El PP llevará al Senado su propia 'conferencia de presidentes' en abril para combatir la amnistía

El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha decidido convocar una reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas para seguir con su ofensiva contra la Ley de Amnistía. La cita tendrá lugar el próximo 8 de abril, según fuentes parlamentarias, y a ella podrán acudir todos los presidentes autonómicos. También los miembros del Gobierno que lo deseen, aunque no se prevé que la convocatoria sea del agrado del Ejecutivo.

Con este movimiento, los populares promueven su propia Conferencia de Presidentes ante la negativa del Pedro Sánchez a convocarla, con lo que evita que las autoridades territoriales, en su mayoría del PP, ataquen la amnistía.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ya pidió el pasado 6 de marzo a Sánchez que convocara la Conferencia de Presidentes. Lo hizo en el  III Foro Económico de Castilla-La Mancha impulsado por EL ESPAÑOL, dando voz a un reclamo que han solicitado numerosos presientes autonómicos. 

La fecha de la reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas se ha decidido este martes durante la reunión de la Mesa de la Comisión, por lo que aún es pronto para saber qué presidentes autonómicos acudirán. Sin embargo, lo esperable es que los del PP asistan en masa para pronunciarse contra la amnistía.

Pero podrían no ser los únicos. En la pasada reunión de la Comisión, que tuvo lugar en octubre y en la que también se habló de la amnistía, acudió el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, para hacer una defensa de la norma y reivindicar un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado.

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Entonces, los presidentes autonómicos del PSOE no respondieron a la convocatoria y criticaron al PP por hacer, según dijeron, un uso partidista de las instituciones. Sin embargo, la situación ha cambiado. En octubre, el PSOE todavía no había iniciado públicamente su defensa de la Ley de Amnistía: ahora tiene la oportunidad de confrontar y defender la norma.

Todos los ojos están puestos en el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Es el único barón del PSOE que se pronuncia públicamente en contra de la amnistía y tendría en la reunión una oportunidad para exponer sus tesis. En octubre, sin embargo, no acudió.

La Comisión General de Comunidades Autónomas también tiene el encargo de realizar un informe sobre el "contenido autonómico" de la Ley de Amnistía. Según los populares, la norma tiene "unas implicaciones que resultan evidentes por el intenso impacto que su aprobación supondría para la estabilidad, la igualdad y la integridad" del Estado autonómico.

Para convocar esta cita, los populares invocan los artículos 56 bis 3 y 56 b) del Reglamento del Senado, que atribuye a la Comisión la función de informar acerca del contenido autonómico de cualquier iniciativa que esté siendo tramitada en la Cámara Alta.

La Comisión se reunirá el lunes 8 de abril mientras la Cámara Alta tramita la Ley de Amnistía. Aunque no puede frenar la norma, desde el PP se han mostrado dispuestos a que su mayoría absoluta se note en la tramitación, y esta reunión es una muestra de ello.

Informe del Consejo Fiscal

Dentro de esta estrategia, el PP ha vuelto a pedir este martes a la Mesa del Senado, controlada también por el PP, que solicite al Consejo Fiscal un informe sobre la Ley de Amnistía.

En un escrito presentado por la portavoz popular en el Senado, Alicia García, recuerda que ya lo pidieron en noviembre; no sólo al Consejo Fiscal, sino también al Consejo General del Poder Judicial. Los populares argumentan que son necesarios para presentar enmiendas y propuestas de veto.

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El Consejo General del Poder Judicial ya aprobó su informe, muy crítico, el pasado jueves, pero el Consejo Fiscal no lo hizo por la oposición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este argumentó "impedimentos legales" para pronunciarse sobre la amnistía al tratarse de una proposición de ley –que parte de los partidos– y no de un proyecto de ley –que parte del Gobierno–.

Desde el PP explican que "tales impedimentos legales no existen en este caso, ya que el Ministerio Fiscal no es un órgano consultivo del Gobierno y el informe relativo a los proyectos legislativos es exigible cuando afecta a la estructura, organización y funciones del mismo Ministerio Fiscal".

"La Proposición de Ley Orgánica de Amnistía contiene disposiciones en materia de derecho y procedimiento penal y menciona expresamente la actuación del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones", añaden. Asimismo, destacan que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece "el deber de la institución de colaborar con las Cortes Generales a requerimiento de estas, siempre que no exista un obstáculo legal".