Imagen de archivo de una manifestación por la abolición de la prostitución en Madrid, en 2020.
Qué es y qué propone la ley contra el proxenetismo del PSOE que ha dividido al Gobierno
La proposición de ley tumbaba proponía perseguir a los proxenetas, a los clientes y a aquellos que cedan sus inmuebles para ejercer la prostitución.
21 mayo, 2024 13:51El Congreso de los Diputados tumbó este martes en el pleno la ley contra el proxenetismo que presentó el PSOE. La proposición de ley no está exenta de polémica y ha partido al Gobierno en dos sectores, con Sumar anunciando que todas las formaciones que componen el proyecto de Yolanda Díaz votaría en contra.
Fuentes de Sumar han explicado que esta decisión se toma porque consideran que es una propuesta "incompleta" y con "grandes lagunas". Además, consideran que no aporta "soluciones reales al problema" y que aumenta la precariedad de las víctimas.
También consideran que el PSOE buscaba dividir a Sumar internamente, ya que las formaciones tienen distintas sensibilidades al respecto. Este no de Yolanda Díaz dejó la propuesta en manos del PP, aunque finalmente los de Alberto Núñez Feijóo no respaldaron su toma en consideración, como sí hicieron en la pasada legislatura, reprochando a los socialistas que la dejaran aparcada entonces.
¿Pero qué propone realmente la norma? La propuesta del PSOE tiene tres puntos clave: la persecución al proxenetismo en todas sus formas, el castigo de la llamada "tercera locativa" –penas para personas que ofrezcan sus locales para ejercer la prostitución– y el castigo a los clientes que recurran a los servicios sexuales.
Además, uno de los aspectos más interesantes es que equipara a las personas prostituidas, en su mayoría mujeres, con las víctimas de un delito. Esto les ofrece la posibilidad de tener derechos de protección y de asistencia. La norma asegura que las prostitutas en ningún caso serán sancionadas.
En cuanto a las penas, son distintas según la participación. Los proxenetas serán castigados con penas de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses cuando usen "violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad, de necesidad o vulnerabilidad de la víctima" y se "determina a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución".
En el caso de que no se use la violencia, sino que se cuente con el consentimiento de la persona prostituida, las penas serán de 2 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses.
Para los clientes que paguen dinero "u otro tipo de prestación económica" por acceder a los servicios de prostitución, podrán ser castigados con penas de 12 a 24 meses. En el caso de que las víctimas sean menores o personas vulnerables, el castigo será de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses.
Aquellos que destinen sus locales al ejercicio de la prostitución, la tercera locativa, podrían enfrentarse a una pena de prisión de 2 a 4 años y una multa de 18 a 24 meses. En el caso de que ello se haga con violencia, se aplicará la mitad superior.
Una de las mayores críticas a esta ley es aquella que dice que la prostitución va a seguir existiendo y que este tipo de normas aumentan la vulnerabilidad de las prostitutas al obligarlas a ejercer desde la clandestinidad.
"Se les va a prohibir que la desarrollen en pisos alquilados o en clubes u hoteles, porque empresarios y propietarios de pisos serán declarados proxenetas", denuncian desde Stop Abolición. "La ministra nos debe explicar cómo va a lograr que no se castigue a las mujeres si cierra los lugares donde trabajan, si les hace imposible conseguir un piso donde trabajar", añaden.
