Bruselas rechaza mediar si no hay propuestas del PSOE y del PP para desbloquear el CGPJ
La vicepresidenta Jourová ha recibido peticiones tanto del PP como del Gobierno para que ejerza de árbitro en su disputa sobre el órgano de gobierno de los jueces.
13 junio, 2024 13:33La vicepresidenta de la Comisión responsable de Estado de derecho, la liberal checa Vera Jourová, ya tiene sobre la mesa las peticiones que le mandaron este miércoles el PP y el Gobierno para que asuma el papel de árbitro en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tanto el negociador popular, Esteban González Pons, como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, le han pedido que convoque una reunión urgente a tres bandas. Bolaños había propuesto hacerla este mismo viernes.
Sin embargo, Bruselas no está dispuesta a entrar de nuevo en un territorio tan pantanoso (del que ya ha salido varias veces escaldada) si no hay propuestas concretas de las partes para desbloquear un conflicto que dura ya cinco años. Jourová descarta convocar un nuevo encuentro sin contenido, que se limite únicamente al postureo.
Su antecesor, Didier Reynders, ya celebró tres reuniones tripartitas sin que se alcanzara ningún resultado. La última estaba convocada en Madrid a finales de marzo, pero nunca se llevó a cabo por desinterés de los negociadores españoles. Cuando asumió la mediación en enero, el Ejecutivo comunitario se fijó un plazo máximo de 2 meses, que ya ha expirado con creces.
"Para que una reunión sea eficaz, necesitamos discutir sobre la base de una propuesta de las dos partes. Las propuestas de anteriores reuniones no llevaron a ninguna parte, así que necesitamos una base para negociar", explican fuentes comunitarias. "Lo importante es entender que estamos dispuestos a convocar una reunión, pero debe tener algún tipo de sentido", añaden.
El problema es precisamente que el Gobierno y el PP no se han puesto de acuerdo en ninguna propuesta desde que empezó la mediación de Bruselas. El ministro de Justicia insiste en que la prioridad absoluta es la renovación del CGPJ y sólo después empezar a debatir sobre la reforma del método de elección de los vocales. Por su parte, el PP ha dejado claro que no aprobará la renovación si no va acompañada de un compromiso claro de reforma para que sean los jueces los que elijan a los jueces, tal y como pide también la Comisión.
Desde que Reynders dejó su cargo a mediados de abril y Jourová asumió su relevo, los negociadores españoles habían dejado en suspenso la mediación de Bruselas: no solicitaron ninguna nueva reunión tripartita. Ahora vuelven a la carga tras el ultimátum lanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar de forzar la renovación del CGPJ antes de fin de mes.
"Hemos recibido la petición de las dos partes para celebrar una reunión. Ahora la estamos examinando y seguimos en contacto con las dos partes", ha dicho el portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wiegand, al ser preguntado por EL ESPAÑOL. Bolaños le pidió a Jourová que la reunión se celebrara este mismo viernes. El portavoz no ha querido hablar de fechas: "Esto es todo lo que puedo decir, porque la petición es muy reciente".
El Ejecutivo comunitario también ha eludido pronunciarse sobre el ultimátum lanzado por Sánchez, que amenaza con tomar medidas unilaterales sobre el CGPJ si no hay acuerdo antes de fin de mes. "No tengo ningún comentario particular sobre las discusiones en España entre los partidos o sobre anuncios", ha señalado el portavoz.
Eso sí, Wiegand ha reiterado que la recomendación de Bruselas sobre el CGPJ "sigue vigente" y "debe ser la base para cualquier discusión".
En su último informe sobre el Estado de derecho publicado en julio de 2023, el Ejecutivo comunitario reclama textualmente "proceder a la renovación del CGPJ con carácter prioritario e, inmediatamente después de la renovación, dar inicio a un proceso para adaptar el nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas relativas a los consejos del poder judicial".
La Comisión publicará su nuevo informe sobre el Estado de derecho el próximo 3 de julio. Y en él se prevé que amoneste de nuevo a España por haber incumplido no sólo su recomendación sobre el CGPJ, sino también la que reclama reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado, desvinculando su mandato del del Gobierno.