'Caso Mascarillas': la UDEF investiga los mails de dos altos cargos de Canarias con el hoy ministro Torres

Nueve policías entraron en los dos edificios para acceder a los ordenadores centrales y volcar el contenido de los buzones de Conrado Domínguez y de Ana María Pérez, dos ex altos cargos de confianza en el Gobierno del socialista Ángel Víctor Torres, quien es hoy ministro de Política Territorial. 

Después de que, el pasado lunes, Domínguez se negara a declarar, la Fiscalía Europea solicitó estas entradas y registros, según se deduce del auto judicial al que ha tenido acceso este periódico.

El ex mano derecha de Torres alegó indefensión al negarse a declarar, al no conocer todavía toda la información por la que se le investiga en el llamado caso Mascarillas, el primer gran escándalo canario durante la pandemia de la Covid. El Gobierno autonómico pagó cuatro millones de euros a RR7, una empresa de coches, por un millón de mascarillas que nunca fueron recibidas.

El caso es investigado por la Fiscalía Europea dado que el material sanitario se pagó con Fondos de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea. En España, un magistrado central de instrucción de la Audiencia Nacional ejerce como juez de garantías de las actuaciones del Ministerio Público Europeo. 

Domínguez y Pérez Afonso fueron las dos personas más cercanas al expresidente autonómico socialista en la gestión de la pandemia, Domínguez como coordinador del Comité de Gestión, primero, y director del SCS, después. Pérez Afonso, como directora general de Recursos Económicos. Ambos están investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

Fue este mismo jueves cuando la Fiscalía Europea solicitaba a la Audiencia Nacional la autorización para poder obtener los correos electrónicos de Conrado Jesús Domínguez y Ana María Pérez Afonso.

El Ministerio Público Europeo se dirigió al juez José Luis Calama para pedirle que permitiese a la Policía acceder a la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos, ubicada en la calle Cebrián de Las Palmas de Gran Canaria.

Este organismo depende de la Viceconsejería de la Presidencia de Gobierno del archipiélago y, entre otras funciones, centraliza las telecomunicaciones de la Administración autonómica.

De hecho, la UDEF también registró este jueves, minutos antes, las dependencias de la sede del Servicio Canario de Salud. El juez Calama permitió a Domínguez y a Pérez Afonso que estuvieran presentes durante los registros.

'Koldo', 'Tito Berni' y 'Damco'

Conrado Domínguez es una pieza clave en todo el entramado que cerca al hoy ministro canario.

Durante los años en los que Torres presidió el Gobierno de las islas, Domínguez pasó de ser un funcionario más en la consejería de Obras Públicas, con fama de ser cercano a Coalición Canaria, a convertirse en la persona de mayor confianza del presidente.

Ángel Víctor Torres, cuando era presidente del Gobierno de Canarias, en la presentación de un avión medicalizado del SCS. Efe

Fue decisión personal de Torres que él fuese el coordinador del Comité de Gestión  de Emergencias Sanitarias, lo que terminó en el cese de la consejera, Teresa Cruz, que se negaba a aceptar esta "injerencia". De esa época son los primeros contratos sometidos a investigación judicial, este del caso Mascarillas, y los más de 12 millones de euros pagados a la empresa del caso Koldo.

Después, Domínguez ascendió a director del SCS, época en la que entró en contacto con la trama del caso Mediador, que recibió este nombre por los trabajos que realizaba Marco Antonio Navarro Tacoronte, un viejo conocido de Domínguez de la misma localidad grancanaria, Gáldar.

El considerado mediador de la trama conectó a Domínguez con los supuestos chanchullos del exdiputado socialista en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni entre los implicados. Y abrió las puertas, según los testigos, al departamento sanitario del Gobierno autonómico para ampliar los negocios de la trama.

También aparece el nombre de Domínguez relacionado con el llamado caso Damco, que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas, en el que se desentraña otra presunta trama de favores en forma de contratos de servicios sanitarios durante sus años al frente del SCS. 

El pasado febrero, la Fiscalía de Las Palmas presentó una querella en la que acusaba de malversación, blanqueo de capitales y fraude a Hacienda a cuatro empresarios que vendieron material sanitario al Gobierno de Ángel Víctor Torres durante la pandemia de la Covid por un importe total de 22,9 millones de euros, de los cuales casi 10 corresponden a material que no se llegó a entregar.