

El líder del PPdeG ha destacado los buenos resultados de su opción política en la diáspora y lo ha atribuido a la acción de la Xunta y del PPdeG en relación con la población emigrante "que vive Galicia, le interesa Galicia, trabaja por Galicia y está muy implicada" con la comunidad.

El Congreso constituirá este miércoles las tres comisiones de investigación que el PSOE prometió a ERC y Junts a cambio de lograr la mayoría en la Mesa de la Cámara. En esas sesiones constitutivas se elegirá a los miembros de las Mesas de cada uno de estos órganos, dos de los cuales estarán presididos por el PSOE y la otra por Sumar.

Estas tres nuevas comisiones, cuyo trabajo coincidirá a lo largo de los próximos meses, abrirán pesquisas sobre la 'Operación Cataluña' atribuido al Ministerio del Interior del primero Gobierno de Mariano Rajoy, el espionaje a los independentistas con el programa 'Pegasus' y los atentados yihadistas perpetrados en agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Su creación fue pactada por el PSOE con los independentistas catalanes de ERC y Junts a cambio de su apoyo a la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara, lo que garantizó que los partidos de Gobierno de coalición tuvieran mayoría en la Mesa del Congreso.

El PSOE ha reclamado este martes a Podemos que deje de "forzar perfiles diferenciados" y acepte la posición del Gobierno respecto al conflicto entre Israel y Hamás, que se concreta en la petición de un alto el fuego inmediato en la zona y en la solución de los dos estados.

Así lo ha hecho el diputado socialista Sergio Gutiérrez durante el debate de una proposición no de ley presentada por los 'morados' que busca instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a romper relaciones diplomáticas con Israel y promover, en el marco de la Unión Europea sanciones ejemplares contra este país, incluido un embargo total de armas.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido que la respuesta israelí a la ofensiva lanzada por Hamás el pasado 7 de octubre es un "genocidio" y que el "largo sufrimiento del pueblo palestino" tiene lugar "ante la pasividad de Occidente", que "dura ya casi ochenta años".

Belarra ha atribuido la falta de respuesta ante el "genocidio" a una razón "cruel e inhumana, pero también simple": que Israel es aliado de Estados Unidos. Por ello, ha acusado al Gobierno de no querer romper relaciones con este país para "no molestar" a Washington.

El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid ha rechazado este martes la comisión de investigación registrada esta mañana por Más Madrid para investigar en la Asamblea la compra de material sanitario durante la pandemia.

"No vamos a consentir que Más Madrid quiera esconder la corrupción del Gobierno bajo una falsa comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Quieren hacernos creer que las cosas se hicieron mal en todas partes y no es verdad", ha lanzado el portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, en declaraciones suministradas a los medios de comunicación.

Pache ha reclamado a Más Madrid que solicite a su vez a su exlíder en la Asamblea y ahora ministra de Sanidad, Mónica García, que haga una investigación en su departamento para dilucidar "qué ocurrió" en la compra de este material.

La mayoría de grupos del Congreso ha anunciado este martes su apoyo a volver a tramitar la proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales de 1968 con el fin de posibilitar la desclasificación de documentos en un plazo máximo de 25 años.

Se trata de una antigua reclamación del partido nacionalista, que ya presentó hace ocho años y que llegó a ser tomada en consideración por el Pleno la pasada legislatura, pero que quedó enterrada en decenas de prórrogas de enmiendas porque el Gobierno de coalición decía que iba a presentar su propia reforma.

Y al final de legislatura el Gobierno de Pedro Sánchez presentó su propio proyecto de Ley de Información Clasificada que fue considerado insuficiente por los nacionalistas y por partidos de izquierda y que en todo caso tampoco pudo salir adelante por la disolución de las Cortes.

El Consejo de Ministros de este martes ha formalizado el nombramiento de la exvicepresidenta socialista Carmen Calvo como nueva presidenta del Consejo de Estado, después de que recibiera el pasado jueves el aval del Congreso a su idoneidad.

En concreto, la Comisión Constitucional del Congreso dio el pasado jueves el visto bueno a Carmen Calvo gracias a los votos a favor del PSOE y sus socios de investidura.

La Ley del Alto Cargo obligaba a la exdiputada socialista a pasar este examen de idoneidad en el Congreso, que fue superado, para que el Consejo de Ministros oficializara su nombramiento y su designación se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para presidir el Consejo de Estado se exigen dos requisitos, ser jurista de reconocido prestigio y tener experiencia en cuestiones de Estado, según figura en la ley del máximo órgano consultivo.

El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de familias -que quedó en el tintero la pasada legislatura-, aunque no incluye la retribución del nuevo permiso de 8 semanas hasta que el hijo cumpla 8 años ni la ampliación a 20 semanas de los permisos por nacimiento y adopción. Ambas son medidas que el ministro Bustinduy espera negociar junto a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En el Consejo de Ministros de este martes, el Ejecutivo ha dado luz verde a un proyecto de ley desarrollado en la etapa de Ione Belarra como ministra. Tras este paso, lo siguiente es el trámite parlamentario, que se llevará a cabo por el procedimiento de urgencia.

Oskar Matute ha pedido ser "actores necesarios para torcer el brazo a Netanyahu" en la guerra entre Israel y Gaza y esto "es tan sencillo como aceptar que ningún arma vaya a Israel y ninguna de Israel venga aquí", ha dicho el portavoz de Bildu en el Congreso.

"Apostemos por el alto el fuego y reconozcamos y promovamos internacionalmente el Estado palestino", ha dicho Matute.

"Seamos solidarios porque nadie nos perdonará que si pudimos hacer más nos conformásemos con ser plañideras de un dolor insufrible", ha terminado el de Bildu, que ha trasladado también su apoyo al pueblo saharaui en el Día de la República Árabe Saharaui Democrática.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que autoriza al Ayuntamiento de Alfarb (Valencia) a realizar una consulta popular sobre si los vecinos del municipio se sienten más identificados con la denominación 'Alfarb' o 'Alfarp'.

Según ha explicado La Moncloa, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce el derecho de los vecinos a pedir una consulta siempre que cuente con la autorización del Gobierno, cosa que se ha producido en su reunión ordinaria de este martes.

Cataluña tendrá presupuestos para el último año de legislatura si no lo impiden los comunes. El Govern de ERC y el principal partido de la oposición, el PSC, han firmado ya el acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2024. Lo han hecho esta tarde en el Palau de la Generalitat.

El visto bueno de los socialistas de Salvador Illa da oxígeno al president, Pere Aragonès, líder de un Ejecutivo en minoría de tan solo 33 diputados e inmerso en una batalla contra Junts por la hegemonía del espectro independentista. Pero el acuerdo también provocará efectos en la política nacional, otorgando tranquilidad al presidente español, Pedro Sánchez, con el grupo parlamentario de Gabriel Rufián.

Los 3,7 millones de euros pagados a la trama presuntamente del caso Koldo por el Gobierno balear que presidía Francina Armengol hasta el pasado mes de julio, serán investigados por la Fiscalía Europea, por la posible malversación de fondos europeos.

Concretamente, los fiscales indagarán por el uso de los Fondos de Desarrollo Regional (Feder) con los que la Consejería de Salud balear cofinanció, en mayo de 2020, la operación de compra de un millón de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, patrocinada por Koldo García Izaguirre, asesor personal del entonces ministro José Luis Ábalos.

El índice de precios de referencia para el alquiler de viviendas del Gobierno consistirá en un sistema de rangos de precios mínimos y máximos en base a las características de la vivienda, tales como el año de construcción, zonas comunes o si tiene aparcamiento, entre otros elementos. 

Estos rangos se han calculado calle a calle y son públicos en la web del Ministerio desde esta mañana. El índice se ha trabajado a partir de una base tributaria. Es decir, se ha utilizado para ello la declaración de la renta de todos los propietarios de España. En este caso, se ha tomado como referencia la de 2022, la última disponible en este momento. 

El diputado 'popular' Fernando de Rosa ha subido a la tribuna para tomar posición sobre la propuesta de Vox para la reforma de elección de los vocales del CGPJ y lo primero que ha pedido al PSOE es que condene las palabras de algunos de sus socios que han llamado prevaricadores a los jueces.

"Los jueces no son prevaricadores como acaban de decir algunos grupos que son socios de ustedes. Los jueces son justos y por eso es necesario apoyar al Poder Judicial", ha dicho De Rosa que ha pedido al Grupo Socialista que "repitan conmigo: en España no hay una justicia prevaricadora, vamos a colaborar con la justicia para fortalecerla".

El 'popular' ha reconocido la necesidad de cambiar la elección de los jueces tras los "continuos ataques a la Justicia por miembros del Gobierno" y ha pedido al PSOE que "sigan lo que les recomiendan los organismos europeos y españoles y no lo que le piden sus socios".

La diputada de ERC, Teresa Jordà, ha advertido de que "las intenciones políticas de García Castellón se ven a kilómetros de distancia" y ha asegurado que es el "juez de confianza del PP". 

Por eso, Jordà ha dicho que "hace falta mucha caradura y poca vergüenza para seguir hablando de independencia judicial", a tenor por la propuesta de Vox para cambiar la elecciones de los vocales del CGPJ y así mostrar la separación de poderes. 

También ha criticado que no haya mujeres entre los siete miembros de la comisión disciplinaria del CGPJ y que esta comisión "no ha tenido a bien investigar ni a García Castellón ni a ninguno de los jueces prevaricadores que han investigado al independentismo por sus posiciones políticas".

"Pienso que no están para dar lecciones de separación de poderes", ha dicho en referencia al Grupo Parlamentario Vox. 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, está decidido a esclarecer todos los pormenores de la compra de mascarillas que su Ministerio hizo en la época en la era José Luis Ábalos quien estaba al mando. Es decir, a determinar el alcance del conocido como caso Koldo. Sin embargo, ha defendido que los contratos se hicieron de acuerdo a la ley y que, por tanto, hay que perseguir a quien se lucró con ello.

Puente ha indicado que ni el Tribunal de Cuentas ni la Intervención General del Estado detectaron ningún problema con los contratos cuando se realizaron. Por eso, el socialista ha señalado que "lo relevante es si hubo quien se lucró personalmente".

El diputado Javier Ortega Smith ha sido el encargado de presentar la propuesta de Vox para reformar la forma de elección de los 12 vocales del CGPJ.

Desde el partido de Abascal proponen que los 12 miembros sean "elegidos por y entre jueces y magistrados de todas las categorías y en una circunscripción única de toda España y que lo hagan en un voto personal, individual, secreto e igual sin interferencias de cuotas o asociaciones". Además, ha ponen como condición que "nunca puedan ser vocales quienes hayan estado en los últimos cuatro años en listas de partidos, hayan estado en parlamentos o corporaciones locales o sean o hayan sido altos cargos".

Porque para Ortega Smith "lo que está en juego es evitar la injerencia política en el órgano que va a llevar a cabo los nombramientos de las altas magistraturas de la justicia" y es que "si están controlados los magistrados están controlados los procesos judiciales y si están controlados los procesos judiciales hay una sumisión del poder judicial al ejecutivo y legislativo y si eso ocurre no hay división de poderes y si no hay división de poderes no hay independencia judicial y si no hay independencia, no hay Estado de Derecho y sin esto no hay democracia. Es así de sencillo".

El diputado Juan Carlos Jerez Antequera ha criticado que "la primera reacción del PP ante la comisión de investigación por la compra de mascarillas durante la pandemia ha sido oponerse" y el socialista ha preguntado a los miembros del grupo 'popular' si "¿No será por temor a que se investigue la compra de mascarillas en Madrid o en Galicia?"

Jerez Antequera ha dicho que los 'populares' temen que se conozca la verdad de hacer política del PP como "los sobres con dinero, los ordenadores destruidos a martillazos o los ancianos condenados en residencias". El socialista, además, ha recordado las palabras de Casado sobre el hermano de Ayuso y ha añadido que "ya sabemos cómo funciona la transparencia en ese partido". 

El PSOE ha confirmado el apoyo a la proposición del PNV porque el partido "tiene claro sus pilares: transparencia y colaboración con la Justicia y por eso, señorías, no aceptaremos lecciones del PP", ha concluido el diputado socialista. 

Enrique Santiago confirma que Sumar votará a favor de aprobar la modificación de la Ley de Secretos Oficiales que ha propuesto el PNV. 

"La desclasificación de documentos nunca puede amparar la impunidad de delitos", ha dicho Santiago que ha aceptado el plazo propuesto por el PNV para que la desclasificación de documentos secretos sea en un máximo de 25 años mientras que los de reserva sea en 10".

Para Santiago, "que los gastos de Corinna Larsen sean secreto de Estado nos ponen al nivel de una república bananera" también ha criticado que sigan clasificados documentos como "el apoyo del franquismo al nazismo, los del 23-F, los del GAL, o uno que se titula 'Palomas mensajeras'". 

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras ha confirmado que apoyará la proposición de ley para la modificación de la Ley de Secretos Oficiales porque es una "reforma de fondo" de una norma que "todavía sigue firmada por el dictador Franco". 

La existencia de esta ley, que no ha sufrido modificaciones, "demuestra que el franquismo sigue entre nosotros y en la actualidad" y ha pedido también modificar la Ley del CNI. 

Nogueras ha aprovechado para decir, a propósito del CNI, que "hay jueces del Supremo que llevan años autorizando escuchas telefónicas" y ha asegurado que esto convierte a los jueces en "trabajadores del CNI". 

"Nosotros votaremos que sí a la modificación" de la ley aunque "esperaremos, como ha ocurrido hasta ahora, que un país tercero desclasifique información", ha concluido Nogueras.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha guardado este martes un minuto de silencio por las víctimas del incendio de dos edificios de Valencia y en solidaridad con los afectados por el suceso.

Así lo ha anunciado la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, al inicio de la sesión plenaria, dando comienzo al homenaje, con los diputados puestos en pie.

La diputada de Compromís y portavoz adjunta de Sumar, Águeda Micó, había anunciado su intención de plantear a los demás grupos parlamentarios la lectura de la misma declaración institucional que se aprobó el fin de semana en el Ayuntamiento de Valencia.