"Lo más insoportable sería que nos llamen 'botiflers'": por qué ERC deja tirado a Illa en contra de su interés

Y es que ERC, a pesar de su descalabro el pasado 12 de mayo, mantiene su ADN independentista. Tanto como para apostar al mayor riesgo, a favor de Carles Puigdemont, y en contra de su propia conveniencia (y de Salvador Illa).

"Lo único insoportable sería que nos llamasen botiflers", explican varias fuentes de Esquerra, consultadas por este diario. Así explican que apoyaran a Josep Rull como presidente de la Cámara autonómica, un exconseller del Gobierno catalán que organizó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y declaró la independencia.

Las bases de ERC deberán votar cualquier acuerdo al que llegue ahora la dirección, en manos de Marta Rovira. La secretaria general, huida también de la Justicia, maneja desde Suiza la negociación con Puigdemont, refugiado en Waterloo (Bélgica).

Ella apartó de toda responsabilidad a Oriol Junqueras cuando todavía era "nominalmente" presidente del partido —lo dejó de ser este lunes, tras las europeas— y apostó por la "unidad de acción" que reclamaba Puigdemont.

Primero, porque la militancia de ERC "es más radicalmente indepe que nosotros", admite un miembro de la dirección. Y segundo, porque "hacer president a un centrista españolista nos aseguraría que Junts nos desgastara cada semana llamándonos traidores". Es decir, botiflers.

El indultado exconseller Rull es ya el nuevo presidente de la Cámara autonómica. Y eso significa, según fuentes de los dos partidos separatistas, que el próximo 25 de junio, fecha fijada para el debate de investidura, el candidato que defenderá su nombramiento como president será Puigdemont.

Si lograra la investidura, ERC tendría "tiempo para recomponerse en la oposición", manteniendo la fidelidad a su origen separatista. "Y que cumpla todo eso que prometió, lo de que él terminará la tarea de 2017", apunta con sorna otra fuente republicana.

Y si no lo lograra, habría bloqueo y, probablemente, repetición electoral. A la que ERC iría sin líder, porque su congreso para recomponerse está convocado para noviembre. Y no daría tiempo a que Junqueras hubiera terminado su tour por las agrupaciones locales o para que un posible rival se presentara en su contra.

Aun así, ERC "estaría regresando a sus esencias de los años 80", explica uno de estos líderes ya citados. "Independentismo irredento, y decisión de las bases" en una formación que mantiene una estructura muy asamblearia.

"Nosotros nos suicidaríamos si hacemos president a Illa", continúa. "Pero es que a Sánchez tampoco le conviene que lo sea, al menos de momento", añade. 

La explicación a este diagnóstico estriba en que para que el PSC logre que el Parlament invista a su líder, tiene que pactar con el PP. Y eso ya se vio este lunes que está lejísimos. Fuentes de la dirección popular catalana confirman que nadie del PSC les llamó para tratar de pactar una Mesa con mayorías no independentistas. 

Cuánto menos apoyaría ahora Alejandro Fernández una investidura del socialista sin romper con el independentismo... que es su condición, y la única que Pedro Sánchez no puede aceptar. 

Alejandro Fernández, Alberto Núñez Feijóo y Dolors Montserrat. Europa Press

"La única opción que tiene Sánchez de seguir en Moncloa es que Illa no sea presidente", explicó el propio Puigdemont, hace un par de meses, a este diario durante un receso del último pleno de Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Y es que el órdago de Junts, en ese caso, implicaría promover la caída del Gobierno en Madrid. "La gobernabilidad de España no va con nosotros", explican ya al unísono en Junts y en ERC, "hemos venido a negociar la financiación singular y el referéndum de autodeterminación... y eso se acaba con Illa en la Generalitat".

Ahora, en un par de semanas, llegará el siguiente paso. Que Rull proponga a Puigdemont para la investidura y que él regrese de su autoproclamado "exilio".

Entretanto, ¿hasta cuándo demorará el Gobierno la publicación de la Ley de Amnistía en el BOE, y con ello su entrada en vigor?

¿Levantarán los jueces las medidas cautelares que penden sobre Puigdemont, o lo detendrán en la frontera, nada más pisar España?

¿Se le aplicará la amnistía al delito de malversación, o se atenderá el criterio de los fiscales del Tribunal Supremo, que opina que no es válida en su caso?

¿Bastará con tomarle declaración o decretará Pablo Llarena, instructor en el Tribunal Supremo del caso del procés, su entrada en prisión provisional a la espera de juicio?  

"El 130 debe ser el 133", sostiene un alto cargo de Junts, en referencia a cómo se llama a Puigdemont entre los suyos, según la supuesta historia de la Generalitat que se remonta al medievo. Dice el independentismo que el Govern que presidió el prófugo hasta su destitución por la aplicación del 155 de la Constitución, ocupó ese número. 

Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. Europa Press

Con esta apuesta, ERC se juega el sueldo de sus mandos medios, hoy colocados en el Govern en funciones y para quienes el PSC ofrecía acomodo en muchos casos. También, quedar disminuida a bastón de un Puigdemont "restituido" en el Palau de la Generalitat y quedar opacada como formación que lideró una vez el separatismo. O incluso tener que ir a unas elecciones repetidas sin liderazgo y con el partido roto.

Pero también queda la opción de que, después de que Puigdemont reuniera más noes que síes hasta en segunda votación, la "Mesa antirrepresiva" de mayoría indepe se viera obligada a proponer a Illa para otra investidura.

De aquí a entonces, pleno agosto, "pueden pasar mil cosas", admite una fuente de Esquerra. "Pero de momento está todo encajando para que vayamos a un bloqueo y Pedro Sánchez gane unos meses más en Moncloa, a la espera de una nueva de sus jugadas maestras". 

El desafío del primer día

Este lunes, antes de la votación, con el Parlament ya reunido, fuentes de Junts confirmaron el acuerdo entre los grupos independentistas para constituir una "Mesa antirrepresiva".

Era el desafío desde el primer día: contra lo decretado por el Constitucional —que no podían votar ni Puigdemont ni su exconseller Lluís Puig, también huido—. Contra los supuestos acuerdos con el PSOE para mantener la legislatura de Sánchez. Y de Esquerra contra sí misma, atrapada entre todos los males que le depara el resultado del 12-M.

Del mal, el menos, concluyó Rovira. Y es Puigdemont la apuesta, que pasaba por Rull en la mesa. Y por una escenificación similar a la de las leyes de desconexión de aquellos días de otoño de 2017. 

El objetivo era lograr controlar el órgano de gobierno del Parlament para forzar un primer debate de investidura con Puigdemont como candidato, más allá de que Illa ganara las elecciones del 12 de mayo al frente de la candidatura del PSC.

Agustí Colomines, historiador de ideología independentista y diputado de Junts, aprovechó su condición de presidente de la Mesa de edad para hacer un discurso ideológico, no institucional, de apertura de la legislatura. En él, defendió el supuesto "derecho de autodeterminación" y criticó "el lawfare" que, dijo, lleva años practicando el Estado "contra las instituciones de Cataluña".

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Incluso hizo referencia a quienes "ahora dicen estarlo sufriendo", en referencia a las dos cartas a la ciudadanía de Sánchez en los últimos meses. En ellas, el presidente del Gobierno sugirió que el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa en la que está investigada su esposa, Begoña Gómez, habría interferido en la campaña electoral de las europeas y formaría parte de la "maquinaria del fango" que pretende "derrocarle de manera espuria".

Así, antes de la votación, pidió la palabra el líder del PP catalán. Alejandro Fernández anunció un recurso de amparo ante el TC tras criticar a Colomines el contenido de su discurso "revolucionario de alguien que preside esta mesa por pura casualidad", y para el que, dijo, "no tenía usted ninguna legitimidad".

Fuentes del PP catalán habían informado a este diario de que nadie les había incluido en las negociaciones y el partido había sido sometido a un "cordón sanitario" para favorecer una Mesa controlada por el independentismo "con la complicidad de los Comunes".

También pidió la palabra un portavoz de Vox, para exigirle a la mesa de edad la convocatoria de una junta de portavoces y de representantes de grupo. El objetivo era evitar la votación "ilegal" de Puigdemont y Puig.

Colomines replicó que no. Y que se acababa la discusión. "No puede haber esas juntas porque no hay portavoces ni están constituidos los grupos", contestó Colomines. "Tengo yo la capacidad de decisión, y no le devuelvo la palabra", cerró. Y procedió a leer las normas de la votación.

Wagensberg, que sí podía hacerlo, delegó el voto en Marta Vilalta: cuando huyó a Suiza de la Justicia, que lo acusa en el caso Tsunami, alegó una baja médica.

Sin embargo, Puigdemont y Puig simplemente se acogieron al artículo 95 del Reglamento para ceder su voto a Albert Batet, portavoz de Junts en la anterior legislatura.

"La mesa ha decidido aceptarlo, con el voto en contra de la miembro de esta mesa de edad, Julia Calvet [Vox], y así se hace constar".

Ninguno de los dos prófugos tenían justificación legal, según las normas vigentes, para hacerlo, pero el independentismo había pactado aceptar esta treta alegando que la sentencia del TC, del miércoles pasado, no decía nada de la delegación de voto, solamente negaba el ejercicio de este derecho de manera telemática.

"La Justicia no puede vulnerar derechos fundamentales", argumenta un alto cargo del partido de derecha separatista, ante la primera desobediencia del nuevo Parlament surgido del 12-M y a pesar de que esta es la primera vez en que el nacionalismo no cuenta con mayoría desde 1980 en la Cámara autonómica.

Las secretarías de la Mesa de edad leyeron, uno a uno, los nombres de los diputados y estos procedieron a introducir un papel en la urna, con el nombre de su opción para presidir el Parlament. Y Rull ocupó su lugar, tras dos votaciones, gracias a que ERC abandona el pactismo de Junqueras y vuelve a sus viejas esencias.

En 15 días, el próximo capítulo, que promete ser el del regreso de Puigdemont. Con el órdago echado a Sánchez.