La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en una imagen de archivo./

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en una imagen de archivo./ E.E.

Tribunales

La fiscal superior declara que García Ortiz le dijo que la nota sobre el novio de Ayuso "tiene que salir"

Lastra manifiesta ante el instructor del TSJM que fue "imperativo" difundir el comunicado en el que González Amador aprecia revelación de secretos, con el que ella no estaba de acuerdo.

13 junio, 2024 12:46

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha manifestado este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fue "imperativo" difundir el comunicado en el que la Fiscalía informaba de la denuncia interpuesta contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos fiscales, ya que así se lo indicó el fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Lastra ha comparecido como testigo ante el magistrado Francisco José Goyena, que instruye la querella promovida por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos de revelación de secretos y contra la intimidad.

La querella se dirige contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal de la sección de delitos económicos Julián Salto, autor denuncia contra la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, por presuntos delitos fiscales.

El origen del caso es una nota de prensa difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado 14 de marzo con el fin de salir al paso de "informaciones falsas" de algunos medios, según los cuales Salto había ofrecido un acuerdo de conformidad penal a González Amador y luego lo había retirado "por órdenes de arriba" con el fin de llevarle a juicio.

La realidad era que el pacto había sido ofrecido por el abogado de González Amador en un correo electrónico enviado a la Fiscalía en el que se asumía que el empresario había cometido dos delitos fiscales.

Almudena Lastra ha explicado que su oficia de prensa recibió la nota de prensa procedente del gabinete de prensa de la Fiscalía General, pero ella consideró que su difusión no era procedente, sin querer entrar en detalles sobre su discrepancia.

La nota finalmente fue enviada a los medios desde la oficina de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid -indicando que la emitía la Fiscalía Provincial- porque Álvaro García Ortiz, tanto por mensajes de Whatsapp como en una conversación telefónica en la malana del 14 de marzo, le indicó que ese comunicado "tiene que salir ya".

La causa se encamina cada vez más hacia la Sala Penal del Tribunal Supremo, ante la que está aforado el máximo responsable de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz.

El propio fiscal general, en un escrito que dirigió el pasado lunes al instructor del TSJM, reiteró -ya lo había manifestado en un acto institucional- que la nota de prensa objeto de la querella "no se hubiera distribuido entre los medios de comunicación sin mi previa autorización y sin mis instrucciones expresas y directas".

García Ortiz precisó que el pasado 13 de marzo, a la vista de noticias "falsas" de algunos medios, que difundieron que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de la presidenta madrileña, "interesé la remisión de los correos electrónicos intercambiados entre la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid y la defensa de González Amador, comunicaciones que el fiscal Salto remitió directamente a la fiscal superior de Madrid [Almudena Lastra] y a la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid [Pilar Rodríguez], quien puso aquellas a mi completa disposición".

El fiscal general, que ha pedido a Goyena la remisión del caso al Tribunal Supremo, añadió que ese comunicado, "que volvería a suscribir y ordenar para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal, se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios, así como a proporcionar información objetiva e imparcial tras la sucesión de publicaciones dispares y la difusión pública de correos electrónicos que afectaban a la honorabilidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal", explica.