El Gobierno quiere que la Iglesia pague también la indemnización de abusos prescritos o sin pruebas

En la rueda de prensa posterior el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha detallado el contenido de este plan que busca reparar a las víctimas de abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica que "durante décadas han sido olvidadas y orilladas" y a las que "nadie prestó atención".

En este sentido, el Gobierno adoptará las medidas legales y administrativas que correspondan para aquellos casos en los que no hayan tenido oportunidad de una reparación en el ámbito judicial, bien por ser casos muy antiguos, bien por estar prescritos o bien porque no existen pruebas.

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Para ello, el Ejecutivo contempla indemnizaciones económicas y confía en que la Iglesia sufrague y asuma dicho coste. En este punto, Bolaños ha explicado que el Ejecutivo mantiene conversaciones con la Conferencia Episcopal (CEE).

"Me parece que la Iglesia católica tiene voluntad de colaborar", ha dicho Bolaños, que el pasado jueves mantuvo una reunión con el presidente y vicepresidente de la CEE. "Me consta que están trabajando también en cómo proceder a la reparación integral de las víctimas de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia", señaló el ministro en declaraciones recogidas por Efe.

Respuesta de la Iglesia

La CEE respondió este mismo martes al plan del Gobierno y ha señalado que la Iglesia "no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales".

"El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado", ha denunciado la CEE en un comunicado.

En un mensaje publicado poco después en la red social X, el presidente de la CEE, Luis Argüello, ha insistido en ese desacuerdo: "La Iglesia no quiere que el Estado asuma su responsabilidad económica, moral y espiritual con las víctimas de abusos ni que el Gobierno regule lo que no le corresponde. Ha de regular para todos desde el respeto al principio de legalidad y de universalidad. Ahí nos encontraremos".

Los obispos critican que, al centrarse sólo en la Iglesia católica, el plan del Gobierno aborda únicamente una parte del problema. "Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones".

Por tanto, la CEE advierte de que no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas (aquellas que han tenido lugar fuera del ámbito eclesial).

"La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales", subraya.

Los obispos critican que esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales y destacan que la Iglesia "va por delante" en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación.

"Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia", explican.

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Además, afirman que la CEE ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica y también le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto.

Reparación simbólica y material

En relación al plan presentado, la CEE sí que valora las medidas que se refieren a todas las víctimas. "En ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia, con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra".

En el comunicado, la Iglesia mantiene su compromiso de continuar con la acogida a todas las víctimas de abusos sexuales, para acompañarlas y repararlas.

El plan que ha presentado el Gobierno estará vigente entre 2024 y 2027 y se basa en las recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo en su informe sobre abusos a menores en el seno de la Iglesia.

En él -ha recordado Bolaños- el Defensor señalaba que era imprescindible responder como poder público a los abusos sexuales que durante décadas se cometieron en el seno de la Iglesia. "Para ello, los poderes públicos tenemos la obligación de reconocer el daño, de prevenir y de reparar".

Con ese ánimo, el Gobierno quiere "salvar la deuda" con las víctimas y ha presentado este 'Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos' que contiene cinco ejes de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar y por último informar e investigar.

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El plan sigue las recomendaciones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo a instancias de las Cortes, que fue presentado el pasado 27 de octubre, que cifró en el 1,13% de la población adulta las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia, hasta 440.000 personas. "Son cifras muy altas que nos deberían impactar", ha señalado Bolaños.

Entre las recomendaciones del Defensor, el plan también asume la celebración de un acto público con las víctimas de abusos sexuales y con sus familiares, que supondrá una reparación simbólica.

Una reparación que debe venir acompañada de una reparación material "adecuada" y "suficiente". Así, se contemplan medidas como ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años y se reforzará el sistema de ayudas a las víctimas mediante el desarrollo de la ley de garantía integral de la libertad sexual.

En cuanto a la atención integral a las víctimas, Bolaños ha destacado que se incidirá en un trato adecuado en las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito y se procurarán entornos seguros para no revictimizar a los afectados en los procedimientos judiciales.

Además, garantiza la asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas de abusos sexuales y, en el ámbito de la prevención, reforzará las labores de supervisión en las inspecciones educativas, además de modificar el real decreto de inspección educativa para formar y dar mayores competencias a los inspectores en las escuelas.

Se creará la figura del coordinador de bienestar y de protección en los centros docentes y se impartirán cursos de formación para quienes tengan trato habitual con menores.

Además, se elaborará un estudio sobre la prevalencia de la violencia hacia la infancia. El texto recoge también la creación de una comisión integrada por los ministerios implicados en la ejecución de las medidas y buscará la participación de las víctimas y sus asociaciones.